lunes, 25 de mayo de 2026

Sevilla FC: vender es lo fácil; unirse sería el verdadero acto de sevillismo

 



25/05/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo 

El gran cáncer del club ha sido -y continúa siendo- la división. El Sevilla de los éxitos ha quedado finalmente atrapado entre “políticas mezquinas” y luchas personales que impiden cualquier proyecto estable

El sevillismo lleva años atrapado en una guerra accionarial que ha desgastado la imagen, el rendimiento deportivo del club y, lo que es peor, la estabilidad, poniendo en grave riesgo su futuro. Hijos contra padres, aliados antiguos convertidos en acérrimos enemigos, fondos extranjeros de quita y pon, juntas de accionistas convertidas en trincheras y una afición tan exhausta como inquebrantable viendo cómo el debate dejó hace tiempo de ser fútbol, títulos y clasificaciones europeas para devenir en espurias luchas por el poder.

Y, sin embargo, en medio de ese escenario irreconciliable, ha ocurrido algo sorprendente para el gran público, no para los conocedores del eterno Sevilla FC: todos han sido capaces de ponerse de acuerdo para vender.

Ese detalle, que podría parecer menor, es en realidad colosal. Porque demuestra que, cuando el dinero aparece sobre la mesa, las diferencias cainitas desaparecen. Familias, amigos y eternos enemigos enfrentados durante años, bloques que no podían compartir ni una caña de cerveza, accionistas incapaces de consensuar una hoja de ruta económica y deportiva… todos han encontrado un punto común para hacer caja.

La pregunta resulta inevitable: si han sido capaces de unirse para vender el Sevilla FC, ¿por qué no vuelven a hacerlo para ponerlo a salvo de especuladores o de ignotos inversores?

La operación impulsada alrededor de Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital ha sido presentada como la gran solución para el club. Pero cuanto más se conoce, más dudas parecen surgir. Incluso los protagonistas admiten incertidumbres sobre la capacidad financiera real de los potenciales compradores, sobre sus inconsistentes avales, sobre la complejidad jurídica que recae en muchos de los títulos en forma de embargos y pignoraciones de una parte del accionariado, la misma que se entrampó hasta el las cejas para su adquisición.

No había al menos hasta el día de ayer -eso dicen- un comprador inequívocamente sólido, transparente y contrastado que garantice estabilidad institucional y crecimiento deportivo. Lo que existe es una promesa. Y el Sevilla FC no está para promesas.

El club ya ha vivido el experimento del capital extranjero: 777 Partners dejó sospechas, enfrentamientos y una sensación permanente de inseguridad. Las acciones bloqueadas judicialmente en Estados Unidos y los problemas financieros del grupo terminaron convirtiendo aquella alianza en otro factor a sumar a la inestabilidad.

Durante decenios, el discurso de todos los sectores del sevillismo fue el mismo: “el club debe seguir siendo de los sevillistas”. Incluso desde dentro del consejo se rechazaba la entrada de socios sin control claro o modelos especulativos de propiedad. Ahora, sin embargo, conscientes de su incapacidad, parecen haberse impuesto la resignación y la calculadora.

Es cierto que la situación económica es más que delicada. También lo es que el deterioro deportivo ha sido alarmante en los últimos tiempos y que el modelo de gestión se ha agotado. Nadie puede negar esa realidad. Pero precisamente por eso resulta aún más doloroso que quienes han llevado a la institución hasta aquí pretendan hacer borrón y cuenta nueva sin intentar antes un último acuerdo por el propio Sevilla.

Con ser grave, el problema nunca fue únicamente económico. El gran cáncer del club ha sido -y continúa siendo- la división. El Sevilla de los éxitos ha quedado finalmente atrapado entre “políticas mezquinas” y luchas personales que impiden cualquier proyecto estable. Y esa percepción no ha cambiado. El sevillismo ha visto cómo cada facción parecía más preocupada por ganar una votación, incluso rozando la ilegalidad, que por construir un equilibrio perdurable.

Por eso, ante las dudas que ofrecían los inversores, al menos hasta ayer, haría falta hoy un gesto distinto. No un acuerdo para repartirse millones. Un acuerdo para reconstruir el Sevilla FC. Un pacto real entre las grandes familias accionariales. Un compromiso de estabilidad mínima. Una profesionalización de la gestión. Un consejo que piense más en la historia de Nervión -y en el legado de patrimonio, sangre, sudor y lágrimas de cientos de miles de recordados sevillistas- que en el rédito accionarial. Un proyecto económico serio antes de entregar el club a un comprador del que nadie -según cuentan- puede asegurar su solvencia a medio plazo.

