22/10/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo
“La lógica y humana indignación por la muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando responsabilidades a diestra, que no a siniestra…”
El triste final de Sandra en Sevilla, ha
vuelto a poner sobre la palestra la displicencia y el menosprecio de un
insignificante pero provocador pedazo de la nación, a las piadosas costumbres
sociales que, desde hace milenios y desde el dolor más amargo, conteniendo la
ira, vienen consistiendo en dar sepultura al cuerpo y acompañar y consolar a
sus familiares, dejando para su tiempo la averiguación de las
responsabilidades, si las hubo, en el plano más cercano del centro -concertado,
se insiste- y/o de la administración educativa, como ya se pretende de manera un
tanto forzada por movimientos que se asemejan a otros ya sufridos.
Salvando más que nunca las distancias -además
de por la cercanía física, por el desgarro de la inmediatez- resulta que no es
nueva la cuestión: la progresía en general y, particularmente, la española y
contemporánea, no ha descansado en su favorito e infame entretenimiento: el de
“echarle los muertos” de todas las desgracias a los gobiernos si son de la
derecha cuando sucede la desdicha.
En la madrugada del 31 de agosto de 1995,
mes y medio después de la llegada del popular Sergio Marqués al Principado de
Asturias, en la mina de carbón de Hunosa conocida como pozo de
San Nicolás, se produjo una explosión de grisú que reportó 14 mineros
muertos, Ya en 1996, en el pozo de carbón de Mieres, dos mineros fallecieron
por un desprendimiento de carbón. Ese mismo año, otros dos mineros murieron en
accidentes en Asturias y León. Sindicatos y partidos de la oposición
acusaron a los gobiernos regionales del PP (Aznar al aparato en Castilla y
León) de no fiscalizar adecuadamente las minas, lo que habría permitido que las
empresas relajaran las medidas de seguridad para maximizar la producción. Las
protestas de los mineros, históricamente, han contado con un fuerte apoyo
popular, no solo en Asturias, sino en otras regiones mineras. La Marcha
Negra de 2012, durante gobierno de Rajoy, es un ejemplo claro de este
respaldo, con miles de ciudadanos arropando a los mineros en su trayecto y en
la manifestación final en Madrid, pese a no haberse producido siniestros en
esas fechas.
Fue en noviembre de 2002 cuando el
petrolero Prestige se partió e incendió frente a la costa de Galicia, provocando
uno de los mayores vertidos de combustible en la costa española. La izquierda y asociaciones
ecologistas, valga la redundancia, denunciaron “inacción”, “ocultación de información”
y la falta de medidas eficaces de contingencia, calificando el incidente como “asesinato
medioambiental”.
El 26 de mayo de 2003 un avión de
transporte militar ruso Yakovlev Yak‑42 que trasladaba militares españoles
desde Afganistán a España se estrelló en Turquía con el resultado de 62 militares
españoles fallecidos. El caso se usó para criticar al gobierno del PP de José
María Aznar por falta de diligencia, supervisión y transparencia. La izquierda más
militarista argumentó que hubo “errores graves” que costaron vidas.
El 11 de marzo de 2004 ocurrió en Madrid
el mayor atentado terrorista en suelo europeo. La inmediatez de las elecciones
generales que se celebrarían tres días después, unido al desconcierto de las
primeras horas sobre la autoría del atentado, llevó a las masas “en plan abriltreintiuno”
a rodear las sedes del Partido Popular, culpando en masa de los asesinatos a sus
dirigentes e incluso a los interventores, apoderados y afiliados en los
colegios electorales. No conforme con ello, la izquierda española y en especial
el PSOE, en boca de Caradura Sánchez, homenajeó el pasado año a
las víctimas en el Senado refiriéndose en los siguientes términos a la
oposición popular: “la gran mentira del 11M es el acta fundacional
del proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años”. Ésta
es, finalmente, la lectura que sacan los auténticos beneficiarios de aquella
masacre. Y todo ello pese a que 21 años y medio después siga sin conocerse el autor
intelectual de los ataques. El fallo de la Audiencia Nacional no condenó a
ninguna persona específica como diseñadora de los atentados. Aunque se
investigaron las conexiones del grupo terrorista, la sentencia solo pudo
centrarse en los responsables materiales y en la red que proporcionó los
explosivos, pero no pudo identificar a un cerebro único y directo detrás de la
operación.
