Que los jueces se metan en
política, que se empapen bien de toda la inmundicia que acumulan las letrinas
de las zonas nobles del poder y que,
convenientemente despechados, con las entrañas renegrías y los pendrives
llenos de información sensible,
vuelvan a revestirse de puñetas
“Desde Garzón todo está
inventado: venganza disfrazada de justicia”
El pasado viernes,
el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, mediante
un auto que “en exclusiva” ha publicado hasta la desaparecida Hoja del Lunes y del que, dicen, se ha
hecho eco Radio Taxi, envió a prisión
al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, tras haber sido
detenido por la Guardia Civil en una operación que investiga su gestión en la
empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”.
Hasta un total de
12 personas fueron detenidas. Además de otras investigaciones en marcha sobre
operaciones para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio, se
les imputan presuntos delitos de
prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude,
falsificación documental y corrupción en los negocios. Para hacer más
inmarcesible el oprobio, se habla incluso de comisiones chavistas.
¿Presuntos? ¿Puede
un juez imaginarse todo esto? ¿Puede la Guardia Civil inventarse semejantes
despropósitos? ¿Prevarican o realmente existen indicios tan flagrantes?
Dice -o quizá
decía, ya no lo sé- el artículo 103 de nuestra Constitución que “la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Nada más lejos
de la letra y de su propio espíritu el resultado obtenido tras la consentida
fuga del Derecho Administrativo y el desembarco de la gestión administrativa en
la empresa pública, impune y acertadamente denominada administración paralela
por estos lares.
Es el caso de la
empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”. ¿Qué intereses tiene y a cuento
de qué compra una empresa brasileña denominada Emissao? ¿Por qué y para qué adquiere
la sociedad que gestiona el agua en la localidad colombiana de Barranquilla? No
busquen respuesta, no puede haberla: solo el burdo afán de lucro de chorizos
sin escrúpulos que, además, mastuerzos de nacimiento, se creen infalibles a la
hora de hacer la trampa hecha previamente la ley.
Dicen que
rectificar es de sabios. Nunca lo he creído, más parece cosa de imbéciles y en
esas andamos… Tan es así que hoy impugno la crítica a la politización de la justicia que realicé hace solo tres semanas (La
toga y la mujer del César) en estas mismas páginas. Observo ahora como la
mejor de las soluciones en la lucha contra la corrupción lo contrario: que los
jueces se metan en política, que se empapen bien de toda la inmundicia que
acumulan las letrinas de las zonas nobles
del poder y que, convenientemente despechados, con las entrañas renegrías y los pendrives llenos de información sensible,
vuelvan a revestirse de puñetas.
Emulando a Pablo de
Tarso, descabalgados en el camino de la Justicia, que no de Damasco, puede que
hayamos encontrado la solución. Eso es: la esperanza ha de estar ahora en los
jueces que usaron las puertas giratorias, los que, de forma parecida a esos
mansos que salen toreados de toriles, se orientan con extrema rapidez y son
capaces de empitonar “to lo que se menea”. Nada nuevo. Desde Garzón todo está
inventado: venganza disfrazada de justicia.
En una entrevista light,
casi de beso de tornillo, sin alusión alguna ni al denostado Montesquieu, ni a
la separación de poderes, ni a la diaria vulneración de los secretos
sumariales, el juez Velasco, que en las últimas horas apunta también hacia su
exjefe Zaplana, respondía el pasado domingo en el diario El Mundo, abusando de
soflamas populistas y anticapitalistas, a cuatro cuestiones sin chicha ni limoná. A la pregunta con
mayor trascendencia desde el punto de vista de las incestuosas relaciones de
poder, que es el principal problema en el que se asienta la corrupción
(¿volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?), la
respuesta del magistrado no tiene desperdicio: “¿Para qué? Además, en Valencia lo
que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales
y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché,
los 300 juzgados usaban ordenadores”.
Curioso:
precisamente la misma labor que el juez Pedro Izquierdo ha realizado al frente
de la Justicia en la Junta de Andalucía justo antes de endilgársele la
responsabilidad de dirimir el horizonte penal de Chaves y Griñán. ¿He dicho
Pedro?
“¡Pedroooooooo!”, vociferamos por aquí
-dejando en paños menores a la mismísima Penélope- los que hasta ayer, haciendo
un flaco favor a la lucha contra la corrupción, pedíamos, imprudentes, su
abstención en la causa.
P.S.-
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