28/04/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo
1. Los nacidos fuera de España de
padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido
españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones
políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual,
hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la
nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.
Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
a) Los hijos e hijas nacidos en el
exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con
extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
b) Los hijos e hijas mayores de edad de
aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en
virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en
la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre (por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura).
2. En todos los supuestos, esta
declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros
podrá acordar su prórroga por un año.
Efectivamente, el Consejo de Ministros (9
de julio de 2024) acordó ampliarlo un año más, por lo que el plazo para ejercer
ese derecho finalizó el 21 de octubre de 2025, fecha de facto ampliada por
acumulación de citas.
Hasta aquí la letra (negro sobre blanco)
de la ley. ¿Cuál ha sido el resultado y cuáles las consecuencias?
España vive hoy un fenómeno
administrativo e histórico de gran magnitud: se han recibido más de dos
millones y medio de solicitudes de nacionalidad vinculadas al exilio por la
citada ley. A primera vista, puede parecer un proceso estrictamente jurídico,
pero en realidad conecta con viejas preguntas: quienes somos, quiénes pertenecen
y en qué condiciones.
No es la primera vez que el país revisa
sus fronteras simbólicas. Hace medio siglo, el fútbol ya había abierto un
debate similar con la llegada de los llamados “oriundos”. Por entonces, la
Federación Española de Fútbol (no existía la Liga de Fútbol Profesional) solo
admitía a dos extranjeros por club y extranjeros eran todos los que no habían
nacido en España. Pero hete aquí que inventaron un subterfugio para que los
clubes pudieran fichar jugadores hispanoamericanos con ascendencia española.
Así, centenares de sudamericanos inundaron el fútbol español, algunos con más
tipo de picador en la maestrante calle Iris que de deportista medianamente
profesional; los intermediarios hicieron su particular agosto, pero era tal la
incompetencia de la mayoría de jugadores aterrizados que (hecha la ley, hecha
la trampa) comenzaron a venir jugadores de mayor calidad a costa del
falseamiento de partidas de nacimiento y de pasaportes. El aterrizaje más sonado
fue sin duda el del jugador Adorno (futbolista sudamericano de la época),
que cuando llegó para fichar por el Real Club Celta de Vigo soltó la recordada
frase: “mi abuelo nació en Celta de Vigo”.
Para las elecciones generales de 2027,
ésas que se niega a adelantar el inquilino monclovita, el censo electoral
contará con -casi- tres millones de nuevos votantes que podrán decidir sin
sobresaltos los destinos de España desde su silla de Guayaquil, Monterrey, La
Habana o Buenos Aires…
Los dos fenómenos -separados por décadas
y contextos muy distintos- comparten un elemento central, la flexibilidad del
concepto de nacionalidad: en el caso del exilio se amplía para incluir a
quienes fueron excluidos por circunstancias históricas, en el fútbol de los
oriundos, se adaptó para tratar de mejorar el nivel competitivo sin romper
formalmente las reglas, aunque éstas acabaran hechas añicos.
En ambos casos, la “sangre” o la
ascendencia actúan como puente legal y simbólico. La nacionalidad deja
de ser solo un hecho de nacimiento o residencia para convertirse en algo
heredado y reinterpretado.
Finalmente, tanto las oficinas de
extranjería ahora, como los despachos de los clubes de fútbol hace más de medio
siglo, han tenido que responder a la misma cuestión: qué significa ser español.
La respuesta nunca ha sido fija. Cambia según el contexto, las necesidades y
las prioridades de cada época. Ayer fue el fútbol el que ensayó fórmulas
flexibles para llenar los bolsillos de los dirigentes; hoy es la política quien
revisa el pasado para redefinir el presente y asegurarse el futuro.
Y en los dos casos, la conclusión parece
clara: la identidad nacional, lejos de ser un concepto rígido, es una
construcción en constante negociación por gente sin escrúpulos a la búsqueda de
su único beneficio, en este caso la continuidad en la poltrona. De esta forma
se hace uso de la Teoría del Reemplazo popularizada por el escritor
francés Renaud Camus de la que ya presumen nuestros dirigentes: las
poblaciones europeas (y, en general, las occidentales) están siendo sustituidas
por inmigrantes, especialmente de África o de países musulmanes; a ello, en
España, súmense los casi tres millones de nuevos votantes que incorporará la
recurrente Ley de Memoria Democrática.
El desmadre futbolístico de pasaportes,
visados y contratos falsos acabó destapando el entramado y,
precipitadamente, los proclamados futbolistas sevillistas, béticos, o
celtiñas desde chiquititos comenzaron a salir tal y como llegaron.
El
que siga pensando que el ínclito Sánchez tiene fecha de caducidad y que los pucherazos
son imposibles en un sistema moderno y democrático como el nuestro, que se
empape de todo lo anterior. ¿O conocen a alguien capaz de destapar este otro
entramado?
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