Comparto con vosotros la
reflexión-indignación que he enviado al diario El Mundo y que ha publicado
hoy:
¿Escrache a la Consejera Cortés?
En estos días se cumplen 15 meses de la
firma del contrato de compraventa de mi vivienda de protección oficial que, de
acuerdo con los requisitos de la Orden de 26 de enero de 2010 sobre desarrollo
del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, suscribí con mi promotora.
El citado contrato, visado por la
entonces denominada Consejería de Obras Públicas y Vivienda, me reconoció la
opción a diversas ayudas para la subsidiación del préstamo convenido:
-
Subsidiación estatal: 100 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo
durante un periodo de 5 años a las unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5
veces el IPREM,
prorrogable en las condiciones que se establecen por otros dos periodos
iguales, más un incremento de 55 euros por cada 10.000 euros de préstamo
durante el mismo periodo por pertenecer a un colectivo con derecho a protección
preferente.
- Subsidiación autonómica: 250 euros al
año por cada 10.000 euros de préstamo durante un periodo de 5 años, prorrogable
en las condiciones que se establecen por un periodo de igual duración.
- Subvenciones autonómicas: “una ayuda de 1.200
euros a las y los jóvenes para hacer frente a los gastos inherentes a la
adquisición de la vivienda” y otra “ayuda de 5.000 euros a las unidades
familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, cuando la vivienda
adquirida [como es el caso] esté ubicada en un municipio de precio máximo
superior”.
Pues
bien, desde el primer vencimiento el Estado viene cumpliendo escrupulosamente
su compromiso, abonando la ayuda convenida a la entidad prestadora hipotecaria.
Contrariamente, la Consejería de Fomento y Vivienda, mientras flirtea con el
populismo, ha desatendido desde el inicio sus obligaciones.
Al
día de hoy la Consejería mantiene una deuda conmigo de ocho mil euros por todos
los conceptos. La situación -mi caso es el de miles de ciudadanos andaluces- en
muchos casos deviene insostenible. La especial vulnerabilidad de nuestro colectivo
(jóvenes con primeros empleos en una región con el 53% de desempleo en nuestra
franja) acentúa negativamente nuestro día a día.
Mientras
cumplimos no sólo nuestra parte del pacto sino la que corresponde a doña Elena
Cortés, ésta se entretiene en medidas legislativas que parecen invitarnos a la
insumisión. Sin duda, atender a la “provocación” nos redundaría un provechoso
ahorro, eso sí a costa del común.
Pero
no: mientras podamos seguiremos observando nuestra responsabilidad, aunque
llegado el caso habrían de valorarse los beneficios que nos reportaría recurrir
a los “escraches”, tan del gusto de la Consejera, en un último intento de
exigirle lo que nos pertenece.
Fdo.: Francisco Javier Romero Fernández.
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