Sevilla FC: vender es lo fácil; unirse sería el verdadero acto de sevillismo

 

25/05/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo 

“El gran cáncer del club ha sido -y continúa siendo- la división. El Sevilla de los éxitos ha quedado finalmente atrapado entre “políticas mezquinas” y luchas personales que impiden cualquier proyecto estable”

El sevillismo lleva años atrapado en una guerra accionarial que ha desgastado la imagen, el rendimiento deportivo del club y, lo que es peor, la estabilidad, poniendo en grave riesgo su futuro. Hijos contra padres, aliados antiguos convertidos en acérrimos enemigos, fondos extranjeros de quita y pon, juntas de accionistas convertidas en trincheras y una afición tan exhausta como inquebrantable viendo cómo el debate dejó hace tiempo de ser fútbol, títulos y clasificaciones europeas para devenir en espurias luchas por el poder.

Y, sin embargo, en medio de ese escenario irreconciliable, ha ocurrido algo sorprendente para el gran público, no para los conocedores del eterno Sevilla FC: todos han sido capaces de ponerse de acuerdo para vender.

Ese detalle, que podría parecer menor, es en realidad colosal. Porque demuestra que, cuando el dinero aparece sobre la mesa, las diferencias cainitas desaparecen. Familias, amigos y eternos enemigos enfrentados durante años, bloques que no podían compartir ni una caña de cerveza, accionistas incapaces de consensuar una hoja de ruta económica y deportiva… todos han encontrado un punto común para hacer caja.

La pregunta resulta inevitable: si han sido capaces de unirse para vender el Sevilla FC, ¿por qué no vuelven a hacerlo para ponerlo a salvo de especuladores o de ignotos inversores?

La operación impulsada alrededor de Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital ha sido presentada como la gran solución para el club. Pero cuanto más se conoce, más dudas parecen surgir. Incluso los protagonistas admiten incertidumbres sobre la capacidad financiera real de los potenciales compradores, sobre sus inconsistentes avales, sobre la complejidad jurídica que recae en muchos de los títulos en forma de embargos y pignoraciones de una parte del accionariado, la misma que se entrampó hasta el las cejas para su adquisición.

No había al menos hasta el día de ayer -eso dicen- un comprador inequívocamente sólido, transparente y contrastado que garantice estabilidad institucional y crecimiento deportivo. Lo que existe es una promesa. Y el Sevilla FC no está para promesas.

El club ya ha vivido el experimento del capital extranjero: 777 Partners dejó sospechas, enfrentamientos y una sensación permanente de inseguridad. Las acciones bloqueadas judicialmente en Estados Unidos y los problemas financieros del grupo terminaron convirtiendo aquella alianza en otro factor a sumar a la inestabilidad.

Durante decenios, el discurso de todos los sectores del sevillismo fue el mismo: “el club debe seguir siendo de los sevillistas”. Incluso desde dentro del consejo se rechazaba la entrada de socios sin control claro o modelos especulativos de propiedad. Ahora, sin embargo, conscientes de su incapacidad, parecen haberse impuesto la resignación y la calculadora.

Es cierto que la situación económica es más que delicada. También lo es que el deterioro deportivo ha sido alarmante en los últimos tiempos y que el modelo de gestión se ha agotado. Nadie puede negar esa realidad. Pero precisamente por eso resulta aún más doloroso que quienes han llevado a la institución hasta aquí pretendan hacer borrón y cuenta nueva sin intentar antes un último acuerdo por el propio Sevilla.

Con ser grave, el problema nunca fue únicamente económico. El gran cáncer del club ha sido -y continúa siendo- la división. El Sevilla de los éxitos ha quedado finalmente atrapado entre “políticas mezquinas” y luchas personales que impiden cualquier proyecto estable. Y esa percepción no ha cambiado. El sevillismo ha visto cómo cada facción parecía más preocupada por ganar una votación, incluso rozando la ilegalidad, que por construir un equilibrio perdurable.

Por eso, ante las dudas que ofrecían los inversores, al menos hasta ayer, haría falta hoy un gesto distinto. No un acuerdo para repartirse millones. Un acuerdo para reconstruir el Sevilla FC. Un pacto real entre las grandes familias accionariales. Un compromiso de estabilidad mínima. Una profesionalización de la gestión. Un consejo que piense más en la historia de Nervión -y en el legado de patrimonio, sangre, sudor y lágrimas de cientos de miles de recordados sevillistas- que en el rédito accionarial. Un proyecto económico serio antes de entregar el club a un comprador del que nadie -según cuentan- puede asegurar su solvencia a medio plazo.

Porque vender el Sevilla es irreversible. Y porque cuando un club pierde su identidad institucional, recuperarla cuesta décadas si no se pierde para siempre.

El sevillismo no necesita héroes financieros ni operaciones grandilocuentes. Necesita, como ya ha habido ocasión de disfrutar, de dirigentes capaces de entenderse y de entender que el Sevilla FC es más importante que uno cualquiera de sus accionistas.

Si han sido tan valientes para sentarse todos juntos y firmar una venta, deberían ser todavía más sevillistas para sentarse todos juntos y decidir no vender. Mientras no exista un comprador verdaderamente fiable, solvente y transparente, quizá el mayor acto de sevillismo no sea marcharse, quizá sea quedarse.

