Volando voy, bolaños vengo

27/06/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

“La juez Núñez Bolaños ha vislumbrado en los últimos días de la campaña electoral que en los próximos meses archivará la pieza política de la macrocausa de la formación”

“Su profético auto de archivo ha sonado a música celestial al régimen andaluz sin que ninguno de sus gregarios, a la cabeza estapresidenta, haya maldecido la ocurrencia de la titular del número seis”

Si ayer me refería a la aparente normalidad con la que asumimos las escuchas ilegales (de otros, naturalmente), hoy le toca turno a la insondable postura que mostramos no ya ante filtraciones de sumarios judiciales sino frente a -¡más difícil todavía!- filtraciones de futuras decisiones que -per se- deberían suponer que, hoy por hoy, no están tomadas.

Pues bien, la juez Núñez Bolaños ha vislumbrado en los últimos días de la campaña electoral que en los próximos meses archivará la pieza política de la macrocausa de la formación, pese a que queden testigos por declarar, a que las acusaciones hayan pedido que se practiquen nuevas diligencias y a que aún reste el informe último de la Fiscalía Anticorrupción.

Parece claro que a estas alturas la magistrada que aterrizó, mediante concurso de méritos, en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, tras una repentina fiebre de seducción por la jurisdicción penal, mejor dicho por ese concreto órgano judicial (“¿por qué será?”, decía La Bombi), barrunta, más bien tiene claro que dará carpetazo a la causa en la que se investiga a 24 ex altos cargos de la Junta, al apreciar irregularidades administrativas donde su antecesora veía posibles delitos.

Lorenzo del Río, presidente del TSJA, hablaba hace bien poco de una regla no escrita (“los jueces no deben interferir en las campañas electorales con sus resoluciones”). También se dice en el mundillo del derecho que los jueces hablan mediante autos o sentencias. La juez Alaya se convirtió en la diana preferida de los portacoces socialistas cuando sus resoluciones aparecían en fechas cercanas a citas electorales. No es el caso de su sustituta, cuyo profético auto de archivo ha sonado a música celestial al régimen andaluz sin que ninguno de sus gregarios, a la cabeza estapresidenta, haya maldecido la ocurrencia de la titular del número seis.

La eterna vara de medir responsabilidades y/o golfadas no abandona el rincón de los mediocres: los que exigen la dimisión “por corrupción” de un ministro pánfilo que se deja grabar en su despacho, no aprecian motivo parecido en los ex presidentes andaluces imputados porque “no se han llevado un duro”, queriéndonos atizar a los poresitos incultos desde su jacobina instrucción que la prevaricación o la malversación no son delitos de corrupción, al tiempo que ahora esconden bajo siete llaves en el baúl de los recuerdos las valoraciones de hace justo un par de meses del consejero de Llera, cuando entendía que “los jueces de instrucción actúan como reyes de taifa” o proclamaba que “los fiscales no son independientes”, mientras -alamismavé que diría aquél-  la Diputación de Sevilla reconocía hace un mes la “encomiástica y abnegada labor” de la fiscal jefe de Sevilla, inminente Medalla de Andalucía y, si no, al tiempo.

María José Segarra, hagamos memoria, discípula de Carlos Jiménez Villarejo, llegó al cargo en noviembre de 2004, tras la victoria electoral de ZP y fue nombrada por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. El pasado año, la actual mandamás de los fiscales, saltándose a piola la propuesta del Consejo Fiscal que otorgó el respaldo mayoritario al fiscal Luis Fernández, la respaldó para un tercer mandato que la llevará al filo de los 20 años al frente de la fiscalía sevillana.

Termino como ayer: No aprenden, no.

Eterno 11M e inanidad

26/06/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

 

“En la cárcel, condenado a 42.000 años de cárcel, un morito de Lavapiés que cometió el “error” de dejarse ver en dos trenes distintos a la misma hora por dos testigos (testigas en el argot moderno) rumanas”

“Ahora se publica la primera entrega de unas conversaciones mantenidas hace dos años por el Ministro del Interior en su despacho, en las semanas previas a uno de los múltiples intentos de golpes de Estado catalanista, con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña”

El 11 de marzo 2004 -a tres días de unas elecciones que, encuestas mediante, tras dos legislaturas de progreso efectivo, no de recurrente muletilla, refrendarían el éxito aplastante de un gobierno que había reconducido al país desde el desempleo generalizado al empleo de calidad, desde el aislamiento a los éxitos en política exterior, desde el estercolero del corral al cuarto de baño alicatado hasta el techo- en cuatro trenes distintos y a la misma hora, acabaron no solo con las vidas de 200 compatriotas y dejaron terribles secuelas en otro millar, sino que volaron las ilusiones de crecimiento, las ansias de modernidad, el orgullo de ser y sentirse occidentales, sembrando -lo que, visto con perspectiva, fue aún peor- la semilla del odio, de la división, del enfrentamiento...

