Una cifra oculta: 150.354

28/04/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“Imaginemos por un instante a un gobierno del PP, apoyado por VOX, haciendo pública o, mejor, encubriendo una cifra como ésta. ¿Cuántos al día de hoy habrían sido linchados en las calles?”

 
Entre las decenas de definiciones para el término numerología, quedémonos, por aquello de estar a la última, con la que ofrece la inteligencia artificial (IA): “Es una práctica que busca relacionar los números con las vibraciones de los seres vivos y el universo. Se basa en la idea de que cada número tiene una energía única y un significado que puede influir en las personas y objetos”. Quedan así superadas las dos acepciones de la RAE: 1. Práctica supuestamente adivinatoria a través de los números. 2. Estudio del significado oculto de los números.

Es costumbre imperecedera de la izquierda española poner números a las tragedias en la búsqueda desesperada y cuasi criminal de encontrar -necesaria y forzadamente- responsables de las mismas, con el sublime afán -¡nada de desvelar la verdad!- de deslegitimar al gobierno antagonista de turno.

Sin cifras por entonces que llevarse a la boca, la opereta se ensayó en noviembre 2002, a raíz de la decisión del gobierno de Aznar de alejar de la costa al Prestige, un petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel que se había dañado durante una tormenta días antes frente a las costas de Portugal. En la retirada mar adentro el casco acabó por romperse, resultando contaminadas las costas españolas, especialmente las gallegas. La decisión contraria consistía en remolcar al petrolero a puerto y “rezar rosarios en bucle” para que el buque resistiera. De todas formas, ¿tenemos claro que, hicieran lo que hicieran, la idea era que el tigre devorara al ejecutivo?

El guarismo 62 estrenó el teatrillo (2003), convirtiendo en ópera bufa lo que fue un drama para España y para su ejército con el accidente en suelo turco del Yak 42 que traía de vuelta a casa a sesenta y dos militares, tras cuatro meses y medio de misión internacional en Afganistán y Kirguistán. Los doce tripulantes ucranianos y el ciudadano bielorruso que igualmente fallecieron en el accidente, haciendo un total de 75, no suman en esta ocasión; seguramente algo tendrá que ver que no provinieran de nuestra añorada Moscú. Sí, Aznar seguía siendo presidente del gobierno.

Con el 193 agasajaron el mayor atentado terrorista en suelo europeo (2004), que dio comienzo a la era “todo vale para perpetuarnos” que inauguró el inefable Zapatero y que va a rematar exitosamente Sánchez. Rajoy era candidato en unas elecciones que se celebrarían tres días después con todas las encuestas a su favor y Aznar presidente del gobierno en retirada.

El 43 fue enarbolado para sacar provecho político de otro accidente, el del metro de Valencia (2006) cuando gobernaba la Generalidad -no titubeen- el Partido Popular. Exactamente, ése fue el número de fallecidos.

Siete años después (2013), otro accidente ferroviario sirvió para ondear nuevas cifras: 80 personas murieron en el accidente de un tren Alvia en las cercanías de Santiago de Compostela. Rajoy presidía por entonces un consejo de ministros que no fue, precisamente, el que licitó las obras del AVE-Light a Galicia, ¿verdad, ZP, verdad, Pepiño Blanco?

Más recientemente (2020), incluso haciendo uso de merchandising en camisetas y objetos de recuerdo, el 7.291 sirvió y continúa valiendo a esta trupe canallesca para acusar de asesinato múltiple a la presidenta popular de la Comunidad de Madrid por lo que, pomposamente, han apodado “protocolo de la muerte” en las residencias de mayores, con ocasión de la pandemia producida por el COVID-19.

En diciembre de 2023, frente a las costas portuguesas de Viana do Castelo, un carguero liberiano perdió varios contenedores, entre ellos, uno que contenía 26 toneladas de pellets que, al albur de las corrientes marinas, trasladaron una ínfima parte a las costas de Galicia y del Mar Cantábrico. En esta ocasión no se hizo uso de la numerología, si bien pudieran haber considerado el “1” a raíz de la imagen de la vicepresidenta -podemita, por entonces- depositando en un colador lo que se supone una partícula de microplástico y que no sirvió para sonrojar un ápice ni a ella ni a sus partidarios.