Y en éstas… desperté.

La cortina náutica. Romance

 

Por La Moncloa suspiran

ministros de gesto grave,

que cada martes preguntan

¿qué otros sumarios airaren?

 

Que si un juez pide papeles,

que si un socio ya no vale,

que si el telediario truena

en tambor de carnavales.

 

Pedro asoma a la ventana

con semblante de almirante:

“¿No hay decreto que me tape

este chaparrón constante?”

 

Y en Ferraz van los ujieres

como monjes por el claustro,

contando sentencias y autos

igual que ovejas sin pasto.

 

Uno propone comisiones,

otro sugiere debates,

y un asesor muy nervioso

susurra por los pasillos…

 

¡Hace falta ya una dana

que eclipse todo al instante!;

un meteorito, un ovni,

… o un barco muy inquietante.

 

Y apareció en lontananza,

según cuentan los vigías,

un navío misterioso

de muy incierta mercancía.

 

“Trae hantavirus”, murmuran

tertulianos, tal vez alcaldes,

mientras una España entera

olvida jueces y fraudes.

 

Las cadenas interrumpen

el control parlamentario,

para mostrar en directo

cada olita de escenario.

 

Ya Sánchez, desde cubierta,

argumentario mediante,

brinda tranquilo pensando

cuánto distrae un desastre.

 

Mas el pueblo, viejo zorro,

que ya vio muchos disfraces,

pregunta entre risotadas

Y mañana… “¿nos ofreces…?”

 

Porque en política sociata,

según reza el catecismo,

cuando arrecian los problemas

se tira de fanatismo.

 

Paco Romero

Caldo de pucherazo

 

05/05/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“El problema es que la propia historia del PSOE en asuntos electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto”

 

El pucherazo consistía -así, en pretérito imperfecto- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardaban en los “pucheros”, entendidos como las “vasijas de barro o de otros materiales, con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, una sola asa junto a la boca, y, por extensión, otros tipos de vasija”, tal y como recoge el diccionario de la RAE.

Si reproches e invectivas ha generado la Ley de Memoria Democrática: los nuevos oriundos de la pasada semana, agarrémonos fuerte que las curvas ya se otean en el inmediato horizonte.

La petición de la Fiscalía -informa The Objective- de imputar por presunto fraude electoral (irregularidades en 32 solicitudes de voto por correo en Albaida del Aljarafe durante las municipales de 2019) a Rocío López, teniente de alcalde del municipio y Secretaria de Infancia del PSOE sevillano, ha reavivado un debate incómodo sobre la calidad democrática en España en un momento especialmente sensible. No se trata únicamente de un caso local ni de una cuestión estrictamente judicial: la controversia se inserta en un clima político enrarecido donde confluyen decisiones de gran calado institucional, discursos de deslegitimación preventiva y una creciente desconfianza ciudadana basada en la aversión a los indignos comportamientos que a diario se vienen mostrando, en directo o en diferido, desde las salas del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de la Ramón Rubial en Ferraz.

Según se ha conocido, el Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar, además de a otros involucrados, a la concejal albaideja por supuestas anomalías vinculadas a procesos electorales. Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer, la dimensión política del caso resulta innegable, especialmente por la doble condición de la afectada como cargo municipal y dirigente orgánica en una estructura provincial relevante, la socialista. La reacción de su partido, que ha optado por el silencio, contrasta con la contundencia de la oposición, que ha encontrado en este episodio un argumento más para cuestionar el afecto hacia la legalidad del socialismo patrio.

El contexto en el que emerge este caso es particularmente significativo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó recientemente que, hasta el 31 de marzo de 2026, casi dos millones y medio de personas (el proceso sigue abierto) han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Este dato, de enorme impacto demográfico y político, refleja el alcance de una norma que dice buscar -así lo venden- una reparación de agravios históricos pero que también -y no cabe duda de que ése es el principal motivo, conocido ya el trápala muñidor de La Moncloa- tiene implicaciones contemporáneas, especialmente en términos de la pretendida ampliación a la carta del censo electoral o de la teoría del reemplazo como ya ha anunciado la líder podemita, Irene Montero.

Es aquí donde las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, adquieren relevancia: su advertencia de que el presidente Pedro Sánchez intentará “robar” las elecciones de 2027 mediante el control de la televisión pública y el CIS no solo eleva el tono del debate, sino que podría introducir, si finalmente no se sustancia, un elemento de deslegitimación anticipada de futuros resultados electorales.

Si bien conviene subrayar que España cuenta con mecanismos robustos de supervisión electoral y con instituciones independientes encargadas de garantizar la transparencia, la percepción ciudadana no siempre se rige por los mismos parámetros que la legalidad formal. En un entorno mediático fragmentado y altamente polarizado, la reiteración de acusaciones -aunque carezcan de respaldo probatorio- tiene efectos duraderos. El problema es que la propia historia del PSOE en tramas electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto.

