miércoles, 23 de septiembre de 2015

Deuda viva, ilegítima y poliédrica



23/09/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


Con el sonido de fondo de los cantos de sirena contra la “deuda ilegítima”, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público recientemente el estado de la “deuda viva” de las entidades locales al último día del pasado ejercicio. El concepto hace referencia exclusivamente a la deuda bancaria y financiera sin incluir las deudas comerciales o con proveedores que, en no pocas ocasiones, superan con mucho a las que hoy analizamos parcial y sumariamente.

La primera cifra que resalta son los casi 38.400 millones de euros que deben los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, Entidades Locales Menores y Mancomunidades españoles a las entidades financieras.

Entrando al detalle, las “trampas” de las entidades locales andaluzas suponen el 17,5 % del total, estimándoseles una deuda de 6.700 millones. A la cabeza, en términos absolutos, está la provincia de Cádiz que asume el 26 % del total de la deuda andaluza (1.737 millones de euros), siendo Córdoba la menos endeudada (432 millones), lo que supone el 6,5 % del débito andaluz.

A nivel nacional, junto a Andalucía, lideran tan indecoroso ranking la pella en forma de 8.250 millones de las entidades locales de la Comunidad de Madrid (21,5 % del total), de los que 6.000 millones corresponden a la capital del Estado, sin despreciar los 5.070 que adeudan las catalanas (13,2 %).

Centrándonos en Andalucía, la deuda provincial es liderada por cada uno de los ayuntamientos de las capitales con excepción de Cádiz donde la dita de Jerez de la Frontera (532 millones) se alza como líder indiscutible, resultando ser un 150 % superior a la de la Tacita de Plata.

Pero no nos rasguemos las vestiduras: en lo referente a Diputaciones, Consejos y Cabildos (6.300 millones), aparece la Diputación Foral de Vizcaya como la más morosa, sobre la que recae más de un tercio del total nacional de la deuda. Las Diputaciones andaluzas adeudan 890 millones con -otra vez- Cádiz a la cabeza (206 millones) y Sevilla como la más modosita (70 millones), pese a lo que se dirá más adelante. A destacar la ausencia total de deuda de la Diputación Provincial de La Coruña y del Consejo Insular de Formentera, a la que se suman, inmaculadas, otras 3.421 entidades locales, lo que evidencia que se pueden gestionar los recursos públicos racionalmente, si bien no faltará quien les tache como los tontos de la película.

Los 355 millones de deuda de las Entidades Locales Menores y de las Mancomunidades tienen su origen principalmente en  dos corporaciones catalanas (Área Metropolitana de Barcelona y CM Barcelonés, con 138 millones entrambas) que asumen casi el 40 % del total, sin obviar que, en Andalucía, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar genera el endeudamiento del 10 % del total nacional, y sin echar tampoco en saco roto los 14 y los 12 millones, respectivamente, que adeudan la malagueña mancomunidad de la Costa del Sol Occidental y la sevillana de Servicios La Vega.

La evolución, a grandes rasgos, deja entrever que de los 8.118 municipios españoles son 4.695 los que mantienen deuda viva (58 % del conjunto), 365 menos que en 2012, mejora que resulta a todas luces insuficiente, más aún cuando la reducción de la deuda en el citado trienio ha supuesto 4.050 millones, es decir menos de un diez por ciento de la del punto de partida.

Lo más oprobioso es que la limitada disminución del endeudamiento -u holgada, según persisten en apreciar los manirrotos de turno- ha venido de la mano del recorte de servicios esenciales a la comunidad, ya que el capítulo de personal ha permanecido inalterado e, incluso, ha aumentado -¿ilegítimamente?-.

Como ejemplo de última ocurrencia, los 2.400 euros del viaje de ida y vuelta mensual en clase turista Chicago-Sevilla, suponiendo -lo que ya es mucho- que el traslado desde el aeropuerto de San Pablo a Castilleja de la Cuesta corriera por cuenta de Joan Marín,  supondrían para los 17.500 ciudadanos del ayuntamiento del Aljarafe sevillano un incremento del 3,5 % sobre su actual y, por cierto, no exorbitante deuda de 874.000 euros.

Se precisarían 16 años a este ritmo, con la “hente” indispuesta tras las barricadas, para dejar la deuda viva a cero, algo a lo que, por otra parte, no se muestran muy proclives los políticos al uso que, contrariamente, tirando del socorrido y vacuo concepto de “deuda ilegítima”, contribuyen a engordarla, según se desprende de noticias y declaraciones de los últimos días:

El presidente de la Diputación de Sevilla ha aprovechado el inhábil agosto para incrementar hasta 20 el número de nóminas de alcaldes y ex alcaldes socialistas en el cementerio de elefantes de la “Puerta de la Carne”, “fichando”, con 41.000 euros de recompensa al imputado y ex primer edil de Los Palacios y Villafranca y al actual alcalde de Guillena, a los que ha sumado dos secretarias asignadas al grupo del PSOE y otra asesora, sin duda “imprescindible”. Las recientes “adquisiciones” se unen a las 18 que incorporó como “personal de confianza” desde su reelección en junio hasta las vacaciones estivales, política nada nueva en la casa de la provincia donde es costumbre inveterada la colocación digital de alcaldes y concejales socialistas relegados a la oposición por sus vecinos. La respuesta, por las críticas recibidas, de la secretaria general del PSOE sevillano no tiene desperdicio: “¿Quién (sic) mejor que los alcaldes de la provincia para asesorar a la Diputación?”.
Otro tanto, cambiando de administración, podemos decir del Gobierno andaluz que ha tenido la ocurrencia de anunciar por boca de su portavoz que el proceso al que “le obliga” Ciudadanos para reducir el 10 por ciento de altos cargos en los entes instrumentales de la Junta es «más complejo» que el de la administración general donde ya está avanzado porque «obliga en algunos casos a cambiar los estatutos» y porque se trata de un procedimiento «más poliédrico». ¡Toma del frasco, Carrasco, que diga toma del frasco, Joan! ¡Y tú con esos pelos!
Las palabras finales del portavoz acaban retratándole y retratando los tentáculos del Régimen: “más del 80 por ciento del personal de los entes instrumentales está dedicado a los servicios públicos de primera necesidad”. Más aún cuando considera “como «plazo razonable» para concluir el proceso, el final de la legislatura” y al afirmar, además, que “hay que analizar cuáles son los entes instrumentales, de qué personal disponen, cuál es necesario y de cuál se puede prescindir, ya que no es un proceso fácil porque afecta a personas”.
Al menos no se le puede tachar de oscurantista, de trolero ni de cuentista. Lo dice bien clarito: desconocen el número de entes, de qué personal disponen, si son necesarios o no y, en su caso, si son prescindibles; pero, sobretodo, que es un proceso que atañe a personas y, lo que es más importante, a “su” poliédrico prójimo, ese que a buen seguro jamás generará una “deuda ilegítima”.

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