sábado, 13 de abril de 2013

¿Escrache a la consejera Cortés? (por Francisco Javier Romero)


Comparto con vosotros la reflexión-indignación que he enviado al diario El Mundo y que ha publicado hoy:
¿Escrache a la Consejera Cortés?

En estos días se cumplen 15 meses de la firma del contrato de compraventa de mi vivienda de protección oficial que, de acuerdo con los requisitos de la Orden de 26 de enero de 2010 sobre desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, suscribí con mi promotora.

El citado contrato, visado por la entonces denominada Consejería de Obras Públicas y Vivienda, me reconoció la opción a diversas ayudas para la subsidiación del préstamo convenido:

- Subsidiación estatal: 100 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante un periodo de 5 años a las unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, prorrogable en las condiciones que se establecen por otros dos periodos iguales, más un incremento de 55 euros por cada 10.000 euros de préstamo durante el mismo periodo por pertenecer a un colectivo con derecho a protección preferente.

- Subsidiación autonómica: 250 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante un periodo de 5 años, prorrogable en las condiciones que se establecen por un periodo de igual duración.

- Subvenciones autonómicas: “una ayuda de 1.200 euros a las y los jóvenes para hacer frente a los gastos inherentes a la adquisición de la vivienda” y otra “ayuda de 5.000 euros a las unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, cuando la vivienda adquirida [como es el caso] esté ubicada en un municipio de precio máximo superior”.

Pues bien, desde el primer vencimiento el Estado viene cumpliendo escrupulosamente su compromiso, abonando la ayuda convenida a la entidad prestadora hipotecaria. Contrariamente, la Consejería de Fomento y Vivienda, mientras flirtea con el populismo, ha desatendido desde el inicio sus obligaciones.

Al día de hoy la Consejería mantiene una deuda conmigo de ocho mil euros por todos los conceptos. La situación -mi caso es el de miles de ciudadanos andaluces- en muchos casos deviene insostenible. La especial vulnerabilidad de nuestro colectivo (jóvenes con primeros empleos en una región con el 53% de desempleo en nuestra franja) acentúa negativamente nuestro día a día.

Mientras cumplimos no sólo nuestra parte del pacto sino la que corresponde a doña Elena Cortés, ésta se entretiene en medidas legislativas que parecen invitarnos a la insumisión. Sin duda, atender a la “provocación” nos redundaría un provechoso ahorro, eso sí a costa del común.

Pero no: mientras podamos seguiremos observando nuestra responsabilidad, aunque llegado el caso habrían de valorarse los beneficios que nos reportaría recurrir a los “escraches”, tan del gusto de la Consejera, en un último intento de exigirle lo que nos pertenece.

Fdo.: Francisco Javier Romero Fernández.


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