El 3 de julio de 2006 en la Línea 1
del Metro de Valencia, un tren descarriló en una curva cuando circulaba a unos
80 km/h en un tramo cuyo límite era de la mitad, causando 43 muertos
y 47 heridos. El gobierno autonómico del PP en aquella época fue señalado por
la oposición (PSPV‑PSOE, Compromís, etc.) como culpable de una gestión
deficiente que provocó muertes: El accidente, como siempre en estos casos, “era
previsible y evitable”.
Hace justo un año, el 29 de octubre de
2024, una gota fría de toda la vida (DANA desde hace unos años) dejó, además de
grandes inundaciones y destrucción de infraestructuras, viviendas y servicios,
un fallecido en Málaga; en Castilla-La Mancha, siete y en la Comunidad
Valenciana más de 200. La única víctima andaluza debió parecer poca cosa a la
progresía para iniciar una de sus campañitas contra Moreno Bonilla,
sobre todo coincidiendo con la media docena que habría que achacar a García
Page que, aunque crítico a veces con la dirigencia socialista, ejdelohnuestroh.
“Lo dejamos ahí y nos centramos en lo importante”, debieron pensar: en las
lluvias torrenciales, inundaciones y riadas en la zona del barranco del Poyo
que produjeron los dos centenares largos de víctimas. Se ha señalado que las
alertas llegaron tarde, la coordinación fue deficiente, la comunicación de
emergencia se demoró. Víctimas y asociaciones denunciaron “negligencia total” y
“asesinatos” por parte del gobierno autonómico popular, por no emitir alertas a
tiempo, por una gestión fallida de emergencia. Encontraron en el presidente
autonómico popular, acertadamente, el blanco perfecto para atribuir
responsabilidades, cuidándose muy mucho de dejar al margen al Ministro del
Interior y a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana que en manifiesta dejación de funciones tampoco hicieron, como
Mazón, uso del artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, que establece que la declaración de interés nacional de una
emergencia corresponde al ministro, por propia iniciativa, o a instancia de los
Delegados del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.
Mientras tanto, los otros tienen
campo libre para, inmunizados ante la responsabilidad, santificar los gales,
enterrar balsas de lodos, rodear el Congreso, o hacer lo propio con el
Parlamento Andaluz, para descarrilar avias, accidentar aviacos o spanaires
o provocar un apagón, para incendiar montes sin desbrozar, cegar barrancos o falconear
sin descanso haciendo flaco favor a la contención del cambio climático… seguramente
por aquello de la superioridad moral.
Volvamos al principio: la peligrosa
deriva que una parte de la sociedad ha emprendido, tirando de redes sociales y
sin esperar a los hechos probados por las autoridades judiciales, nos
precipitan a unas maltrechas relaciones de convivencia. El mesurado comunicado del Colegio Irlandesas de Loreto publicado en este
medio, además de expresar su profunda consternación, ofreciendo sus
condolencias a la familia, hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad
mientras se llevan a cabo las investigaciones y se ahonda en la necesidad de
proteger a sus alumnos de comentarios indeseables.
La lógica y humana indignación por la
muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de
violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando
responsabilidades a diestra, que no a siniestra, del equipo directivo del
centro -concertado, continúa insistiéndose-.
El infortunio de Sandra no puede -no debe- llevar a la destrucción de otras vidas. Lo que no hemos querido para ella no podemos -no debemos- desearlo para otras personas físicas y jurídicas que, hasta que una sentencia firme no lo establezca, deben disfrutar de la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 de nuestra Constitución.