La combinación de estos factores -un caso judicial que afecta a una dirigente socialista, un aumento significativo de inminentes nuevos ciudadanos españoles y un discurso político que cuestiona la neutralidad institucional- configura un escenario complejo. Por un lado, existe el riesgo de que casos individuales sean instrumentalizados para generalizar sospechas sobre el conjunto del sistema. Por otro, la proliferación de mensajes que ponen en duda, con más o menos pruebas, la limpieza de los procesos electorales puede erosionar la confianza pública, un pilar esencial de cualquier democracia consolidada. Confrontar ambos aspectos debería resultar fácil si la dirección de Ferraz no fuera, como la de La Casa Blanca, un ejemplo de manual de trastorno antisocial de la personalidad.

El caso de Albaida, en este sentido, actúa como catalizador de tensiones preexistentes. Si finalmente se confirma la existencia de ilegalidades (delito electoral), el impacto político será considerable y obligaría -así, en condicional- a una revisión interna en el seno del PSOE, algo que se vislumbra imposible en el lodazal en que ha convertido al histórico partido el enamorado esposo de Begoña.

Aunque el proceso de concesión de nacionalidad sigue unos criterios legales establecidos y no implica automáticamente la incorporación inmediata al cuerpo electoral, sí que estará vigente para los comicios de 2027 con su inscripción en el Registro Civil y el alta en el censo electoral (en el CERA como residentes en el extranjero). La magnitud de las solicitudes y el empacho de Sánchez de agotar la legislatura sin aprobar un solo presupuesto, no deja de ser un poderoso argumento para alimentar sospechas sobre posibles alteraciones del equilibrio político.

Más allá del desenlace judicial, lo relevante es la necesidad de preservar un debate público basado en hechos verificables y no en sospechas generalizadas. La democracia no solo se sustenta en normas e instituciones, sino también en la confianza compartida de que el juego político se desarrolla dentro de reglas aceptadas por todos. Cuando esa confianza se resquebraja el coste es difícil de revertir. ¡Y en estas andamos!

En los próximos meses, a medida que avance tanto la investigación judicial como el proceso de concesión de nacionalidades y se acerque la convocatoria de las elecciones en 2027 (cerca de tres millones de nuevos compatriotas, distantes un océano, compartirán censo con nosotros), será crucial observar si los actores políticos optan por rebajar la confrontación o, por el contrario, profundizan en una estrategia de polarización. De esa elección dependerá en buena medida la salud del sistema democrático en España.

¿El pucherazo consiste -así, en presente de indicativo- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardan por decenas en la misma casa? ¿En pucheros o en Correos?

Ley de Memoria Democrática: los nuevos oriundos

 

28/04/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “El aterrizaje más sonado fue sin duda el del jugador Adorno (futbolista sudamericano de la época), que cuando llegó para fichar por el Real Club Celta de Vigo soltó la recordada frase: mi abuelo nació en Celta de Vigo”

 La Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, incluye (en su disposición adicional octava) una vía extraordinaria para obtener la nacionalidad española por descendencia sin exigir la residencia en España. En concreto estipula la ya conocida como ley de nietos:

1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura).

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

Efectivamente, el Consejo de Ministros (9 de julio de 2024) acordó ampliarlo un año más, por lo que el plazo para ejercer ese derecho finalizó el 21 de octubre de 2025, fecha de facto ampliada por acumulación de citas.

Hasta aquí la letra (negro sobre blanco) de la ley. ¿Cuál ha sido el resultado y cuáles las consecuencias?

España vive hoy un fenómeno administrativo e histórico de gran magnitud: se han recibido más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad vinculadas al exilio por la citada ley. A primera vista, puede parecer un proceso estrictamente jurídico, pero en realidad conecta con viejas preguntas: quienes somos, quiénes pertenecen y en qué condiciones.

No es la primera vez que el país revisa sus fronteras simbólicas. Hace medio siglo, el fútbol ya había abierto un debate similar con la llegada de los llamados “oriundos”. Por entonces, la Federación Española de Fútbol (no existía la Liga de Fútbol Profesional) solo admitía a dos extranjeros por club y extranjeros eran todos los que no habían nacido en España. Pero hete aquí que inventaron un subterfugio para que los clubes pudieran fichar jugadores hispanoamericanos con ascendencia española. Así, centenares de sudamericanos inundaron el fútbol español, algunos con más tipo de picador en la maestrante calle Iris que de deportista medianamente profesional; los intermediarios hicieron su particular agosto, pero era tal la incompetencia de la mayoría de jugadores aterrizados que (hecha la ley, hecha la trampa) comenzaron a venir jugadores de mayor calidad a costa del falseamiento de partidas de nacimiento y de pasaportes. El aterrizaje más sonado fue sin duda el del jugador Adorno (futbolista sudamericano de la época), que cuando llegó para fichar por el Real Club Celta de Vigo soltó la recordada frase: “mi abuelo nació en Celta de Vigo”.

Para las elecciones generales de 2027, ésas que se niega a adelantar el inquilino monclovita, el censo electoral contará con -casi- tres millones de nuevos votantes que podrán decidir sin sobresaltos los destinos de España desde su silla de Guayaquil, Monterrey, La Habana o Buenos Aires…

Los dos fenómenos -separados por décadas y contextos muy distintos- comparten un elemento central, la flexibilidad del concepto de nacionalidad: en el caso del exilio se amplía para incluir a quienes fueron excluidos por circunstancias históricas, en el fútbol de los oriundos, se adaptó para tratar de mejorar el nivel competitivo sin romper formalmente las reglas, aunque éstas acabaran hechas añicos.

