“Pasar
de puntillas sobre una noticia es disculpable, tergiversarla es sectarismo,
retuitearla o compartirla fanáticamente sin comprobar su autenticidad, u
obviando sus fundamentos, resulta subversivo”
Si algo bueno tienen las redes sociales es que, igual que
Zapatero se hizo experto en Economía en dos tardes de la mano de su amigo Jordi
Sevilla, el resto de mortales -¡mea culpa!- le echamos la pata al leonés
de Valladolid y somos capaces de hacer la carrera y el master en esa disciplina
y en cualquier otra en dos segundos, justo el tiempo que tardamos en leer el
titular de la “noticia” que nos brinda el amigo de turno. El tiempo se eterniza hasta los dos minutos si ya
osamos “pincharla”, ver el contenido y, encima, “llegar a entenderlo”.
Opinamos en 140 caracteres, por ejemplo, de la energía solar y
del impuesto al sol con la misma soltura-desfachatez que del rescate de las
autopistas. Eso sí -¡ni puñetera falta que nos hace!- nadie ojea siquiera los
preámbulos de las directivas, leyes, decretos y órdenes que lo regulan ni los
fallos de las sentencias que nos obligan.
¿Quién no ha leído y ha dado por bueno que el mangante gobierno de España pretende, no
solo que los autoconsumidores de energía solar -los que han instalado su placa
en la azotea- estén obligados a pagar los peajes de transporte y distribución
de la energía eléctrica y contribuyan a sufragar los costes, sino que incluso
se han
detenido a los primeros testarudos que se resisten a ello? ¿Quién con algo
de vida social en Instagram desconoce
a estas alturas que el Estado, por culpa del mismo ratero gobierno, se tendrá que hacer cargo de las autopistas de
peaje en quiebra, lo que podría suponer un desembolso de entre 4.000 y 5.000
millones de euros?
Los indignados de
Facebook debiéramos saber que lo aprobado por el RD 900/2015 podría
tacharse desde el punto de vista liberal, y tiempo habrá de reprochárselo a sus
autores llegado el caso, como algo funesto (por lo que supondrían, llegado el caso,
los que podríamos denominar derechos
solares de autor, como ya ocurre por la compra de CD y DVD vírgenes que hoy
sí pagamos gozosamente sin rechistar
“no vaya a ser que grabemos una canción”), pero nunca catalogarse de impuesto
al sol ya que las placas solares que no estén conectadas a la red eléctrica
seguirán haciendo disfrutar a su propietario de la energía generada de gañote. Se trata, pues, de un
impuesto por acceso a la red del sistema eléctrico sobre el que -hay que
recordar- recaen dos costes fijos: el de la generación de la electricidad y el
de su transporte y distribución, cuantías que, por supuesto, hemos de seguir
soportando entre todos, incluidos los que se acogen al autoconsumo.
Queda claro que quien no precise enchufarse al sistema se lo
ahorra y no paga ni un céntimo, pero quien le dé a la palanquita hacia
arriba -y, en general, todos- debemos partir de una realidad física irrebatible
por mucho que nos opongamos en las calles: la electricidad no es almacenable y
en épocas en las que las puñeteras
nubes entorpecen la lluvia gratuita de fotones sencillamente no hay
electricidad fotovoltaica, único motivo por el que a muy pocos autoconsumidores
les interesa desenchufarse totalmente. Ese potencial acceso a la red es el que
grava el real decreto. Un escándalo que no tiene similar respuesta
cuando se sigue sin acometer el principal reto que no es otro que reducir esos
costes fijos a través de quitas a las primas de las renovables, un cascabel
difícil de encasquetar a un gato sediento de subvenciones. Si esa necesidad no
se acomete pronto, los consumidores nos reiremos por no llorar del impuesto
al sol en las futuras facturas.
Cosa parecida ocurre con la nacionalización
de las autopistas de peaje en quiebra que vuelve a ser noticia: El consorcio Abertis,
ACS, Bankia y Sacyr, entre el ruido de
Twitter, reclama al Estado lo estipulado en la cláusula de responsabilidad
patrimonial de la administración existente en todo contrato de concesión, en
este caso entre cuatro y cinco mil millones de euros por la inversión no
recuperada de las concesionarias, un “ajuste” similar al que reclama Bruselas
en nuestras cuentas para 2017. En definitiva, otra consecuencia del boom
económico, del “dinero no es de nadie”, de la etapa de despilfarro, de
contratos administrativos forzando o ignorando el texto refundido de la ley que
los regula.
La locución latina pacta sunt servanda (“los contratos son para cumplirlos” o “lo
pactado obliga”) debe ser puesta en práctica a la misma velocidad que se
abre una investigación de tales concesiones y se dirimen las correspondientes
responsabilidades. Y ya puestos (con esto no contaban los más feroces críticos
de la medida) podría empezarse por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento allá
por 2006, la misma que negligentemente no tuvo en cuenta la advertencia que le
hizo el Consejo de Estado sobre la inclusión de una peligrosa cláusula
de compensación que implicaba, si caía el tráfico en la autopista de peaje AP-7
como finalmente ocurrió, “la desaparición del riesgo” para la empresa concesionaria
y su asunción por el Estado. Maleni,
ni corta ni perezosa, firmó el convenio y lo llevó al Consejo de Ministros un 7
de abril con las consecuencias que ahora se derivan tras la reciente sentencia
favorable a Abertis del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: 1.500 millones
de euros por el capricho de Lady Aviaco.
Pasar de puntillas sobre una noticia es disculpable,
tergiversarla es sectarismo, retuitearla o compartirla fanáticamente sin
comprobar su autenticidad, u obviando sus fundamentos, resulta subversivo.
P.S.- Resulta cuando menos curioso que nos
posicionemos en contra del mal llamado “impuesto al sol” quienes, por su alto
coste, ni tenemos capacidad de autoconsumo, ni soñamos con la posibilidad de
generar nuestra propia electricidad; quienes, encima, desconocemos que, con
nuestra rechazo, la factura de la luz nos llegará todavía más inflada.
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