En la cárcel, condenado a 42.000 años de cárcel, un morito de Lavapiés que cometió el “error” de dejarse ver en dos trenes distintos a la misma hora por dos testigos (testigas en el argot moderno) rumanas. En el paraíso, sus siete compañeros que, casi un mes después, se inmolaron en Leganés aunque los informes de las autopsias no se pronuncien, sencillamente porque los exámenes anatómicos post mortem no se realizaron. Bueno... lo del edén y lo del “merecido” premio de las seis docenas de huríes tampoco puede ser confirmado porque, felizmente, permanecemos de momento en el mundo de los vivos y, también, porque el 11-M es el único atentado “yihadista” de la historia donde los terroristas matan indiscriminadamente sin rasurarse, sin sucesivas capas de calzoncillos y sin inmolarse y luego se inmolan sin intención de matar a nadie.

¿Para qué sirvió? ¿Quién se aprovechó?

El 22 de junio de 2016, a cuatro días de otras elecciones generales -¿para qué servirá? ¿quién se aprovechará?- se publica la primera entrega de unas conversaciones mantenidas hace dos años por el Ministro del Interior en su despacho, en las semanas previas a uno de los múltiples intentos de golpes de Estado catalanista, con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, magistrado nombrado por los 2/3 del parlamento autonómico y que tiene atribuido por ley “el control del sector público en el ámbito de la prevención y la investigación de los casos de corrupción”. ¿De qué ha de hablar, entonces, un ministro al mando de las fuerzas de seguridad con el encargado de investigar la corrupción en el sector público?

Lo conversación, en nada edificante, se realiza en un entorno íntimo, en la que deberían sobrar las opiniones de todas las personas no presentes, cuestión más que suficiente para que, en un país civilizado, la opinión pública no tuviera acceso a ella; claro que, para ello, hay que estar en posesión de unos particulares principios respetuosos especialmente con el artículo 18 de nuestra Constitución y que no se compadecen con los generales de un país donde la telebasura de la isla de los mosquitos (donmanué dixit) y de los grandes hermanos está a la orden de la calle. Ya tuve ocasión hace muchos años de desoír la invitación de un alcalde y de algunos funcionarios de un gran municipio cercano a Sevilla que me invitaban, entre un jolgorio perverso, a ver el “vídeo de Pedro Jota”. De la misma forma hubiese actuado el pasado miércoles si los medios de comunicación me hubieran dado la oportunidad de acceder o no a una conversación del ámbito privado.

Al margen de las derivadas políticas del diálogo -en nada ejemplar, repito- resulta inaudito, por no decir acojonante, que se pase de puntillas y se otorguen visos de normalidad y legalidad al hecho de que se grabe al Ministro del Interior en su despacho y se difundan públicamente las escuchas. Tengo claro que si no dimite por el fondo de la conversación (entiendo que no procede), debe hacerlo por su demostrada incompetencia, por su extremada inanidad, la misma que, al estilo del famoso Abundio, aquel que a la vendimia llevaba uvas para el postre, permite que las cloacas infectas del Estado no las desatasque a estas alturas ni los más experimentados varilleros del planeta, cuestión que, por otra parte, les está pero que muy bien a ciertos políticos centristas-pasteleros-buenistas que, como tuve ocasión de escuchar a un exministro popular, presumen, tras su arribada al poder, de mantener en sus cargos al personal de confianza del anterior inquilino del ministerio: “la mejor Directora General que yo he tenido la nombró mi antecesor socialista”. No aprenden, no.

El despilfarro como seña de identidad

22/06/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

 

“La Junta mantiene su política de fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación”

“Se vende portátil de la Junta en muy buenas condiciones”

“A lo mejor, el día que volvamos a la tiza, mejoramos en el ranking del informe PISA”

El 2 de abril de 2014, cuando la crisis combatía con toda su fiereza, la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo una inversión de 7,6 millones de euros para la compra de 27.423 tabletas digitales híbridas destinadas a los alumnos de 6º de Primaria de los centros educativos públicos andaluces.