Porque vender el Sevilla es irreversible. Y porque cuando un club pierde su identidad institucional, recuperarla cuesta décadas si no se pierde para siempre.

El sevillismo no necesita héroes financieros ni operaciones grandilocuentes. Necesita, como ya ha habido ocasión de disfrutar, de dirigentes capaces de entenderse y de entender que el Sevilla FC es más importante que uno cualquiera de sus accionistas.

Si han sido tan valientes para sentarse todos juntos y firmar una venta, deberían ser todavía más sevillistas para sentarse todos juntos y decidir no vender. Mientras no exista un comprador verdaderamente fiable, solvente y transparente, quizá el mayor acto de sevillismo no sea marcharse, quizá sea quedarse.

Y en éstas… desperté.


sábado, 9 de mayo de 2026

La cortina náutica. Romance

 



Por La Moncloa suspiran

ministros de gesto grave,

que cada martes preguntan

¿qué otros sumarios airaren?

 

Que si un juez pide papeles,

que si un socio ya no vale,

que si el telediario truena

en tambor de carnavales.

 

Pedro asoma a la ventana

con semblante de almirante:

“¿No hay decreto que me tape

este chaparrón constante?”

 

Y en Ferraz van los ujieres

como monjes por el claustro,

contando sentencias y autos

igual que ovejas sin pasto.

 

Uno propone comisiones,

otro sugiere debates,

y un asesor muy nervioso

susurra por los pasillos…

 

¡Hace falta ya una dana

que eclipse todo al instante!;

un meteorito, un ovni,

… o un barco muy inquietante.

 

Y apareció en lontananza,

según cuentan los vigías,

un navío misterioso

de muy incierta mercancía.

 

“Trae hantavirus”, murmuran

tertulianos, tal vez alcaldes,

mientras una España entera

olvida jueces y fraudes.

 

Las cadenas interrumpen

el control parlamentario,

para mostrar en directo

cada olita de escenario.

 

Ya Sánchez, desde cubierta,

argumentario mediante,

brinda tranquilo pensando

cuánto distrae un desastre.

 

Mas el pueblo, viejo zorro,

que ya vio muchos disfraces,

pregunta entre risotadas

Y mañana… “¿nos ofreces…?”

 

Porque en política sociata,

según reza el catecismo,

cuando arrecian los problemas

se tira de fanatismo.

 


Paco Romero


martes, 5 de mayo de 2026

Caldo de pucherazo

 



05/05/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“El problema es que la propia historia del PSOE en asuntos electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto”

 

El pucherazo consistía -así, en pretérito imperfecto- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardaban en los “pucheros”, entendidos como las “vasijas de barro o de otros materiales, con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, una sola asa junto a la boca, y, por extensión, otros tipos de vasija”, tal y como recoge el diccionario de la RAE.

Si reproches e invectivas ha generado la Ley de Memoria Democrática: los nuevos oriundos de la pasada semana, agarrémonos fuerte que las curvas ya se otean en el inmediato horizonte.

La petición de la Fiscalía -informa The Objective- de imputar por presunto fraude electoral (irregularidades en 32 solicitudes de voto por correo en Albaida del Aljarafe durante las municipales de 2019) a Rocío López, teniente de alcalde del municipio y Secretaria de Infancia del PSOE sevillano, ha reavivado un debate incómodo sobre la calidad democrática en España en un momento especialmente sensible. No se trata únicamente de un caso local ni de una cuestión estrictamente judicial: la controversia se inserta en un clima político enrarecido donde confluyen decisiones de gran calado institucional, discursos de deslegitimación preventiva y una creciente desconfianza ciudadana basada en la aversión a los indignos comportamientos que a diario se vienen mostrando, en directo o en diferido, desde las salas del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de la Ramón Rubial en Ferraz.