En ambos casos, la “sangre” o la ascendencia actúan como puente legal y simbólico. La nacionalidad deja de ser solo un hecho de nacimiento o residencia para convertirse en algo heredado y reinterpretado.

Finalmente, tanto las oficinas de extranjería ahora, como los despachos de los clubes de fútbol hace más de medio siglo, han tenido que responder a la misma cuestión: qué significa ser español. La respuesta nunca ha sido fija. Cambia según el contexto, las necesidades y las prioridades de cada época. Ayer fue el fútbol el que ensayó fórmulas flexibles para llenar los bolsillos de los dirigentes; hoy es la política quien revisa el pasado para redefinir el presente y asegurarse el futuro.

Y en los dos casos, la conclusión parece clara: la identidad nacional, lejos de ser un concepto rígido, es una construcción en constante negociación por gente sin escrúpulos a la búsqueda de su único beneficio, en este caso la continuidad en la poltrona. De esta forma se hace uso de la Teoría del Reemplazo popularizada por el escritor francés Renaud Camus de la que ya presumen nuestros dirigentes: las poblaciones europeas (y, en general, las occidentales) están siendo sustituidas por inmigrantes, especialmente de África o de países musulmanes; a ello, en España, súmense los casi tres millones de nuevos votantes que incorporará la recurrente Ley de Memoria Democrática.

El desmadre futbolístico de pasaportes, visados y contratos falsos acabó destapando el entramado y, precipitadamente, los proclamados futbolistas sevillistas, béticos, o celtiñas desde chiquititos comenzaron a salir tal y como llegaron.

El que siga pensando que el ínclito Sánchez tiene fecha de caducidad y que los pucherazos son imposibles en un sistema moderno y democrático como el nuestro, que se empape de todo lo anterior. ¿O conocen a alguien capaz de destapar este otro entramado?

La indignación selectiva alrededor del fútbol

 

22/04/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“La consistencia en la condena de cualquier forma de odio -sea por motivos religiosos, identitarios o políticos- es una condición necesaria para sostener un discurso público creíble, del que queda lejos el wokismo”

 

El fútbol español vuelve a colocarse en el centro de un debate incómodo, no tanto por lo que ocurre sobre el césped como por lo que se canta en la grada. En cuestión de días, varios episodios han reabierto una discusión conocida pero nunca resuelta: la coherencia -o su ausencia- en la condena pública de determinados comportamientos.

Por un lado, el cántico “musulmán el que no bote” desató una reacción inmediata. Instituciones, medios y representantes políticos tardaron apenas cinco minutos en señalar su carácter discriminatorio. Se anunció la activación de mecanismos legales y se apeló, una vez más, a la necesidad de erradicar el racismo del deporte. La contundencia fue, en términos generales, extravagante.

Sin embargo, el propio contexto futbolístico ofrece ejemplos que invitan a matizar. En ciudades como Sevilla es habitual escuchar en los estadios expresiones  parejas como “sevillista/bético el que no bote”, en referencia a los aficionados de sus clubes profesionales. Se trata de un cántico clásico de rivalidad, asumido como parte del folclore del fútbol, que nunca ha generado acusaciones de xenofobia ni ha provocado reacciones institucionales. La diferencia, ahora, se pretende hacer radicar en el objeto del cántico: “no es lo mismo una identidad deportiva que una religiosa”. Sin embargo, el contexto es idéntico (un estadio de fútbol), la estructura semejante (no botan, no gozan, no se divierten los seguidores rivales), y ese paralelismo basta para explicar por qué los sectores menos influenciables de la sociedad perciben cierta sobrerreacción en unos casos y normalización en otros.

Por otro lado, la polémica surgida por los cánticos de aficionados de la Real Sociedad en Sevilla, con la controvertida referencia a ETA, tiene para la progresía rampante una percepción distinta. Más matizada, más ambigua, más dependiente del contexto lingüístico o cultural. Para estos, se trata de un juego de palabras en euskera; para los moralmente inferiores pero con una dotación normal de materia gris, una alusión inaceptable a una organización terrorista cuya huella criminal, rebautizada a conveniencia, sigue siendo profunda en la sociedad española.

La diferencia en la intensidad de la reacción no puede explicarse únicamente por el contenido de los cánticos. Ambos tocan elementos sensibles: unos, la identidad y la religión; el otro, la memoria del terrorismo. Sin embargo, el tratamiento público no ha sido equiparable. Y ahí es donde emerge una cuestión más amplia: la existencia de una jerarquía implícita de indignaciones.

El contraste con cánticos como “sevillista/bético el que no bote” introduce un matiz importante: no toda consigna excluyente es automáticamente percibida como discriminatoria. El contexto, el grupo al que se dirige y la carga histórica del término son determinantes. La rivalidad deportiva se tolera como parte del espectáculo, sencillamente porque viene de lejos y la tenemos asumida; la referencia religiosa protagonizada por los ignaros cantarines, no. Y la tolerancia política, como en el caso de ETA, abre un terreno gris a la ambigüedad donde la condena no es que pierda contundencia, es que no se produce.

