Historias de la infamia

 

22/10/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“La lógica y humana indignación por la muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando responsabilidades a diestra, que no a siniestra…”

El triste final de Sandra en Sevilla, ha vuelto a poner sobre la palestra la displicencia y el menosprecio de un insignificante pero provocador pedazo de la nación, a las piadosas costumbres sociales que, desde hace milenios y desde el dolor más amargo, conteniendo la ira, vienen consistiendo en dar sepultura al cuerpo y acompañar y consolar a sus familiares, dejando para su tiempo la averiguación de las responsabilidades, si las hubo, en el plano más cercano del centro -concertado, se insiste- y/o de la administración educativa, como ya se pretende de manera un tanto forzada por movimientos que se asemejan a otros ya sufridos.

Salvando más que nunca las distancias -además de por la cercanía física, por el desgarro de la inmediatez- resulta que no es nueva la cuestión: la progresía en general y, particularmente, la española y contemporánea, no ha descansado en su favorito e infame entretenimiento: el de “echarle los muertos” de todas las desgracias a los gobiernos si son de la derecha cuando sucede la desdicha.

En la madrugada del 31 de agosto de 1995, mes y medio después de la llegada del popular Sergio Marqués al Principado de Asturias, en la mina de carbón de Hunosa conocida como pozo de San Nicolás, se produjo una explosión de grisú que reportó 14 mineros muertos, Ya en 1996, en el pozo de carbón de Mieres, dos mineros fallecieron por un desprendimiento de carbón. Ese mismo año, otros dos mineros murieron en accidentes en Asturias y León. Sindicatos y partidos de la oposición acusaron a los gobiernos regionales del PP (Aznar al aparato en Castilla y León) de no fiscalizar adecuadamente las minas, lo que habría permitido que las empresas relajaran las medidas de seguridad para maximizar la producción. Las protestas de los mineros, históricamente, han contado con un fuerte apoyo popular, no solo en Asturias, sino en otras regiones mineras. La Marcha Negra de 2012, durante gobierno de Rajoy, es un ejemplo claro de este respaldo, con miles de ciudadanos arropando a los mineros en su trayecto y en la manifestación final en Madrid, pese a no haberse producido siniestros en esas fechas.

Fue en noviembre de 2002 cuando el petrolero Prestige se partió e incendió frente a la costa de Galicia, provocando uno de los mayores vertidos de combustible en la costa española. La izquierda y asociaciones ecologistas, valga la redundancia, denunciaron “inacción”, “ocultación de información” y la falta de medidas eficaces de contingencia, calificando el incidente como “asesinato medioambiental”.

El 26 de mayo de 2003 un avión de transporte militar ruso Yakovlev Yak‑42 que trasladaba militares españoles desde Afganistán a España se estrelló en Turquía con el resultado de 62 militares españoles fallecidos. El caso se usó para criticar al gobierno del PP de José María Aznar por falta de diligencia, supervisión y transparencia. La izquierda más militarista argumentó que hubo “errores graves” que costaron vidas.

El 11 de marzo de 2004 ocurrió en Madrid el mayor atentado terrorista en suelo europeo. La inmediatez de las elecciones generales que se celebrarían tres días después, unido al desconcierto de las primeras horas sobre la autoría del atentado, llevó a las masas “en plan abriltreintiuno” a rodear las sedes del Partido Popular, culpando en masa de los asesinatos a sus dirigentes e incluso a los interventores, apoderados y afiliados en los colegios electorales. No conforme con ello, la izquierda española y en especial el PSOE, en boca de Caradura Sánchez, homenajeó el pasado año a las víctimas en el Senado refiriéndose en los siguientes términos a la oposición popular: “la gran mentira del 11M es el acta fundacional del proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años”. Ésta es, finalmente, la lectura que sacan los auténticos beneficiarios de aquella masacre. Y todo ello pese a que 21 años y medio después siga sin conocerse el autor intelectual de los ataques. El fallo de la Audiencia Nacional no condenó a ninguna persona específica como diseñadora de los atentados. Aunque se investigaron las conexiones del grupo terrorista, la sentencia solo pudo centrarse en los responsables materiales y en la red que proporcionó los explosivos, pero no pudo identificar a un cerebro único y directo detrás de la operación.

El 3 de julio de 2006 en la Línea 1 del Metro de Valencia, un tren descarriló en una curva cuando circulaba a unos 80 km/h en un tramo cuyo límite era de la mitad, causando 43 muertos y 47 heridos. El gobierno autonómico del PP en aquella época fue señalado por la oposición (PSPV‑PSOE, Compromís, etc.) como culpable de una gestión deficiente que provocó muertes: El accidente, como siempre en estos casos, “era previsible y evitable”.

Hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, una gota fría de toda la vida (DANA desde hace unos años) dejó, además de grandes inundaciones y destrucción de infraestructuras, viviendas y servicios, un fallecido en Málaga; en Castilla-La Mancha, siete y en la Comunidad Valenciana más de 200. La única víctima andaluza debió parecer poca cosa a la progresía para iniciar una de sus campañitas contra Moreno Bonilla, sobre todo coincidiendo con la media docena que habría que achacar a García Page que, aunque crítico a veces con la dirigencia socialista, ejdelohnuestroh. “Lo dejamos ahí y nos centramos en lo importante”, debieron pensar: en las lluvias torrenciales, inundaciones y riadas en la zona del barranco del Poyo que produjeron los dos centenares largos de víctimas. Se ha señalado que las alertas llegaron tarde, la coordinación fue deficiente, la comunicación de emergencia se demoró. Víctimas y asociaciones denunciaron “negligencia total” y “asesinatos” por parte del gobierno autonómico popular, por no emitir alertas a tiempo, por una gestión fallida de emergencia. Encontraron en el presidente autonómico popular, acertadamente, el blanco perfecto para atribuir responsabilidades, cuidándose muy mucho de dejar al margen al Ministro del Interior y a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana que en manifiesta dejación de funciones tampoco hicieron, como Mazón, uso del artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que la declaración de interés nacional de una emergencia corresponde al ministro, por propia iniciativa, o a instancia de los Delegados del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