Según se ha conocido, el Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar, además de a otros involucrados, a la concejal albaideja por supuestas anomalías vinculadas a procesos electorales. Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer, la dimensión política del caso resulta innegable, especialmente por la doble condición de la afectada como cargo municipal y dirigente orgánica en una estructura provincial relevante, la socialista. La reacción de su partido, que ha optado por el silencio, contrasta con la contundencia de la oposición, que ha encontrado en este episodio un argumento más para cuestionar el afecto hacia la legalidad del socialismo patrio.

El contexto en el que emerge este caso es particularmente significativo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó recientemente que, hasta el 31 de marzo de 2026, casi dos millones y medio de personas (el proceso sigue abierto) han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Este dato, de enorme impacto demográfico y político, refleja el alcance de una norma que dice buscar -así lo venden- una reparación de agravios históricos pero que también -y no cabe duda de que ése es el principal motivo, conocido ya el trápala muñidor de La Moncloa- tiene implicaciones contemporáneas, especialmente en términos de la pretendida ampliación a la carta del censo electoral o de la teoría del reemplazo como ya ha anunciado la líder podemita, Irene Montero.

Es aquí donde las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, adquieren relevancia: su advertencia de que el presidente Pedro Sánchez intentará “robar” las elecciones de 2027 mediante el control de la televisión pública y el CIS no solo eleva el tono del debate, sino que podría introducir, si finalmente no se sustancia, un elemento de deslegitimación anticipada de futuros resultados electorales.

Si bien conviene subrayar que España cuenta con mecanismos robustos de supervisión electoral y con instituciones independientes encargadas de garantizar la transparencia, la percepción ciudadana no siempre se rige por los mismos parámetros que la legalidad formal. En un entorno mediático fragmentado y altamente polarizado, la reiteración de acusaciones -aunque carezcan de respaldo probatorio- tiene efectos duraderos. El problema es que la propia historia del PSOE en tramas electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto.

La combinación de estos factores -un caso judicial que afecta a una dirigente socialista, un aumento significativo de inminentes nuevos ciudadanos españoles y un discurso político que cuestiona la neutralidad institucional- configura un escenario complejo. Por un lado, existe el riesgo de que casos individuales sean instrumentalizados para generalizar sospechas sobre el conjunto del sistema. Por otro, la proliferación de mensajes que ponen en duda, con más o menos pruebas, la limpieza de los procesos electorales puede erosionar la confianza pública, un pilar esencial de cualquier democracia consolidada. Confrontar ambos aspectos debería resultar fácil si la dirección de Ferraz no fuera, como la de La Casa Blanca, un ejemplo de manual de trastorno antisocial de la personalidad.

El caso de Albaida, en este sentido, actúa como catalizador de tensiones preexistentes. Si finalmente se confirma la existencia de ilegalidades (delito electoral), el impacto político será considerable y obligaría -así, en condicional- a una revisión interna en el seno del PSOE, algo que se vislumbra imposible en el lodazal en que ha convertido al histórico partido el enamorado esposo de Begoña.

Aunque el proceso de concesión de nacionalidad sigue unos criterios legales establecidos y no implica automáticamente la incorporación inmediata al cuerpo electoral, sí que estará vigente para los comicios de 2027 con su inscripción en el Registro Civil y el alta en el censo electoral (en el CERA como residentes en el extranjero). La magnitud de las solicitudes y el empacho de Sánchez de agotar la legislatura sin aprobar un solo presupuesto, no deja de ser un poderoso argumento para alimentar sospechas sobre posibles alteraciones del equilibrio político.

Más allá del desenlace judicial, lo relevante es la necesidad de preservar un debate público basado en hechos verificables y no en sospechas generalizadas. La democracia no solo se sustenta en normas e instituciones, sino también en la confianza compartida de que el juego político se desarrolla dentro de reglas aceptadas por todos. Cuando esa confianza se resquebraja el coste es difícil de revertir. ¡Y en estas andamos!

En los próximos meses, a medida que avance tanto la investigación judicial como el proceso de concesión de nacionalidades y se acerque la convocatoria de las elecciones en 2027 (cerca de tres millones de nuevos compatriotas, distantes un océano, compartirán censo con nosotros), será crucial observar si los actores políticos optan por rebajar la confrontación o, por el contrario, profundizan en una estrategia de polarización. De esa elección dependerá en buena medida la salud del sistema democrático en España.

¿El pucherazo consiste -así, en presente de indicativo- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardan por decenas en la misma casa? ¿En pucheros o en Correos?