En este contexto de condenas y matizaciones, el lenguaje político, que al fin y a la postre es el usado, desempeña un papel relevante. Así, expresiones como “nos va la vida”, repetidas en numerosas intervenciones por la candidata a palos, María Jesús Montero, reflejan una tendencia a elevar determinados debates a un plano de urgencia existencial.

La frase “nos va la vida” -original de Carmen Calvo el 8M de 2020 cuando animaba de ese modo a las mujeres a asistir a la manifestación y que, tras acabar en la UCI de la Ruber, bien pudo costársela a ella- busca movilizar, generar conciencia, subrayar la importancia de ciertas decisiones colectivas. Pero su uso reiterado también plantea una pregunta inevitable: ¿qué temas merecen ese nivel de dramatización y cuáles no?

Cuando la gravedad se distribuye de forma desigual, el discurso público corre el riesgo de perder coherencia. Si todo es urgente, nada lo es realmente. Y si solo algunas cuestiones se presentan como vitales, el criterio deja de parecer universal para volverse selectivo.

El fútbol, con su capacidad de amplificación, actúa como un espejo de estas tensiones. Lo que sucede en las gradas no es un fenómeno aislado, sino una prolongación de debates sociales más amplios. Los cánticos no nacen en el estadio: se gestan en el clima cultural, político y mediático que nos rodea.

Por eso, la cuestión de fondo no es solo qué se canta, sino cómo reaccionamos ante ello. La consistencia en la condena de cualquier forma de odio -sea por motivos religiosos, identitarios o políticos- es una condición necesaria para sostener un discurso público creíble, del que queda lejos el wokismo y uno de sus máximos exponentes, mi Marixu. Porque, al final, la verdadera prueba no está en denunciar lo que resulta evidente, sino en mantener el mismo criterio cuando el contexto cambia sutilmente y se vuelve incómodo.

Rota: del no a la guerra a la paz del guerrero

 

03/04/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “La imagen es difícil de ignorar: pistas de aterrizaje que, según el relato oficial, no deben servir a determinados fines estratégicos, pero que siguen siendo perfectamente válidas para facilitar las escapadas presidenciales particulares”

En política, como en la vida, hay decisiones que se anuncian con toda la solemnidad y se practican con innegable flexibilidad. Algo así parece estar ocurriendo con la reciente postura del resiliente de La Moncloa respecto al uso de las bases militares estadounidenses en España, un asunto que, lejos de cerrarse con declaraciones contundentes en las dos orillas del Atlántico, ha terminado adquiriendo matices… curiosos.

Sánchez defendió con firmeza, de cara a sus adictos, la limitación del uso de estas instalaciones a los Estados Unidos para operaciones militares en la Guerra de Irán, apelando a la soberanía nacional y a esa necesidad de marcar perfil propio en el complejo tablero internacional. Sin embargo, la realidad -siempre menos disciplinada que los discursos- ha dejado al descubierto que, tras el ventajista anuncio, la base de Rota ha seguido desempeñando un papel activo en operaciones militares del Próximo Oriente.

La contradicción no sería especialmente llamativa en el terreno diplomático, donde los equilibrios suelen ser delicados, si no fuera por un detalle adicional que roza lo esperpéntico: el feroz opositor al uso de las bases por el ejército norteamericano ha venido a utilizar la de Rota como punto de acercamiento para sus desplazamientos privados -falcon mediante- al Palacio público de Las Marismillas, en pleno entorno de Doñana. ¡Felices y regaladas vacaciones!

Así, mientras el uso militar estadounidense se cuestiona de cara a su entusiasta público, la base militar mantiene su utilidad para viajes mucho más mundanos, aunque no por ello menos exclusivos. La imagen es difícil de ignorar: pistas de aterrizaje que, según el relato oficial, no deben servir a determinados fines estratégicos, pero que siguen siendo perfectamente válidas para facilitar las escapadas presidenciales particulares.

Este doble rasero, más allá de su carga simbólica, plantea los interrogantes de siempre sobre la coherencia entre discurso y práctica en la cabeza de Falconetti. Porque si algo ha demostrado la política reciente es que las decisiones no solo se juzgan por lo que se dice, sino también -y sobre todo- por lo que se hace.

En definitiva, la base de Rota se ha convertido en un ejemplo perfecto de esa elasticidad política que ha permitido restringir usos en teoría, mientras se han mantenido en la práctica. Una infraestructura que, dependiendo del contexto, puede ser cuestionada, tolerada o incluso convenientemente aprovechada para, sin despeinarse, transitar del no a la guerra a la merecida paz del guerrero.

Quizá no sea una contradicción, dirán algunos, sino simplemente una “cuestión de prioridades”; otra, dirá el resto. O quizá, como tantas veces, sea una muestra más de que en política, especialmente si hablamos del inquilino monclovita, las líneas rojas no siempre son tan rojas… ni tan siquiera líneas.