El 224 -nunca digas el último- es el antepenúltimo guarismo usado por la misma banda de sotas (y sotos) para responsabilizar criminalmente al presidente de la Generalidad Valenciana tras las inundaciones del pasado 29 de octubre provocada principalmente por la riada del Barranco del Poyo, sobre la que, hasta la fecha, se persigue penalmente a ex miembros del gobierno autonómico mientras se corre un tupido velo sobre las responsabilidades del ministro del interior y de la delegada del gobierno, obligados por la ley a una actuación urgente que prefirieron obviar.

Este rosario de antecedentes da pié a preguntarse cuántas, finalmente, habrían sido las víctimas que el Covid-19 sembró sobre la nación y que, naturalmente, incluirían los siete millares largos de mártires de Ayuso. Comencemos por el final: ¡Nadie lo sabe!, tampoco la gente que se aprende de memoria los números anteriores pero son incapaces de dar una cifra para los muertos por la terrible pandemia.

El Covid-19, sí, esa calamidad pública que será recordada por “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” [sic], en palabras del lúgubre Coordinador de Emergencias de Sanidad, seguida de la celebración en masa de un 8M infame a la que el gobierno en pleno invitó, incluidos los llamamientos de la vicepresidenta Carmen Calvo: “hay que ir porque nos va la vida”. Todo ello justo seis días antes de declarar el estado de alarma en consejo de ministros con la contagiada presencia de esta última, horas antes de debatirse, efectivamente, entre la vida y la muerte… en la Clínica Ruber. Lo de la sanidad pública… para la plebe.

En la búsqueda de tan ingrata información, televisiones, medios escritos, publicaciones más o menos serias, coincidían en algo: ninguno ofrecía un resultado análogo, siquiera parecido.

Qué mejor entonces que ir a la fuente de datos, al INE, organismo cuya sitio web la única información que sigue ofreciendo al día de hoy es el de fallecimientos entre los meses de enero y mayo de 2020: sobre un total de 231.014 difuntos en España durante esos cinco meses, murieron por la infección 32.652 y otros 13.032 como sospechosos de ella, es decir casi el 20%.

Ya a finales de 2021, el INE publicó un informe en el que detallaba las defunciones según la causa de muerte correspondiente a 2020: con el Covid-19 diagnosticado 60.358 personas más otras 14.481 con sospecha de ello por tener síntomas compatibles con la enfermedad. En total, 74.839 muertos por coronavirus, lo que suponen 24.002 más de los notificados por el Ministerio de Sanidad durante el mismo periodo.

En 2021, según un nuevo informe publicado un año después, fallecieron 39.444 personas por esta causa. Además, los médicos certificaron 3.818 defunciones por síntomas compatibles con la enfermedad.

Para 2022 los datos publicados, mucho más exiguos, indican que fallecieron 31.559 diagnosticados, sin referencia alguna a los exitus habidos por sospecha la enfermedad.

Y ahí finaliza la serie porque desde entonces parece que ya no muere nadie por este motivo. Sumemos pues los datos anteriores: 149.660 españoles, registrados por el INE, han fallecido en España por causa del Covid-19, guarismos a los que el programa “La pandemia que paró el mundo” de La 2 y que sirvió para poner en la diana a Isabel Díaz Ayuso, sumó otros 694 que habrá obtenido seguramente de la libreta secreta de Fernando Simón. En total: 150.354 personas.

Imaginemos por un instante a un gobierno del PP, apoyado por VOX, haciendo pública o, mejor, encubriendo una cifra como ésta. ¿Cuántos al día de hoy habrían sido linchados en las calles?

No, no todos somos iguales, al menos para usar series de dígitos como puñales. No se concibe a una persona razonable enfundada en un producto de promoción comercial como el de la foto de cabecera, quizá, simplemente sea, porque, contrariamente a la opinión de la IA, los números carecen de energía y no se idearon hace aproximadamente 90 siglos para influir en las personas, ni tan siquiera para contar el número de majaderos por metro cuadrado que habita el planeta.

De profanador de tumbas a exaltador de panteones

 

16/04/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “A nadie sorprende ya que quien se ha proclamado guía espiritual de la “memoria democrática”, se muestre tan ignorante respecto de uno de los genocidas más reconocidos… ”

Se amontonan los desatinos que brotan de los felones monclovitas y, así, con ánimo de reivindicarse, durante el reciente viaje que Antonio @sanchezcastejon ha emprendido por Extremo Oriente -al tiempo que las bolsas de todo el mundo se debatían en la incertidumbre generada por Trump, alimentada por la Europa de Von der Leyen y enloquecida por la China del dictador comunista Xi Jinping- tuvo un instante en su apretada agenda para publicar en la red social X un mensaje para la posteridad que conviene no dejar en el olvido: “Este año, Vietnam celebra el 50 aniversario de su reunificación y del fin de la guerra. Durante mi visita a Hanói he expresado la cercanía del pueblo español con una ofrenda floral en el monumento a sus héroes y una visita al mausoleo del presidente Ho Chi Minh”. Y se queda tan fresco…