Mientras tanto, los otros tienen campo libre para, inmunizados ante la responsabilidad, santificar los gales, enterrar balsas de lodos, rodear el Congreso, o hacer lo propio con el Parlamento Andaluz, para descarrilar avias, accidentar aviacos o spanaires o provocar un apagón, para incendiar montes sin desbrozar, cegar barrancos o falconear sin descanso haciendo flaco favor a la contención del cambio climático… seguramente por aquello de la superioridad moral.

Volvamos al principio: la peligrosa deriva que una parte de la sociedad ha emprendido, tirando de redes sociales y sin esperar a los hechos probados por las autoridades judiciales, nos precipitan a unas maltrechas relaciones de convivencia. El mesurado comunicado del Colegio Irlandesas de Loreto publicado en este medio, además de expresar su profunda consternación, ofreciendo sus condolencias a la familia, hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad mientras se llevan a cabo las investigaciones y se ahonda en la necesidad de proteger a sus alumnos de comentarios indeseables.

La lógica y humana indignación por la muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando responsabilidades a diestra, que no a siniestra, del equipo directivo del centro -concertado, continúa insistiéndose-.

El infortunio de Sandra no puede -no debe- llevar a la destrucción de otras vidas. Lo que no hemos querido para ella no podemos -no debemos- desearlo para otras personas físicas y jurídicas que, hasta que una sentencia firme no lo establezca, deben disfrutar de la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 de nuestra Constitución.

El Nobel de la Paz: Mérito vs. desdoro

 

15/10/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“María Corina es el símbolo de libertad que alumbra el continente americano, al contrario del enamorado esposo de la Bego, cuyo manejo centellea restringiendo la política, persiguiendo al disidente, inhabilitando al antagonista y amenazando a todo quisque”

¡De los nervios! Hasta el último momento, ya sin palomitas que llevarse a la boca, han estado soñando ilusionados con que nuestro melifluo presidente obtuviera el Nobel de la Paz por el que tanto han implorado las bases progretarias y alamismavé millonarias… ese meritorio galardón que tanto ansiaban en La Moncloa. Y el adversario era Donald Trump.

Llegaron a creérselo, pero hete aquí que, por deseo testamentario de Alfred Nobel, no es el gobierno español, tampoco el consejo de administración de RTVE y sí el Comité Nobel Noruego, conformado por personalidades con amplia experiencia en política, derechos humanos, diplomacia y derecho internacional designadas por el Storling (Parlamento de Noruega), el que acabó otorgando dicho reconocimiento a María Corina Machado “por su trabajo incansable por los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de dictadura a democracia”, quien conforma ya con Rigoberta Menchú el binomio de mujeres hispanoamericanas premiadas con el galardón que lleva el apellido del inventor de la dinamita y despertando, al tiempo, a docenas de indigentes eruditos de tan oníricas alucinaciones.

¿Y por qué María Corina y no Pedro?

Entre los méritos de la venezolana, despunta que fue cofundadora de la ONG Súmate, dedicada al monitoreo electoral, transparencia y promoción de los derechos políticos, además de otras iniciativas sociales como la Fundación Atenea, vinculada a asistencia social, reinserción de niños u hogares en pobreza extrema y fundadora y coordinadora nacional de Vente Venezuela. Lo más cercano que Sánchez se ha mostrado a una entidad -aparentemente- sin fines de lucro fue la bienvenida al Open Arms cargado de emigrantes ilegales en el puerto de Valencia, después de saberse que la Fundación IE que montó el África Center para Begoña destina menos del 50% de sus ingresos (provenientes en su mayoría de los Presupuestos Generales del Estado) a las ayudas que es su finalidad, muy lejos del 80% y del 90% que es lo habitual en este tipo de entidades. El restante 50% de lo que ingresa se emplea en gastos de personal y servicios exteriores. ¿Chiringuito?

Elegida diputada de la Asamblea Nacional en 2010, Machado fue la parlamentaria que recibió el mayor número de votos para ese cargo en su momento. Mientras tanto, Pedro tiene el dudoso récord de obtener los peores resultados de su partido a lo largo de la historia.

Como diputada, ella fue siempre la voz crítica al gobierno, particularmente frente a las políticas de expropiaciones, la corrupción y las intervenciones estatales. Respondió al “¡exprópiese!” del dictador Chávez con un aserto tan simple como demoledor: “expropiar es robar”. Mientras, su opositor al ansiado premio se ha limitado a subir 94 veces los impuestos y en materia de expropiación del estado de derecho “solo” ha tocado al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado.

La venezolana alcanzó mayor fama cuando participó en 2023 en las primarias de la oposición que elegiría candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Obtuvo el 93 % de los votos de la oposición, con una alta participación (casi 2,4 millones de electores). Frente a su incontrovertible victoria en las primarias, fue inhabilitada por la Contraloría General de Maduro, aunque lideró la campaña política del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien, según todos los observadores internacionales -con la excepción de Zapatero que, aunque no lo niega, tampoco lo afirma- obtuvo la mayoría. Escaso parecido con estos resultados obtuvo nuestro iletrado presidente que, entre múltiples motivos, pasará a la historia por el fraude en las primarias del PSOE en 2014 con la inestimable ayuda de sus dos últimos secretarios generales de organización, Cerdán y Koldo, en perjuicio de Susana Díaz.