El sancho advenimiento

 

27/03/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“Tras una legislatura sin haber presentado, como obliga la Constitución, un solo presupuesto anual, ha sido directamente la elegida, la ungida por Sánchez, quien se ha revelado a los andaluces en toda su magnificencia y gloria”

El santo advenimiento en el contexto bíblico significa la llegada o venida del Mesías, Jesucristo, abarcando dos momentos clave: su primera venida humilde como hombre (Navidad) y su esperada segunda venida (Parusía) en gloria. En el cristianismo, simboliza la segunda venida de Jesucristo para el juicio final y la instauración del Reino de Dios.

María Jesús Montero -Marixu para los más cercanos- se nos ha revelado en el primer día de la precampaña andaluza como ese ser divino, deseado, omnipotente y anhelado por todos los andaluces. Sin embargo, tal revelación, contrariamente a La Biblia, no ha sido anunciada en libro conocido del novísimo testamento: ninguno de los profetas de La Sexta, TVE, SER, El País, Diario Público, elDiario.es o El Socialista, nos predijo el sancho advenimiento, esta nueva verdad divina que llama a Andalucía a una nueva moralidad y al arrepentimiento por haber -haec sunt peccata mea- votado a la derecha.

Tras una legislatura sin haber presentado, como obliga la Constitución, un solo presupuesto anual, ha sido directamente la elegida, la ungida por Sánchez, quien se ha revelado a los andaluces en toda su magnificencia y gloria, autoproclamándose como “una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder…”.

Con este endiosamiento -y aún peor, pregonado en tercera persona- María Jesús pretende hacernos olvidar la realidad: su condición de candidata a palos forzada por el patriarca monclovita.

Se conoce como autoensalzamiento la tendencia psicológica a resaltar aspectos positivos propios y atenuar los negativos para mantener o elevar la autoestima. Esta motivación busca proteger la autoimagen, aunque puede derivar en una percepción distorsionada al límite con la arrogancia. Su objetivo principal es aumentar el bienestar, la confianza y mejorar la imagen personal ante uno mismo y los demás; pero tiene riesgos, el principal convertirse en autoengaño, dañar relaciones sociales al mostrarse arrogante y, finalmente, causar un mayor malestar emocional si la realidad contradice la imagen pretendida.

Ser el Mesías significa ser el elegido de Dios, una figura central de salvación, liberación y redención en el judaísmo y en el cristianismo. En el ámbito religioso, representa al rey, líder o profeta prometido que trae la paz, justicia y redención a Israel o a la humanidad. Pero también se usa para referirse a alguien en quien se confía ciegamente para resolver crisis… pero eso deben decirlo los “confiados”, en ningún caso la mismísima profeta en quien se dice confiar.

Hablar de uno mismo en tercera persona, en ocasiones, se interpreta en Psicología como un intento de distanciamiento de sus propias emociones o experiencias y se usa como mecanismo de defensa o de autorregulación; también como síntoma de una autoconciencia elevada propia de quien se observa a sí mismo “desde fuera” como si se tratara de un personaje; y, finalmente, se usa constantemente para engrandecerse y asociado a rasgos del Trastorno Narcisista de la Personalidad, lo que no es de extrañar viniendo de donde viene… Todos estos síntomas serían preocupantes si se usaran de forma compulsiva, lo que no parece aún, o si vinieran acompañados de una desconexión de la realidad, lo que resulta absolutamente incuestionable desde sus vivencias en la atalaya monclovita de la que está a punto de ser desahuciada.

Trenes, infamia y asco

 

23/01/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“La revancha nunca es bienvenida. No puede consentirse ese impulso complejo y primario que surge tras sentirse una injusticia, humillación o traición, y que busca restaurar un equilibrio emocional o justicia personal o colectiva, devolviendo el sufrimiento al agresor primario”

Con ocasión del triste final de Sandra el pasado octubre en Sevilla, ya tuvimos ocasión de referirnos a ese tan insignificante como repugnante segmento de la nación que antepone sus ideales a la verdad oficial, la dimanante de investigaciones o procedimientos, arrimando el ascua a la sardina de sus ídolos públicos y desertando de la atención a las víctimas que son las que siempre precisan afecto, especialmente en esos primeros momentos de desdichas tan rayanos al duelo.

Los recientes accidentes ferroviarios, en especial el de Adamuz (ensalzable comportamiento el de sus vecinos), nos han mostrado a una despreciable -en calidad y cantidad- parte de la otra España, la misma que pretende tomarse la “revancha de los muertos” que, regular e históricamente, le han echado encima a resultas de todas y cada una de las desdichas sufridas en distintos periodos de gobierno antagónico. Un país deserta de la libertad cuando sus nacionales, o parte de ellos, abrazan el pensamiento único, desprecian el propio y se limitan a repetir las consignas del argumentario diario y en esas estamos.