Al tiempo, España o, mejor dicho, el Gobierno, “conmemora”, con su presidente a la cabeza, lo que ha dado en llamar “50 años de libertad en España”. En un alarde de ignorancia absoluta de la reciente historia de nuestro país, en la web de La Moncloa todavía puede leerse: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a impulsar, a lo largo de 2025, la conmemoración de los 50 años de libertad en España, al cumplirse cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio de la Transición Española”.

A ver si se entera el zoquete: si de 1975, año de la muerte del Caudillo, a 2025, fecha de la pretendida celebración, van 50 años, resulta ser lo único en lo que ha acertado. Sabe restar, que no es poco para un doctor en Economía, eso sí, por una universidad privada… ¡Si don Camilo José levantara la cabeza! Porque, con el resto de la soflama, muestra su absoluta ignorancia: si en 1975 comenzó lo que llama libertad, debiera parecerle claro que España disfrutaba de ella en aquel tiempo porque lo único que acaeció por entonces en el plano político fue la continuidad hasta el 2 de julio de 1976 -lo era desde 1973- de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno; después, tras la interinidad de tres días del Teniente General Fernando de Santiago, el Rey designó presidente del Gobierno a Adolfo Suárez que ostentó el cargo hasta el 17 de junio de 1977, instante en el que volvió a ser ratificado por confirmación real tras las primeras elecciones libres, compromiso que revalidó hasta el 31 de marzo de 1979, fecha en el que volvió a tomar posesión, esta vez sí, tras las primeras elecciones generales constitucionales.

Tan desatinada evocación, considerando efemérides importantes, ésas sí, como las que se avecinan en 2027 o en 2028 -cincuentenarios de las primeras elecciones libres y de la promulgación de la Constitución Española, por ejemplo-, solo le viene a cuento para poner en valor su “hazaña” de hace un lustro, la de profanar la tumba del penúltimo jefe del Estado 34 años después de su inhumación.

 

Nada que ver con esa dócil y respetuosa, casi sumisa, inclinación de cabeza que el incompetente brindó, en su mausoleo, al dictador vietnamita Ho Chi Minh, gesto que no se le recuerda en ningún otro lugar, excepción hecha de las dos protagonizadas ante la señera rojigualda; la segunda, bien cierto, más comedida y ya casi repuesto de la hernia cervical que le originó la primera.

 

De las peripecias y andanzas de Franco en el plano de la represión, todos tenemos noticias, minimizadas unas por sus adeptos, hinchadas otras por la propaganda mayoritaria de sus adversarios, pero en ningún caso comparables por su magnitud e impiedad con las de su admirado Ho Chi Minh, “asesino brutal dedicado a expandir el comunismo por Asia”, en palabras del investigador independiente Paul Schmehl; o, directa e indirectamente, responsable de la desaparición de 1,7 millones de camboyanos, 2 millones de vietnamitas y posiblemente 230.000 laosianos, según las estimaciones del historiador francés Stéphane Courtois en “El libro negro del comunismo: Crímenes, terror y represión”.

A nadie sorprende ya que quien se ha proclamado guía espiritual de la “memoria democrática”, se muestre tan ignorante respecto de uno de los genocidas más reconocidos que -si bien a distancia de la medalla de oro que ostenta la República Popular de China (60 millones) y de la medalla de plata cosechada al unísono por la Unión Soviética y Alemania (20 y 17 millones)- comparte pódium en estas olimpiadas numéricas de la infamia con Camboya y Corea del Norte (2 millones) y ya lejos de sus perseguidores comunistas de Latinoamérica, de la Europa Oriental o, en el plano doméstico, de la represión en la zona republicana (100 mil).

Que un impostor, un analfabeto funcional, se comporte así solo puede entenderse si sus cientos de asesores disfrutaran de su misma clarividencia o, también pudiera ser, vinieran en comandita de esa tan denostada universidad privada…

La ocurrencia como fuente del Derecho

 

14/04/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “Resulta necesario referirse a la novedosa ‘fuente del derecho’ que ha estado a punto de surgir de la mente del inefable Conde-Pumpido y que no es otra que la ocurrencia” 

Desde su reforma de 1974 hasta hoy, en el frontispicio de nuestro Código Civil de 1889 -en el punto 1 de su artículo 1, dentro del capítulo I del título preliminar- puede leerse: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. A ellas se suman, si bien no en sentido estricto, la jurisprudencia y la doctrina.