El rol de María Corina ha sido clave para unificar distintos sectores de la oposición, incluso aquellos con trayectorias ideológicas diferentes. Fue percibida como la alternativa que aglutinaba mejor los distintos partidos y organizaciones opositoras en un afán de desbancar al poder comunista que se ha asentado en el país venezolano. En esto Pedro le ha imitado diligentemente, consiguiendo unir en torno a su poder a sectores tan alejados de la socialdemocracia como los comunistas bolivarianos, los independentistas gallegos, catalanes o valencianos y, por si fuera poco, los herederos de los etarras.

No solo como líder electoral sino como símbolo de resistencia democrática frente a las restricciones políticas, persecuciones, inhabilitaciones, amenazas, María Corina es el símbolo de libertad que alumbra el continente americano, al contrario del enamorado esposo de la Bego, cuyo manejo centellea restringiendo la política, persiguiendo al disidente, inhabilitando al antagonista y amenazando a todo quisque.

La premiada ha mantenido una actividad política activa incluso bajo presión, amenazas, y dificultades institucionales. Ha denunciado irregularidades, fraude electoral, ha promovido la vigilancia ciudadana del voto, impulsando el “Plan 600K” para movilizar a la base electoral en la vigilancia del proceso tras los comicios de 2024. El aspirante, inversamente, comenzó su andadura instalando e inundando con sus votos una urna no verificada, tras una mampara.

La valiente luchadora, símbolo de la resistencia democrática, con sus actuaciones, ha logrado situar el asunto de la crisis venezolana en la agenda internacional, recibiendo otros reconocimientos internacionales tales como el premio Václav Havel o el Sájarov del Parlamento Europeo por su defensa de la democracia y los derechos humanos. Desde 2024 está en la clandestinidad, escondida ante amenazas de arresto y represión. El subcampeón, mientras tanto, quema millones de litros de queroseno, delegando la preocupación por el cambio climático en sus bases, para hacerse visible hasta en las cumbres donde da brochazos sin pintura. La última ayer desde el banderín de córner, en Egipto, donde se firmaba la paz que él ha estado bombardeando hasta el último día. De haberse precisado su firma, lo habría hecho en el libro de condolencias.

Coincidiendo con la celebración de la gesta de la primera mujer empoderada que dio la Edad Moderna -Isabel I de Castilla y el descubrimiento del Nuevo Mundo- 533 años después, el Comité Nobel Noruego ha encontrado en María Corina Machado el ejemplo de otra mujer valiente y audaz que ha hecho de su vida un modelo de sacrificio y de entrega por su nación. Al respecto del aspirante que, tirando de estilo, no ha felicitado a la galardonada, mejor silenciamos su CV.

¡Genocidio y ya está!

 

04/10/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“La bronca, a expensas de lo que de los juzgados sigue saliendo de David y de Bego, sigue centrada en este término (genocidio) que venimos usando con una ligereza tal que hasta sobrecoge la rutina con la que lo hacemos”

 

Pedro I de Castilla, ​apodado “el Cruel”, además de por los nobles castellanos, por los Trastámara -sus rivales- y “el Justo” o “el Justiciero” por sus partidarios, fue rey de Castilla​ durante 20 años, los que van de 1350 hasta su asesinato en 1369, siendo recordado hoy por el primero de los motes.

“Es un genocidio, no valen las medias tintas, lo de Gaza es un genocidio”.

Así lo ha proclamado el Pedro I de La Moncloa, actual monarca de los destinos de España. El sobrenombre lo dejo a su elección, aunque auguro un empate técnico entre el preferido por las víctimas de su infamia y el elegido por los gozadores de esta dictadura del progretariado mil veces buscada y ya dichosamente resplandeciente entre nosotros.

La bronca, a expensas de lo que de los juzgados sigue saliendo de David y de Bego, sigue centrada en este término (genocidio) que venimos usando con una ligereza tal que hasta sobrecoge la rutina con la que lo hacemos.

Genocidio es según el diccionario de la RAE: el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Siendo ya determinante la definición, reconozcamos que un diccionario de la lengua no es más que un repertorio en el que se recogen palabras, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación más o menos ajustadas para el entendimiento general.

Pero la referencia a las conductas de las últimas semanas en Gaza por parte del ejército israelí, al que la progresía mundial y en especial la española viene refiriéndose en las últimas semanas como genocidio, ha de hacerse necesariamente desde la perspectiva de los tribunales de justicia y en especial de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal permanente que juzga comportamientos tales como el propio genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Y no, no todo es genocidio, precisamente.

La palabra “genocidio” es relativamente nueva pues apareció por vez primera vez en 1944 en el libro Axis Rule in Occupied Europe (El dominio del eje en la Europa ocupada) del abogado polaco Raphael Lemkin. Surgió la palabra combinando el término griego geno-, que significa raza o tribu, con el latín -cide, que significa matar. Con ella pretendió describir la masacre de los judíos europeos, si bien esos hechos se conocieron posterior y actualmente como el Holocausto.

Ya en Nuremberg, en 1945, durante el juicio, una treintena de funcionarios nazis de alto rango fueron acusados de haber cometido, además de otros delitos, “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra”, según la definición de la Carta de Nuremberg. Las acusaciones en dichos procesos ya comenzaron a usar esa palabra que por entonces contaba con menos de un año de vida, pero no era aún un término legal.