Al grito de “¡queremos saber!”, las calles se han inundado en multitud de ocasiones, no con ansia esclarecedora a la búsqueda de la verdad, sino con una avaricia y grado de violencia vengativos rayanos en lo criminógeno. A vuelapluma: en 1995, cuando en el pozo asturiano de San Nicolás se produjo una explosión de grisú que causó 14 muertos entre los mineros; a los que, al año siguiente en Asturias y León, se sumaron cuatro mineros más; en 2002 cuando el petrolero Prestige se partió e incendió frente a la costa de Galicia, con gran daño medioambiental; también en 2003 con el accidente del avión de transporte militar ruso Yakovlev Yak-42 que trasladaba militares españoles desde Afganistán a España y que se estrelló en Turquía con el resultado de 62 militares españoles fallecidos; el 11 de marzo de 2004 en Madrid con el mayor atentado terrorista en suelo europeo, 192 muertos; el accidente del Metro de Valencia de 2006 con 43 fallecidos; el accidente de julio de 2013 del Alvia en Santiago de Compostela que, pese a tratarse de una infraestructura acometida en tiempos del inefable Pepiño Blanco, reportó 79 fallecidos y, por último, la calamitosa dana mediterránea de octubre de 2024, con desastrosas consecuencias en Castilla-La Mancha, Andalucía y, especialmente, en Valencia… Y lo que te rondaré, morena.

Este cúmulo de movilizaciones tiene un principio y coincide con el Pacto del Tinell (el más sectario y dañino para la estabilidad política española suscrito por el tripartito catalán) que alzó a ZP a La Moncloa y una continuidad en forma de legado envenenado, asumido por Sánchez, que pretende desembocar en un abierto desafío entre españoles abusando de la ominosa arma del “¡y tú más!”.

Nunca antes se había contemplado un retorcimiento tan desmedido de los sentimientos más primarios de los españoles. Nadie, incluida la Justicia, echó los muertos del Gal en el tejado de un gobierno socialista. Nadie manchó las fachadas de los ministerios y consejerías andaluzas con lodos de la balsa de Aznalcóllar, nadie se atrevió a reprimir a los rodeadores del Congreso o del Parlamento Andaluz; nadie culpó penalmente a otros gobiernos socialistas por los descarrilamientos de alvias, o por los aviacos y spanaires estrellados, o por las consecuencias económicas y vitales de apagones tercermundistas, o de gravísimos incendios con víctimas mortales en montes sin desbrozar, o por cegar barrancos con resultados desastrosos, o por la gestión de la pandemia que originó los peores resultados de Europa en cifras de fallecidos, o por falconear sin descanso haciendo flaco favor a la contención del cambio climático… Nadie, seguramente porque una ciudadanía sensata y mayoritaria, aunque seguramente de “exigua moralidad” comparado con ellos, es capaz de comprender la trascendencia y las consecuencias de los imponderables que en una sociedad afanosa, moderna y dinámica pueden producirse. Llegará el momento de los tribunales y conoceremos la verdad; ése es el sistema que nos hemos dado, lo otro es barbarie.

El infortunio de Adamuz no puede -no debe- situar a una sociedad madura a la altura del sectarismo mostrado por especímenes indeseables. Si bien, los miserables siguen erre que erre (“el PSOE pide la comparecencia de Antonio Sanz en el parlamento para tratar de dar la vuelta a la tortilla de las responsabilidades”) en su particular búsqueda de responsabilidades, ha de quedar claro que la revancha nunca es bienvenida. No puede consentirse ese impulso complejo y primario que surge tras sentirse una injusticia, humillación o traición, y que busca restaurar un equilibrio emocional o justicia personal o colectiva, devolviendo el sufrimiento al agresor primario.

Todo ello no es óbice para hacer un ejercicio de creatividad mental y pensemos en qué sucedería en estos momentos si el gobierno fuera de diferente signo. Pero no, no todos somos ni podemos ser así.

La financiación traducida a la jerga socialista

 

19/01/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

 “Principio de ordinalidad: los ricos más ricos, y los pobres un poquito menos pobres a bordo de un tren en marcha, sin frenos y en dirección contraria a la justa redistribución, tan socialistas ambas palabrejas”

En los últimos días (“la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”) venimos disfrutando de la versión 3.0 de María Groucho Montero sobre la aplicación del principio de ordinalidad en el inmediato futuro del sistema de financiación de las CCAA; modelo que se permitió el lujo de anunciar el delincuente y amnistiado Oriol Junqueras, tras entrevistarse en La Moncloa con un presidente ya con apenas ropajes para tapar sus vergüenzas.

No es difícil de entender -ni siquiera para el progretariado- el fondo de la cuestión. Veamos:

Primero, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas es la ley básica que establece cómo se distribuyen los recursos estatales entre ellas. Lógicamente, se aprueba por las Cortes Generales y ha venido revisándose periódicamente cada 3-5 años o cuando hay cambios importantes en economía o población. Sin embargo, el sistema de reparto actual se sigue aplicando desde hace 17 años, con ocasión de la última actualización normativa dada por Ley 22/2009.

Segundo, ¿existe el principio de ordinalidad ahora puesto en boga por María Jesús? Sí, existe en economía y es un concepto importado del federalismo fiscal muy usado en Alemania, Suiza o Austria -¿les va sonando ahora?-, pero como un recurso, no como una ley obligatoria; como un criterio de los sistemas de igualación territorial en beneficio de los que más aportan y, naturalmente, en el caso español, contrario al principio constitucional de solidaridad interterritorial (art. 2 CE) y a la garantía de un equilibrio económico justo entre territorios (art. 138 CE) que no implique privilegios económicos y sociales.

