Más madera: El nuevo Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 y el Programa de Subvenciones de Construcción Sostenible
Vuelve a resurgir
algo la economía y nadie mejor que un político en permanente campaña electoral
para embaucar al prójimo tirando de populismo. Populismo que no tiene,
necesariamente, que calificarse siempre de podemita.
El Ministerio de
Fomento, tras hacer embarrancar el anterior, ha dado a conocer el borrador del
nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, centrándose en especial en la
rehabilitación y el alquiler, incrementando de 600 a 900 euros el coste máximo
de los alquileres subvencionables y sufragando hasta un 50 % de la renta.
Además prevé que el Estado (aportando un 80 %) y las Comunidades Autónomas (el
20 % restante) asuman el pago de hasta 400 euros de alquiler a personas
desahuciadas o a colectivos vulnerables.
Sin embargo, la
medida más inesperada ha llegado de la mano del anuncio estrella de una ayuda
de hasta 10.800 euros destinada a menores de 35 años para afrontar los gastos
de adquisición de su vivienda, libre o protegida, siempre que sus ingresos
anuales no superen los 22.000 euros. Y es imprevista porque fue el mismo
gobierno quien dictó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013. Norma
que, si bien, en plena crisis económica mantuvo las ayudas de subsidiación
reconocidas a la fecha de su entrada en vigor, impidió no solo nuevos reconocimientos
sino que -propiciando una expropiación de derechos en toda regla- negó
cualquier tipo de renovación, prórroga o subrogación previamente reconocidas
por los planes estatales de vivienda.
Es ahora, cuatro
años después, cuando el gobierno, en aras de la “inseguridad jurídica”,
relegando al olvido a casi 300.000 familias que sufren en sus bolsillos un
sobrecoste de entre 90 y 300 euros mensuales, pretende engatusar a otra caterva
de pardillos que pueden correr la misma suerte en el no improbable caso de que
las cuentas vuelvan a no cuadrar.
Pero que no venga
ahora la Junta de Susanidá a
convertirse en defensora de estos malparados, que no saque pecho la misma que
en Andalucía aplica con denuedo la citada disposición adicional culpando,
naturalmente, a “Madrid” mientras oculta que estapresidenta no necesitó disposición estatal alguna para
incumplir ya un lustro antes sus compromisos con los adquirentes de VPO en Andalucía, a los que les adeuda una cantidad
de 15.000 euros de promedio. Sí, a los mismos que, ilusionados entonces, se
embarcaron en un proyecto muy distinto al que finalmente, ilusos ahora, le han
endilgado.
Y hablando de
inseguridad jurídica (esta vez sin comillas), qué mejor ejemplo que el de esta
administración autonómica de nuestras culpas volviendo a endosar a la Agencia
Andaluza de la Energía, previa transferencia inicial de 75,6 millones de euros,
la gestión de ayudas millonarias para el programa de subvenciones de
“construcción sostenible”: ventanas, puertas, carpintería y cristalería de
última generación para no dejar escapar las calorías por los quicios de los
particulares, sin importar su situación económica, sin fiscalización previa ni
control por funcionarios como exige la ley. Esto es: 12.579 millones de las
antiguas pesetas que sumados a los 25.190 (destinados a los programas “pyme
sostenible” y “redes inteligentes”) elevarán a casi 40.000 millones de pesetas
-que hemos perdido ya la perspectiva- los fondos que gestionará personal regido
por el derecho laboral, en detrimento del personal funcionario.
Hace ya más de dos
años narré
en primera persona mis peripecias al respecto y anteayer se repitió la
historia al abrirse la nueva convocatoria en forma de lluvia de millones. ¡Que
siga la fiesta!
No hay comentarios:
Publicar un comentario