No fue hasta finales de 1948 cuando la ONU aprobó la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, ratificada al día de hoy por 160 países aproximadamente. La misma estableció el genocidio como un delito internacional y, según su definición legal -que incluye la intención de destruir a un grupo perseguido- se comete raramente en comparación con otros delitos graves, como los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

Distingamos, pues, los elementos clave para definir el genocidio:

1. Intención Específica (Dolus Specialis): 

Es el factor más importante, diferenciándolo de otros crímenes internacionales. Debe existir un propósito de destruir el grupo en su totalidad o en parte. 

2. Actos Materiales (Conductas Prohibidas): 

Algunos de los actos que pueden constituir genocidio son:

• Matanza de miembros del grupo. 

• Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 

• Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de vida que acarreen su destrucción física. 

• Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 

• Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. 

3. Grupo Protegido: 

Los actos deben estar dirigidos contra un grupo específico: nacional, étnico, racial o religioso. 

Seguro que nuestra progresía patria distinguirá claramente todos los elementos del delito de genocidio, pero será la CPI la que, llegado el momento, dictamine, con todas las pruebas y testimonios que se pongan sobre la mesa, si los actos que han propiciado tanto daño a la población civil en los dos últimos años, tanto en territorio israelí como en Gaza, por los terroristas y/o por el ejército de Netanyahu, son determinantes del delito de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra, o de ninguno de ellos.

Mientras tanto, sigue sin conocerse en estos momentos si la romería de la virgen de Ada, en forma flotilla, que con mucho Furor y poco seso (cinco panes y siete peces se han seguido contando tras el “milagro”) ha llegado a las costas de Israel, retomará la travesía hacia la costa occidental de África en apoyo de los cristianos nigerianos y congoleños que a fecha de hoy aún no han sido martirizados.

¡No a la guerra, si no es contra los judíos!

Economía para progres: La deuda y la quita

 

11/09/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“¿Sabes lo que se podría hacer solamente con los intereses que nos ahorraríamos anualmente por esa deuda?: 30.000 médicos, o 42.000 enfermeras, o 300.000 operaciones, o 15 millones de consultas o 10.000 docentes más al año…”

Entre 2010 y 2022, tras la crisis económica negada groseramente por Zapatero, la mayor parte de las comunidades autónomas recurrieron para financiarse a mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que supuso, en la práctica, un rescate por parte del Estado.

En diciembre del pasado año, la deuda andaluza alcanzaba los 40.529 millones de euros (39.842 actualizada), menos de la mitad de Cataluña (89.035), o dos tercios de la valenciana (60.332), todas muy lejos de la de Galicia (11.936) y de las Vacoscongadas (10.842). Por su parte, la madrileña se situaba en 37.260 millones, si bien Díaz Ayuso no recurrió al FLA.

El pasado 2 de septiembre al gobierno se le ocurrió que todos los españoles íbamos a pagar la pésima gestión de los independentistas catalanes. Para ello, pactando en exclusiva con ellos, el inquilino de La Moncloa aprobó un proyecto de ley de cancelación parcial de su deuda que quiere presentar a Las Cortes antes de fin de año para que se haga efectiva -cuán largo me lo fiáis- en abril de 2026. Para disfrazar la norma añadió la medida de gracia al resto de comunidades, ocultando al tiempo la financiación singular y privilegiada que dará a Cataluña el cien por cien de los tributos mientras el resto de comunidades seguirá recibiendo el 50  por ciento de la recaudación.

A ver, criaturitas: la quita de deuda a las regiones y en concreto a Andalucía que ha propuesto el Gobierno, no es una transferencia de libre disposición por ese importe de 18.791 millones de euros; no es dinero contante y sonante para nuevo gasto o inversión, sino que consiste en condonar parte de la deuda que mantenemos con el Estado a través del FLA y de otros mecanismos de financiación. Efectivamente, ese margen podría dedicarse a otros usos, como incrementar el gasto social (sanidad, educación, servicios sociales) o invertir en infraestructuras; pero, ojo, también puede servir para reducir el déficit o para bajar impuestos. Pero no olviden lo esencial: que la deuda no se esfuma, que es el gobierno central quien la asume y que, por tanto, son los españolitos de a pie los que la seguirán costeando. En definitiva, cambiamos nuestro banco por una financiera para seguir pagando nuestra deuda… más la catalana.

A ello súmenle que para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el esquema diseñado por el Ministerio de Hacienda no corrige la infrafinanciación histórica de algunas comunidades, sino que, por el contrario, agrava las diferencias. Así, las comunidades más perjudicadas por el modelo vigente desde 2009 -Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana- recibirán menos quita de la que les correspondería si se tuviera en cuenta su infrafinanciación acumulada: Valencia un 39,2% menos de lo justo; Murcia un 34,5% y Andalucía un 15,3%.

Sin embargo, amaestrado por sus satélites mediáticos convenientemente untados y tirando de ideología woke, viene el progretariado pregonando a los cuatro vientos que las comunidades autónomas fachas -las mismas que vienen tachando de trampantojo o bluf la cancelación parcial de la deuda con el Estado- en realidad, están rechazando una pella de millones de euros que podrían revertir en más y mejores servicios públicos.

En concreto, instalados en el monopolio de la verdad, no dejan de repetir como papagayos que Andalucía recibiría 18.791 millones de euros, aproximadamente el 22,57 % de la condonación total prevista (83.252).