¿Y qué se entiende por fuentes del derecho? Los actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear Derecho y que deben servirnos para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que promuevan normas.

Después de esta pequeña pero necesaria introducción, y tras las últimas artimañas pergeñadas por determinados magistrados del Tribunal Constitucional con su presidente a la cabeza, resulta necesario referirse a la novedosa ‘fuente del derecho’ que ha estado a punto de surgir de la mente del inefable Conde-Pumpido y que no es otra que la ocurrencia.

Cronológicamente: el 27 de marzo pasado, la Audiencia de Sevilla consideró en una fundamentada providencia que las valoraciones hechas en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el fraude de los ERE que ampararon a los ex altos cargos andaluces, con Griñán y Chaves a la cabeza, no eran del todo compatibles con el derecho de la Unión Europea y concedió diez días a las partes para que presentaran las alegaciones que estimasen oportunas. La primera en oponerse fue la defensa de Griñán y a renglón seguido -¡qué boda sin la tía Juana!- la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello, pese a que el único precedente, de 1964, dejaba muy clara la primacía de los Tratados de la UE sobre el ordenamiento de los estados miembros: cuando corrigió a la Corte Costituzionale italiana en una oposición planteada por la Corte de Milán que, tras el fallo de la primera, se dirigió al TJUE.

Aunque, finalmente, el pasado martes dio marcha atrás, de la misma opinión -¿quién lo dudaba?- era Cándido, que llegó a considerar que esa decisión de la Audiencia de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo era “un acto de rebeldía” ante las decisiones adoptadas por el órgano que preside, admitiendo que le preocupaba muchísimo “que se cuestionara la legitimidad de la corte de garantías desde la política y desde el Supremo”, y llegando a lamentar que “se amenazara a sus magistrados, incluso por la vía penal, por la respuesta dada al desafío” planteado por el órgano judicial afincado en el sevillano Prado de San Sebastián.

Pese al repentino cambio de opinión, es necesario que conste en acta -de cara al inminente futuro en que todos lo negarán sin rubor- que al antiguo ex fiscal general del Estado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) llegó a intranquilizarle el asunto, reconociendo que la providencia le quitaba el sueño, tanto que en plena madrugada, al modo de los tebeos de siempre, se le “encendió la bombillita” para, a continuación, raudo y veloz, acudir a consultar a los magistrados de la Sala Primera, a los que les reveló su novísima y flamante fuente del Derecho, en definitiva, su ocurrencia, la misma con la que, sin esperarlo y en desesperante insomnio había tropezado: un caso anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, ni corto ni perezoso, puso en relación con éste, con el que verdaderamente les importa, con el de los ERE.

Sin embargo, después de casi dos horas de locución del que ya mostró su disposición (“el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”) a no interferir en las negociaciones de Zapatero con ETA; pese a haber pronunciado frases tales como “no estoy dispuesto a admitir que ningún juez ponga en entredicho el resultado de sus resoluciones [las del TC]”, o que “en los 40 años que España lleva en la UE siempre se han presentando las cuestiones prejudiciales antes de dictar sentencia y nunca después de una sentencia firme”, Cándido y el bloque izquierdista recularon de improviso: tan grosera hubiera resultado la maniobra que hasta a estos asaltatrenes les pareció demasié.

Pero… ¿Y ese cambio inesperado de rumbo? ¿Qué estarán pergeñando en sus retorcidas mentes? No cantemos victoria: tras resolver el asunto en el último segundo y tirando de foto-finish, hoy, 94 años después, volverán a aclamar la llegada al Gobierno Provisional del Comité Revolucionario que tanto añoran, el mismo que, tras quebrantadas promesas, tanto sufrimiento y tormento trajo al pueblo español.

El señor Mopongo y la aprendiz de Delsy

 

31/03/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “Sigo sin imaginarme oír de boca del gallego aquello de ‘mopongo’”

 

Tendría su gracia si la artista fuera graciosa en lugar de graciosilla y si, alamismavé y obviando las habituales, extravagantes y zafias muecas desde su escaño, no destacara como la ministra “sobresaliente cum laude” que más patadas por minuto viene dando al Diccionario de la Lengua Española, lo que ya es meritorio teniendo tan cerca a Yolanda y Pilar.