Tercero, en política fiscal, hablar de ordinalidad significa lisa y llanamente que las comunidades que más aportan al sistema, después del reparto, no resulten peor financiadas que las que aportan menos. Más fácil: si antes era de las ricas, después del reparto obtendrá una cantidad por encima de las pobres.

Cuarto, para colmo, la ministra lo presenta como un principio técnico incuestionable, cuando en realidad es una decisión política, no una ley económica universal. Usa el término buscando una apariencia entre moderada y técnica en un intento desaforado de calmar a las comunidades que aportan más (Madrid, Baleares y Cataluña) y así no quedar en esta última (¡Pedro, por siete votos …!) como “atracadora de los ricos”, todo lo contrario que vende los fines de semana en Andalucia.

Quinto, si lo expresado todavía arrojara dudas, veamos un ejemplo para incondicionales de Barriosésamo: concibamos una simulación suponiendo una España de solo tres CCAA, repartiendo 100 millones entre Madrid, Cataluña y Andalucía en función del peso poblacional:

Paso 1 - Peso poblacional aproximado en cifras absolutas y porcentajes aprox.:

Conjunto          23,5 millones habitantes                      100%.

Madrid              6,9 millones habitantes            29% de la población.

Cataluña          8,0 millones habitantes            34% de la población.

Andalucía         8,6 millones habitantes            37% de la población.

Paso 2 - Reparto de 100 millones con el sistema redistributivo (actual):

Madrid             recibe 27 millones €                 3,91 € por habitante.

Cataluña          recibe 30 millones €                 3,75 € por habitante.

Andalucía         recibe 43 millones €                 5,00 € por habitante.

Claramente, Andalucía, región más poblada de las tres, recibe mucho más por habitante.

Paso 3 - Reparto de 100 millones con principio de ordinalidad (pactado entre Sánchez y Junqueras al margen de las otras 16 CCAA):

Madrid             recibe 32 millones €                 4,64 € por habitante.

Cataluña          recibe 35 millones €                 4,37 € por habitante.

Andalucía         recibe 33 millones €                 3,83 € por habitante.

Efectivamente, Andalucía continuaría siendo amparada, pero sin llegar a superar en recursos per cápita ni a Cataluña ni a Madrid, resultando herido de muerte el principio de solidaridad interterritorial: los ricos más ricos, y los pobres un poquito menos pobres a bordo de un tren en marcha, sin frenos y en dirección contraria a la justa redistribución, tan socialistas ambas palabrejas.

Sexto, concibamos otra posibilidad en esa España de solo tres CCAA, ahora en función de la generación de riqueza:

Paso 1 - Euros generados por habitante en cifras absolutas e índices aprox. (media española = 100):

Madrid             6.800 € por habitante               135

Cataluña          6.100 € por habitante               120

Andalucía         4.300 € por habitante               85

 

Paso 2 - Recursos a recibir con el sistema redistributivo (actual):

Madrid             5.100 € por habitante   101-103               1.700 € menos que lo generado

Cataluña          4.950 € por habitante   98-100                 1.150 € menos que lo generado

Andalucía         5.200 € por habitante   103-105               900 € más que lo generado

Palmariamente, Andalucía, región menor generadora de riqueza de las tres, recibe un poco más por habitante que las otras dos.

 

Paso 3 - Recursos a recibir con principio de ordinalidad (obra de Sánchez y Polifemo):

Madrid             5.800 € por habitante               115                  700 € menos que lo generado

Cataluña          5.500 € por habitante               110                  600 € menos que lo generado

Andalucía         5.100 € por habitante               102                  800 € más que lo generado

En este caso, Andalucía significativamente recibe menos financiación que las otras dos regiones ricas.

Debe seguirse haciendo hincapié en que Madrid sería la comunidad autónoma más beneficiada si se implantara el principio de ordinalidad. Contrariamente a la izquierda republicana catalana y al socialismo español, el gobierno de Ayuso sigue apostando por una redistribución justa de la riqueza entre los territorios de España, como seguramente habrán escuchado en Mañaneros, en La 1 de RTVE.

Hoy mismo, en su sofá favorito, Sánchez escuchará, de Feijóo, por su oído derecho que “los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles”, de acuerdo con un proyecto común de nación en base a la solidaridad, la autonomía fiscal, la suficiencia financiera, la igualdad, la lealtad institucional y el máximo respeto a la Constitución. Ni que decir tiene que el oído izquierdo del personaje disipará en milisegundos todo el discurso.

Conclusión: El principio de ordinalidad no viene definido como obligatorio en ley alguna, es exclusivamente un criterio teórico de financiación que pretende que la posición de privilegio de una comunidad autónoma en ingresos se refleje en lo que recibe en aportaciones. Por su parte, Marixu divaga vendiéndonos que no es un mandato obligatorio para todas las regiones mientras reconoce que el diseño “tiende” a él. Y en medio de todo, lo único que entiende la izquierda: la moqueta y los sillones de La Moncloa, que no la gobernabilidad de España.