Fueraparte de voceros del nivel de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, parvulitos de Goebbels también campan -sobretodo- por las redes sociales en un intento desesperado de cebar la sesera ovina, abusando de esquemas que son dislates en sí mismos. Valga como ejemplo -entre decenas de miles- la soflama de Jesús Chacón, líder socialista de Cabra, reelegido por unanimidad hace cuatro meses y que osa dirigirse a los más de 20.000 egabrenses con la siguiente pregunta acompañada de sus “pertinentes y categóricas” respuestas:

“¿Sabes lo que se podría hacer solamente con los intereses que nos ahorraríamos anualmente por esa deuda?: 30.000 médicos, o 42.000 enfermeras, o 300.000 operaciones, o 15 millones de consultas o 10.000 docentes más al año… pero no, prefieren dárselo a las privadas [sic]. En cambio, se podría haber salvado la sanidad y la educación si la Junta aceptara esa quita”.

¿Será cierto? Vamos a verlo. Comparemos las actuales cuentas de Andalucía con las prometidas por Pedro y María Jesús:

·         Deuda: 39.842 millones €

·         Quita propuesta: 18.791 millones €

·         Deuda tras la quita: 21.051 millones €

Antes de la quita:

·         Amortización anual de deuda: 1.992,10 millones €

·         Intereses anuales calculados al 2%: 796,66 millones €

·         Total pagos financieros al año: 2.788,76 millones €

Después de la quita:

·         Amortización anual de deuda: 1.593,68 millones €

·         Intereses anuales al mismo interés del 2%: 421,02 millones €

·         Total pagos financieros al año: 2.014,70 millones €

Resultado:

·         Ahorro en intereses anuales: 375,64 millones €

·         Ahorro anual en pagos financieros: 774,06 millones €

Importantes cuantías sin duda que la comunidad podría dedicar a sanidad, educación o servicios sociales, efectivamente, pero que -como se dijo- también puede emplear en  reducir impuestos a los andaluces o en seguir amortizando más deuda. Más aún cuando la UE y la AIReF recuerdan que el margen liberado debe usarse preferentemente para sanear cuentas públicas, no para aumentar gasto estructural que genere nuevos déficits.

Repartamos ahora ese ahorro anual en intereses entre las prestaciones que al principio nos proponía el concejal de Cabra cuyos ascendientes, felizmente, no se encontraban entre los 109 civiles muertos en el bombardeo republicano de la ciudad:

A cada uno de los 30.000 médicos se le asignaría un salario íntegro de 14 pagas, a razón de 894,38 euros mensuales.

Las 42.000 enfermeras -los enfermeros los dejamos para otro día- percibirían 14 nóminas al año por un importe de 638,84 euros brutos.

Cada una de las 300.000 operaciones, entiéndanse intervenciones quirúrgicas, tendrían un costo de 1.252,13 euros (la jeringa y el bisturí que lo pongan los pacientes).

Cada consulta, hasta los 15 millones previstos, supondría un gasto de 25,04 euros (incluidas las visitas domiciliarias).

Desconocemos los motivos y las necesidades pero “suerte” han tenido en el reparto los 10.000 docentes más al año que propone el paisano de doña Carmen Calvo: alcanzarían un salario mensual antes de deducciones de 2.683,14 euros.

Hablar no cuesta dinero. Menos mal, si no la Cuba ibérica ya brillaría en todo su “esplendor”.

30 años del 2 de agosto y 36 días del 26 de junio. ¿Mereció la pena luchar?

 

 

30 años ya... seis lustros. Parece que fue ayer. Pretendían acabar con el Sevilla, pero no contaban con el patrimonio más importante del club hispalense: su afición. Entre cuarenta y cincuenta mil personas se echaron a la calle aquel 2 de agosto para exigir justicia. La cacicada de Jesús Gil, Antonio Baró, Jesús Samper, Ramón Mendoza, Rafael Cortés Elvira y José María García fue abortada por todos y cada uno de los sevillistas, en especial los que se echaron a la calle, con cuarenta grados a la sombra, como un solo hombre (o una sola mujer, para ser correctos ahora).

¿Qué sevillista no recuerda aquel despertar de la siesta agosteña del primero de mes?: ¿Cómo? ¿qué dices? ¡tú estás loco...! ¡Y tanto que estaban locos! El sevillismo así se lo demostró... ¡Qué grande eres -¿eras?-, Sevilla!

 

Ernesto López de Rueda, Javier Tenorio y Enrique fueron los promotores de aquella demostración de fuerza del sevillismo. Aquel mismo día a las tres de la tarde (cinco horas antes del comienzo y cuando Internet y las redes sociales eran una entelequia) presentaron en la Delegación del Gobierno la comunicación de la gran manifestación que se pretendía convocar. Todo un documento para la historia sevillista:

 

  

 

Meses después, Ernesto López de Rueda, vicepresidente de Foro Sevillista, plasmó en los capítulos 3 y 4 de su libro "Sevilla hasta la Muerte, El coraje de una afición" el acontecer de aquellos tremendos días en que se forjaron los sólidos cimientos del Sevilla actual: El libro de cabecera del sevillismo en el que se narra la intrahistoria del abortado abordaje del Sevilla F.C. por los invasores madrileños y marbellíes.

 

Pero de nuevo volvieron a sonar tambores de guerra: los grandes capitales que aglutinan la mitad de las acciones del Sevilla FC emprendieron hace más de un lustro una lucha desaforada en pos de hacerse con el mayor número posible de títulos con el pretendido afán de controlar la institución, y lo hacen ofreciendo precios desorbitados... o no tanto. Los 3.200 - 3.400 euros que han llegado a pagarse por un título accionarial, pusieron -otra vez- en alerta máxima a un sevillismo de base que, no es nuevo, siempre había vendido -de forma consciente- a señalados sevillistas. Ahora saben, sin embargo, que, con la mediación de esos mismos sevillistas, peleas al margen, el objetivo no es otro que dar entrada, más pronto que tarde y mediante su agosto particular, a capital extranjero en la gran casa del fútbol andaluz, pero, embolsándose una ganancia ya bastante menguada por sus desaciertos y riñas. Hace solo 36 días el sevillismo volvió a empetar las calles de Sevilla solicitando la marcha por su manifiesta incapacidad y sin derramamiento de sangre, de todos los grandes accionistas del club..