Todo apunta (ya lo contó hace dos años y medio) que el recurrente chiste puesto en escena de nuevo ayer en Málaga, en el enésimo acto de los socialistas en pos de dar lustre al chiringuito andaluz en el que se refocilaron durante cuatro décadas, no fue sino una tosca y torpe expresión de la protagonista que un avispado asesor monclovita -del más de medio millar a su servicio- supo cosechar para solaz de los propios, eso sí cambiando de comediantes. Así, lo que sin duda alguna vez soltó Marixu por esa boquita, se lo endiñan ahora a Feijóo y asunto arreglado.

Sin embargo, justo es reconocerlo, algo ha aprendido, pues en aquel septiembre de 2022, cuando se refirió por primera vez al líder popular como “el señor Mopongo”, incurrió en un desliz xenófobo de los que solo se le perdonan a la progresía: “Feijóo es el señor ‘Mopongo’, y no es que venga de África, es que es ‘ponga usted una propuesta’, que yo mopongo. Da igual lo que usted diga, yo, mopongo” (disculpen el embrollo, es textual). No, ni La 1, ni Cuatro, ni La Sexta, solo algunos aguerridos de las redes sociales reprocharon a la ministra por esa expresión que tan profunda carga de racismo encierra.

Ya es curioso que tache a los demás de hacer obstruccionismo siendo como es la primera novicia de quien se placía ante Rajoy con aquel terminante “no es no, ¿qué parte del ‘no’, no ha entendido?”.

A los que continúan incidiendo en la existencia de un lengua andaluza, conviene recordarles gratuitamente -de gañote, o de pescuezo, decimos aquí- que es lenguaje la capacidad del ser humano para comunicarse mediante signos; es lengua el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos en un determinado grupo; y, finalmente, es habla la manifestación oral de esta última.

Y no, no es inculta el habla andaluza, todo lo contrario, incluso en la garganta de Marixu. Cosa distinta son sus célebres incongruencias, que no chascarrillos, que ni ella misma entiende, tampoco la Yoli, baste mirar la cara que puso en la última de las ocasiones que a continuación se recuerdan:

“Chiqui, mil millones no son nada”…

“Este Gobierno ha solicitado entrono al billón o billón y medio de euros”…

“Los abuelos no quieren las pensiones para ellos”…

“Lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice el acuerdo no lo dice”…

“No es que Hacienda vaya a recaudar más, de lo que se trata es de que no recaude menos” (sic).

 

Pero la locuacidad de la vicepresidenta primera no siempre da por unas compasivas risotadas y no ha desaprovechado el fin de semana en Jaén para corroborarlo, donde se permitió arremeter contra la justicia y en particular contra los cuatro magistrados del TSJ de Cataluña, tres de ellos mujeres, que el día anterior revocaron por unanimidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso Dani Alves, al que condenó a cuatro años y medio de prisión como responsable de un -otra vez presunto- delito de agresión sexual a una joven de 23 años en los lavabos de un reservado de la barcelonesa discoteca Sutton.

En este caso, ya desbarrando, su facundia deviene logorrea: “¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!”.

Esta señora, pese a todo, es hoy vicepresidenta del Gobierno de España, aunque su referencia sigue siendo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Según el Índice del Estado de Derecho de World Justice Project, de un total de 142 países, la república bolivariana ocupa el primer lugar -por la cola- en lo que al cumplimiento de leyes respecta. España está en el puesto 25, pero con una Marixu absolutamente dispuesta a acortar las distancias.

Aún después de esto y volviendo al principio: sigo sin imaginarme oír de boca del gallego aquello de ‘mopongo’.

El Barranco del Poyo ¡Que cada palo aguante su vela!

 

06/03/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando?”

Los recientes aguaceros, generalizados en España, pero de nuevo muy acentuados en la zona levantina, nos hacen retroceder justo tres meses cuando me referí aquí a la operación, que por entonces comenzaba, de acoso, derribo y crucifixión de Carlos Mazón y que, llevada a cabo por la manada izquierdista, se veía venir de lejos ante la inoperancia de un gobierno autonómico en absoluto dispuesto a explicar que las efectivas carencias de su gestión fueron siempre de la mano y en paralelo de un comportamiento perverso de quienes tenían la información y dejaron de distribuirla durante dos horas y media en el momento más crítico de los efectos de la tormenta; y de los que, según la ley, poseyendo idénticas potestades a las del presidente valenciano, no movieron un dedo para tratar de cambiar el curso de los acontecimientos que condujeron al desastre.

