“Igual que hace dos mil años,
según Plutarco, no era suficiente con verificar la honestidad de la mujer del
César sin que, además, la aparentara, la imparcialidad a la hora de hacer
Justicia no basta con ser sino que debe parecerla”
Es costumbre casi
inveterada contemplar las mudanzas, puerta giratoria mediante, de
“cualificados” representantes de los poderes del Estado danzando de uno en
otro, o brincando con alborozo del ejecutivo a las multinacionales del sector
energético o bancario.
Desde que los
inaugurara la ahora estrellada y entonces relumbrante estrella judicial
apellidada Garzón hasta que, de momento, la culminara antier Eloy Velasco,
parecidos comportamientos en este deambular se han patentizado en los
constantes trasiegos, cruzando las anchas alamedas del legislativo, desde la
acera del poder judicial a la del ejecutivo, billete de vuelta incluido.
Con ser todas ellas
prácticas deleznables desde el punto de vista democrático, y a erradicar por
tanto, hoy centro el tiro de la honradez en esos jueces que posiblemente no
hayan perdido lo más preciado de su condición, la imparcialidad, pero sobre los
que, quiérase o no, se decanta una mácula de sospechas bien por ser quiénes son
o han sido, bien por hacer lo que hacen; en todo caso, por haber traspasado
aparentemente la delgada línea de la independencia, de la neutralidad y, por
tanto, de la ecuanimidad, poniéndose al servicio de una parte del espectro
político o, simplemente pero igual de invalidante, por incurrir en
comportamientos rutinarios que les inhabilitan para el sagrado derecho de
impartir Justicia.
Nos remontamos a
hace cuatro años, cuando en plena recta final de la instrucción judicial del
caso Nóos, el juez José Castro fue sorprendido en una terraza de Palma tomando
un gin-tonic con la abogada de la acusación popular del proceso Virginia López
Negrete, instrucción que la Audiencia Provincial mallorquina, en primera
instancia, ha dejado en agua de borrajas.
El hecho de que un
juez, cuyos autos contemplaban continuos llamamientos a la ejemplaridad,
compartiera un momento de ocio con la acusación popular despertó
susceptibilidades, lo mismo que ha ocurrido ahora con Julián Pérez-Templado -el
juez ante el que ha declarado como imputado por el “caso Auditorio” el ayer
dimitido presidente de Murcia- quien, de forma parecida, fue fotografiado
tomando unas cervezas con un ex concejal del PP murciano. Por si no fuera
suficiente, Pedro Antonio Sánchez, hace un par de días, sumó a su larga lista
de imputaciones (tantas como de archivos) otra, esta vez de la mano del ex
Director General de Justicia de la Generalidad Valenciana en los tiempos peperos
y hoy juez de la Audiencia Nacional.
Sin veladores de
por medio, igual de aberrante resulta que presida el juicio contra los ex
presidentes andaluces Chaves y Griñán -y otros 24 ex altos cargos en la
conocida como pieza “política” de los ERE- Pedro Izquierdo, Secretario General
de Justicia de la Junta de Andalucía en las etapas de ambos y en la actual
abanderada por estapresidenta.
Las causas de
abstención de los jueces están reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial:
“haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya
podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en
detrimento de la debida imparcialidad”, “amistad íntima o enemistad manifiesta
con cualquiera de las partes” o “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo
o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o
indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con
el mismo”.
Desde fuera parece
claro que en ninguno de los cuatro asuntos señalados se dan -o se dieron- las
causas descritas, lo que no debiera ser óbice para que, conocidas las
relaciones cuasi profesionales y/o las aparentes ligazones de armonía o
disonancia que se derivan de sus procederes, los magistrados hubieran dado el
paso atrás. Al igual que Castro, ya sin remedio, ni Pérez-Templado, ni
Izquierdo, ni Velasco parecen dispuestos a apartarse de los encargos
encomendados; todo lo contrario: han confirmado su continuidad pese a las
recusaciones en marcha basándose en fundamentos seguramente ciertos y
legítimos.
Sin embargo, igual
que hace dos mil años, según Plutarco, no era suficiente con verificar la
honestidad de la mujer del César sin que, además, la aparentara, la
imparcialidad a la hora de hacer Justicia no basta con ser sino que debe parecerla:
tomar una cerveza con un correligionario, aunque sea remoto, de una de las
partes, o haber servido en primera línea los designios políticos de los
justiciables, son motivos invalidantes no solo en pos del bien común en forma
de correcta administración de la Justicia, sino también en amparo de los
propios protagonistas sobre los que caerá el marrón de la sospecha sea
cual sea el fallo que reflejen en su decisión final.
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