 

Para colmo, firmamos tres temporadas, las últimas, incluida la 2022/2023 en la que se cosechó inesperadamente el octavo entorchado europeo, que no se corresponden con nuestra historia. Deuda desaforada de la mano de pingües beneficios de los administradores, familias enfrentadas, desabruptos de mostrador de taberna, insultos, descalificaciones… todo ello pensando en un scotazzo (sinónimo de pelotazo y que me perdone el gringo) que garantice el futuro de sus bisnietos y olvidándose de lo que dicen es sagrado: El Sevilla FC, ése que, ahora sí, solo somos nosotros.

 

"¡El fútbol está así, mira en Inglaterra, en Francia, en Italia... donde los magnates del Próximo o del Lejano Oriente se han hecho los dueños de los grandes emblemas europeos!". Eso dicen, para conformarnos y quizá no les falte razón, pero ese fútbol, ese Sevilla inminente que se teje ahora entre bastidores no es el club por el que nosotros luchamos o se dejaron la piel y una parte importe de su peculio nuestros antepasados... ese Sevilla dandy que nos están pergeñando seguramente -al menos eso nos siguen vendiendo- atestará aún más las vitrinas y convertirá al Grande de Andalucía en primer referente a nivel mundial, pero ese Sevilla "sushi", "de arroz tres delicias" o de "chop suey de pollo", no será el Sevilla de hoy ni aquel de 1995. Si eso ocurre, posiblemente asista a algún encuentro, lo mismo que me presento en un musical de la Gran Vía, pero no, no puede ser lo mismo.

 

Una afición en permanente lucha por la independencia de "su" club está hoy llamada -30 años después- a defender su identidad, esta vez no frente a invasores extraños, sino ante este reto de "los nuestros", y éste sí que se antoja imposible de superar. Tanto que cabe preguntarse: ¿mereció la pena luchar?

 

La Moncloa y el equipo médico habitual

 

13/07/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“Deseemos que, manos aparte, la extrema delgadez del presidente y ese rostro que invita a preguntarle “¿te pasa algo?”, sean solo síntomas pasajeros de su enésima mala racha, concurrente con la salida de la incubadora de los complejos de la derecha”

 

En el otoño de 1975, ya en su agonía, recordarán los nacidos en los sesenta, también sus ascendientes, los partes médicos que a diario se emitían en “el parte” (telediarios de entonces) expedidos por los facultativos que atendían a Franco. Todos, sin excepción, tras el conteo de los males (flebitis, trombos, fiebres y tensiones arteriales) finalizaban con la rúbrica, que se convirtió en soniquete, de “el equipo médico habitual”.

Muchos años después de su muerte, su yerno, Cristóbal Martínez-Bordiú, cirujano y cardiólogo, contó las vicisitudes a las que se enfrentaron en esos últimos días por el motivo principal de que, además de por su grave enfermedad, su suegro no contemplaba salir del Palacio de El Pardo, sede de la jefatura del Estado, para ser asistido.

Para ello, incluso, llegó a transformarse una habitación de huéspedes o el cuarto de guardia en improvisado quirófano para realizarle una operación “a vida o muerte”, según reveló el médico que la llevó a cabo. 

Valga esta introducción ya histórica, seguramente inédita para los que aún no han cumplido el medio siglo, para valorar la noticia conocida en las últimas horas relativa al deseo de los mandamases de La Moncloa de aumentar el personal sanitario que cuida de la salud de Susanchidá, todo ello coincidiendo con las fotos de primer plano de las manos del actual dictador publicadas por Eldiario.es, que evidencian, al menos, que el ácido hialurónico y la toxina botulínica no tienen el mismo efecto en los tejidos del rostro que en el de las extremidades.

Franco y Sánchez exhiben personalidades muy distintas pero similares en egolatría, si bien aquél no llegó a relacionar el significado de vocablos tales como pedantería, vanidad o petulancia que tan bien esgrime el aún superviviente... Si uno -aunque estuvo unos días previamente ingresado- se mostró reticente a ser tratado en la entonces Ciudad Sanitaria La Paz inaugurada por él mismo 11 años antes, el otro no iba a ser menos y ha requerido al Servicio Madrileño de Salud con ocasión del nuevo convenio un aumento del personal sanitario para atender su estado de salud y el del resto del personal monclovita.

Surgen las preguntas: ¿Es necesario este aumento? ¿Hay algo de lo que preocuparse al margen de esas manos? ¿Ha saltado la alarma médica en La Moncloa? Afortunadamente, la IA en principio no encuentra grandes achaques tras escrutar la foto:

• Observaciones generales a partir de la imagen:
• Prominencia de venas: Las venas de la mano están muy marcadas y visibles. Esto puede deberse a múltiples factores, incluyendo:
• Edad.
• Bajo porcentaje de grasa corporal.
• Tono muscular elevado.
• Condiciones vasculares benignas o, menos comúnmente, patológicas.
• Coloración de la piel: No hay signos evidentes de cianosis (coloración azulada), eritema (enrojecimiento) o ictericia, al menos según la imagen.
• Textura y delgadez de la piel: La piel parece algo delgada, lo que podría ser común con el envejecimiento o ciertas condiciones como:
• Envejecimiento cutáneo natural.
• Deshidratación.
• Trastornos dermatológicos o sistémicos.
• Forma de los dedos y articulaciones: A simple vista no se aprecian deformidades articulares evidentes, aunque las articulaciones se ven algo marcadas. Esto podría sugerir:
• Cambios relacionados con la edad.
• Posible artritis incipiente (aunque no se observan signos claros de deformación típicos de artritis reumatoide o artrosis avanzada).