Es, decir, un trimestre después, el PP se sigue dejando comer la tostá de la responsabilidad y no reclama siquiera la mitad del tentempié a un gobierno central corrupto hasta el tuétano y perennemente jaleado por sus alborozadas milicias… un desayuno enfangado que, si nunca se volverá apetitoso por la magnitud de la tragedia, pudiera servir de aperitivo político cuando no hay mejor bocado que llevarse a la boca.

Decía entonces y confirmo ahora que no seré yo quien le quite responsabilidad a la administración valenciana como parece que los dirigentes populares pretenden ahora y pocas son las concentraciones -ya multitudinarias, aprovechando los sábados falleros, con la suma de acreditadas excrecencias del zurderío patrio desembarcando en la Plaza del Ayuntamiento, antes del Caudillo, mediante bus de gañote y bocadillo de chope a punto de caducar- para pedir la marcha de su máximo dirigente. Pero, pregunto, ¿no existen más transgresores, en Mazón confluyen todas las culpabilidades?

Repasemos de nuevo una de las leyes de obligado cumplimiento para un asunto como aquél:

Partimos de dar por aceptada la imposible aplicación de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, especialmente su artículo 10.5 que hace recaer en el Consejo de Gobierno la solicitud al Ministro del Interior de la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional. Obsérvese -¡hay que hacer ruido, Iñaki!- que se continúa hablando de dejación de funciones -lo que está muy bien y, además es cierto- sin pararse siquiera un momento a repensar que, en virtud de la ley, tendría que reunirse previamente al Consejo de Gobierno para hacer la correspondiente petición al ministerio de Marlasca. Y necesariamente surge la pregunta: ¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando? Lo dicho, una ley, esta 13/2010, estridente como tantas otras pero que demuestra la imposibilidad de llevar a la práctica, en los momentos cúlmenes para los que se diseñó, lo que de de manera tan rimbombante como fatua se puso en el papel desde el sosiego y el desconocimiento de los despachos de los legisladores.

Pero no es la única -¡será por leyes en España!-: otras disposiciones iguales o de superior rango reclaman la atención de otras instancias en las que hasta ahora nadie, ni el mismo PP, ha puesto la proa, en un alarde de lealtad “porque no todos somos iguales”:

Y es que el artículo 2.a de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece así de clarito que el Gobierno (autoridad competente según el artículo 7) podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras alteraciones graves de la normalidad, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

Sí, dice textualmente “inundaciones” y dice la RAE, señor Sánchez, para su número gramatical singular: “Acción y efecto de inundar. Dicho del agua: Cubrir un lugar determinado o un territorio”. Con esta herramienta en sus manos, ¿en qué estaban pensando la Delegada del Gobierno y el propio Ministro del Interior? Aquí no vale el “¡si necesitan ayuda, que la pidan!”, es una potestad única y directa del Gobierno de España de la que -presuntamente- se hizo una criminal dejación.

Pero hay más: la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil declara solemnemente que son emergencias de interés nacional (artículo 28), además de las que tienen su origen en la anterior ley 4/1981 y de las que afecten a varias Comunidades Autónomas (y recordemos que, aunque en menor grado, Andalucía y Castilla-La Mancha se vieron igualmente amenazadas por el temporal), ¡atención!:

        3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. ¿Quiénes sabían a la hora del café de aquel día de lo que se venía encima? Estamos seguros, porque ellos mismos lo han dicho, que la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué no actuaron en consecuencia?

Pero sigamos, ¿a quién corresponde la declaración de interés nacional? Resulta cristalino que, según el artículo 29, directamente al Ministerio del Interior, a través de tres procedimientos:

1)    Por propia iniciativa (que, además, según el artículo 30, debería asumir su dirección).

2)    A instancia de las Comunidades Autónomas.

3)    A instancia de los Delegados del Gobierno en las mismas.

Todavía hoy, la campaña -repito, merecida- contra Mazón sigue bebiendo de aquella frase tan indigna como representativa del voceador: ¡Si necesitan ayuda, que la pidan!

¿A qué espera el Partido Popular para asumir responsabilidades, que las tiene, pero al mismo tiempo hacerlas compartir con quienes tenían la información, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar; y con los que, según las leyes en vigor, debieron tomar el mando de las operaciones al tratarse, por sus dimensiones efectivas o previsibles, de una emergencia de interés nacional, el Gobierno y en primer término el Ministerio del Interior?

¡Que cada palo aguante su vela!