A raíz del apresurado y mecánico diagnóstico no se encuentran motivos para que Sánchez Castejón, que ya tiene a su disposición un total de 29 profesionales, necesite mayores cuidados, teniendo en cuenta que Mariano Rajoy contaba con la mitad, 15 y que, recién llegado Antonio al poder, además de la ampliación de personal, también sumó 2 UCI móvil y 3 unidades médicas al palacio.

El cuarto oscuro convertido en quirófano que fue habitual para el Generalísimo queda en el Pleistoceno comparado con el botiquín rajoyista y muy cercano a la era Paleozoica equiparado con la actual guardia de corps médica de Sánchez. Si a ello le sumamos que todavía le parece poco…

Deseemos que, manos aparte, la extrema delgadez del presidente y ese rostro que invita a preguntarle “¿te pasa algo?”, sean solo síntomas pasajeros de su enésima mala racha, concurrente con la salida de la incubadora de los complejos de la derecha, que por boca de Feijóo le ha hecho tomar de su propia medicina en forma de preguntas relacionadas con las conductas familiares.

Lo que sí se ha asegurado -a diferencia de su camarada Chávez que viajó con asiduidad al hospital Cimeq de La Habana a la búsqueda de la salud- es asistencia hospitalaria de primer nivel sin salir de casa como cualquier españolito, valiéndose de un equipo médico, por sus dimensiones, nada habitual.

Preferible es que, tras un juicio justo por los desmanes cometidos, purgue sus delitos en prisión, circunstancia que seguramente no acontecerá porque, llegado el momento, cientos de facultativos certificarán sin prevaricar y plenos de razón, la inimputabilidad del personaje en virtud del primer párrafo del artículo 20.1 del Código Penal: “Están exentos de responsabilidad criminal: El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”, sin que le sea aplicable el segundo parágrafo: “El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”.

De la autoamnistía al autogolpe

 

02/07/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“La amnistía es constitucional, porque así lo han decidido los esbirros de Pedro Sánchez, a la cabeza una ciudadana de Iznalloz que recibió la Medalla de Oro de Andalucía de manos de un tal José Antonio de apellido Griñán”

No por esperada, en la acepción 2.2 del Diccionario de la RAE (falta, deficiencia o error), el último fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, tras el particularmente obsceno de los ERE, constituye el torpedo definitivo en la línea de flotación del estado de convivencia que nos dimos los nacionales españoles con la Constitución de 1978. Y supone, ahora sí -mientras que los partidos de la oposición continúan soñando con el éxito de unas inmediatas y jubilosas elecciones generales y amagos de mociones de censura- no el comienzo de un régimen dictatorial al modo caribeño sino la constatación de que ya podemos presumir y disfrutar de él en su plenitud.

Por mucho que sigan repitiéndolo los sincronizados altavoces mediáticos y afines a la ya pletórica autocracia sanchista, la ley de autoamnistía -que los responsables políticos del golpe de estado catalán de 2017 entregaron en Suiza, negro sobre blanco y en papel timbrado del BOE, al correo recientemente encarcelado, Santos Cerdán, para atornillar a su número uno en el falcon- revalida la impudicia y obscenidad que anida no solo en el palacio presidencial, sino también en esa casi mitad de la población española que ha acogido con deleite en sus decadentes seseras la desigualdad como bien a proteger.

Hoy, todavía continúa diciendo el artículo 159 de nuestra carta magna que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y, a resultas de ello, ésta es la docena de integrantes de un tribunal de garantías erigido en sala de apelación del Supremo por la voluntad del tirano en ejercicio que ejerce sus potestades con el nombre de Pedro II, heredero del conocido como El Cruel:

·        Cándido Conde-Pumpido Tourón

·        Inmaculada Montalbán Huertas

·        Ricardo Enríquez Sancho

·        María Luisa Balaguer Callejón

·        Ramón Sáez Valcárcel

·        Enrique Arnaldo Alcubilla

·        Concepción Espejel Jorquera

·        María Luisa Segoviano Astaburuaga

·        César Tolosa Tribiño

·        Juan Carlos Campo Moreno

·        Laura Díez Bueso

·        José María Macías Castaño

 

Los once primeros ya intervinieron en la referida Sentencia 99/2024, de 16 de julio de 2024, relativa al recurso de amparo promovido por Chaves, Zarrías, Vallejo, Rodríguez Román, Lozano, Griñán y Aguayo, salvando su conciencia y la dignidad de la nación solo cuatro de ellos, los magistrados Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa.

A ellos se ha sumado el último, Macías, que, por mor del destino, tomó posesión dos semanas después del Erepronunciamiento de Pumpido de julio pasado y que tampoco ha formado parte en esta bendición de la autoamnistía al haber sido recusado, conforme a ley, por haber participado en la elaboración de dos informes que cuestionaron en su día la ley de amnistía.

Aunque esté de basura hasta arriba, tampoco ha querido mancharse en esta ocasión Juan Carlos Campo, exministro socialista de Justicia, que -voluntariamente dicen- se ha apartado por haberse adelantado en el tiempo, interviniendo gozosamente en la tramitación de indultos vinculados al procés; gesto de legalidad, nobleza y bonhomía sobre el que se mostró incapaz de presumir con ocasión de la resolución de julio pasado en la que contribuyó a amparar a los que habían sido sus compañeros y jefes, Chaves entre ellos.

Sobre las andanzas y prioridades de los siete jinetes del apocalipsis patrio, incluido Campo, ya hubo ocasión de referirnos en este sitio hace casi un año.

Pero el nexo común de ambas sentencias se encuentra, sin duda alguna, en Inmaculada Montalbán, actual vicepresidente del Tribunal Constitucional, alma mater tanto de la ponencia del caso ERE como ésta de la autoamnistía que culmina en la práctica con un autogolpe al más puro estilo de papá Vladimir Ilʹich Lenin. Doña Inmaculada ya había mostrado su absoluto desprecio por la independencia de la ley, al no apartarse del primero de ellos cuando un tal Griñán -que había firmado el Decreto 47/2012 de 21 de febrero- le reconoció los méritos suficientes para hacerse acreedora a la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio. No del todo satisfecha con ello, reincide ahora validando la autoamnistía para seguir retozando en el légamo de la infamia.

Inmaculada Montalbán, ya por entonces aplaudida por Griñán, tras recibir la Medalla de Andalucía en 2012. Febrero 2012. Foto: EFE

Con afán de completar su por entonces escaso currículum, ella misma acentuaba: “estuve unos años yendo a los pueblos a explicar a las mujeres que tenían derecho a denunciar y les explicábamos que la violencia dentro de la pareja no estaba permitida, que una mujer no estaba obligada a sufrir malos tratos o a recibir amenazas por el hecho de casarse”. Pregunta: ¿Cuántos millones de andaluces tendrían derecho a tal distinción por un discurso tan rudimentario y al nivel de La Familia de la Tele que, además, queda incompleto al no extender tal derecho a las no casadas?

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que argumenta esta iznallocense para declarar que todos los delitos ocurridos en Cataluña entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 no existieron? Porque, justamente, ése es el resultado de la aplicación de la amnistía, a diferencia del indulto que supone un perdón de los actos delictivos. De manera que nada importan doce largos años de estragos, robos, malversaciones y estafas con escala en una declaración de independencia que acababa con la configuración política de la España moderna y culminaba con subsiguientes desafíos, hasta la última fecha contemplada en el marco temporal de la Ley Orgánica de amnistía.

En cuanto al propósito de la ley, la Inma de Iznalloz la considera una respuesta constitucionalmente válida a una situación excepcional ya que, a su entender, la amnistía busca disminuir la fractura social y política, promover la convivencia y contribuir a la normalización en Cataluña, fines que definen un “interés general” legítimo. Asimismo, con ella, la mayoría del tribunal dice abstenerse de valorar las motivaciones políticas del Gobierno para promulgar la ley. Tales argumentos han sido despedazados 20 días después por un tal Santos Cerdán en el Supremo, minutos antes de viajar a Soto del Real: “Negocié porque la amnistía era esencial para la investidura”, en román paladino: “compré con el dinero y la dignidad de todos el mandato del que ahora dice no reconocerme: su investidura a cambio de un golpe al Estado, su sillón  a cambio de impunidad”.

Ya en el plano jurídico, efectivamente, si bien la Constitución Española de 1978 no menciona la palabra amnistía, su presencia y efectos estuvieron muy presentes en los trabajos de la ponencia constitucional, sobre todo porque un año antes se aprobó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, considerada un acto de reconciliación nacional en el marco de la transición. Dicha ley supuso la exoneración penal y administrativa de los delitos políticos, de opinión y de rebelión cometidos antes del 15 de diciembre de 1976 y la liberación de presos políticos, así como la exoneración de funcionarios del régimen franquista en lo relativo a delitos cometidos por motivos políticos.

La ponencia constitucional, durante los debates, no se propuso introducir un artículo específico relativo a la amnistía. La decisión fue deliberada y consensuada, bajo la premisa de que la amnistía de 1977 cerraba una etapa excepcional del pasado. En cambio, sí se estableció en la Constitución un marco jurídico sobre el indulto (artículo 62.i): "Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales".

Para una mayoría de juristas, resultando claro que la Constitución Española de 1978 no prohíbe expresamente la amnistía, da pie a argumentar que, al no mencionarse y haberse agotado su función histórica con la ley de 1977, la amnistía carece de base jurídica en el ordenamiento postconstitucional, sobre todo teniendo en cuenta que sí regula el indulto como un derecho muy restringido, prohibiendo incluso los generales. Y expulsados del mundo del derecho estos, cuánto más ha de estarlo la amnistía que no implica la despenalización de los actos perdonados; al contrario, siguen siendo considerados como delitos, pero el Estado renuncia a perseguirlos y sancionarlos.

No obstante, otros sostienen que, al no estar explícitamente prohibida, el legislador ordinario podría establecer una nueva ley de amnistía -mucha atención- “siempre que respete los principios constitucionales, en especial los derechos fundamentales, la separación de poderes y la igualdad ante la ley” (artículos 1.1, 9.1 y 14 CE).

Pues bien, dice el 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Lógicamente, los condenados por el procés lo fueron por una Sentencia del Tribunal Supremo que acreditó el incumplimiento de numerosas leyes, entre ellas la propia Constitución. ¿Se respeta en este caso la separación de poderes?

Por su parte, establece el 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿Se respeta asimismo la igualdad ante la ley? Resulta claro que los actores del desafío al Estado, con esta medida de gracia, han sido discriminados positivamente del resto de la nación, reconociéndole de facto que no son necesariamente españoles.

Pero la amnistía es constitucional, porque así lo han decidido los esbirros de Pedro Sánchez, a la cabeza una ciudadana de Iznalloz que recibió la Medalla de Oro de Andalucía de manos de un tal José Antonio de apellido Griñán. A ciencia cierta, algunos de sus paisanos tendrán la oportunidad de recordarle su indecencia este verano a orillas del río Cubillas.