Entre las bondades del material, en la jerga del mejor vendedor de crecepelo, se destacaba su 'pantalla táctil y teclado independizable'. Pero no sólo, eso, oiga, “por el mismo precio le ofrecemos un sistema operativo dual (Android y Guadalinex Edu 2013) y peso y autonomía adecuados para el ámbito educativo”.

La nota informativa de la Consejería de Educación enfatizaba: “una vez eliminado el programa Escuela 2.0 por parte del Gobierno de España en 2012, con la consiguiente merma en la financiación (más de 25 millones anuales), la Junta mantiene su política de fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Andalucía destaca como la comunidad autónoma que más recursos tecnológicos pone a disposición del alumnado y es la única que cuenta con pizarras digitales en todas las aulas de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO”, presumiendo, naturalmente, de cómo los alumnos andaluces “siguen haciendo uso de los 400.000 portátiles distribuidos durante los últimos años entre el alumnado y el profesorado de Primaria y Secundaria”.

En nada se compadece aquella suerte de propaganda oficial con la verdad por todos conocida y que ha vuelto a reverdecer esta semana -en póstumo homenaje a los colores corporativos de lajunta- a través de un reportaje en ABC: «Se vende portátil de la Junta en muy buenas condiciones».

Efectivamente, “San Google” ofrece variopintas posibilidades de adquirir a precio de saldo un ordenador en perfecto estado por “no haberse usado nunca”, o de alguno más achacoso para piezas de recambio, en todo caso “desechos de tienta” del programa Escuela 2.0, una iniciativa de Griñán & Díaz censurada razonable y prudentemente por el profesorado, en especial por los docentes de informática que critican su deficiente desarrollo, lo que, además, ha propiciado un mercadeo inevitable consecuencia de la laxitud mostrada por la administración en el manejo de los fondos públicos, última responsable del derroche de medios que, por otra parte, en nada ha favorecido la mejora de la Educación como se empeña en demostrar, entrega tras entrega, el siempre fastidioso Informe PISA de la OCDE, ése que, aun mostrándose tal cual, no logra sacar los colores a los responsables políticos andaluces.

Si no se ha exigido a los alumnos, ni subsidiariamente a los padres, un deber de custodia razonable del equipo informático, tampoco un periódico “pase de revista”, las consecuencias solo pueden ser las conocidas: 134 millones de euros, o gran parte de ellos, despilfarrados. Todo lo contrario: los padres recibimos en su día el “aguinaldo” entre entusiastas ceremonias de la cultura -mejor, de la incultura- del gratis total, la misma que nos ha permitido desentendernos del artilugio como si se tratara (¡qué tiempos!) de una pizarra de la que cuelgan -cuerdecita mediante- trapito y pizarrín.

Al tiempo que derrochamos en informática -cuestión de la que continúan escandalizándose los colegas galos de un amigo profesor que, con alumnos de su instituto, viaja a Francia todos los años- el plan de gratuidad de libros desvencijados vivió el pasado curso, entre el silencio de los corderos de progenitores A y B, su octavo año “al servicio” del alumnado.

Enseñar sin educar, sin concienciar, no es buena idea. A lo mejor, el día que volvamos a la tiza, mejoramos en el ranking del informe PISA. Está claro que el I+D+i de poco ha servido por estos lares, quizá en el mercadillo del Charco de la Pava…

¡Exprópiese!

15/06/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

“De aquellos maestros caribeños, los aventajados discípulos celtíberos”

“Deje usted desocupados su apartamento en la playa o la casita de la montaña y espere a que las necesidades de otros propicien el paso al que estos salvapatrias rojos les invitan sin son-ídem”

“Resulta curioso cómo en este punto coincidimos todos: liberales, socialistas, anarquistas y hasta algunos comunistas de la CUP nos aferramos a la ley confiados en el amparo de la justicia”

Para los anales del fanatismo y vergüenza del socialismo queda ya aquel paseo matutino del líder bolivariano por las calles de Caracas, preguntando por éste o aquél edificio, por éste o aquél negocio. Lo mismo daba… la respuesta siempre era la misma: ¡exprópiese… exprópiese, señor alcalde!

El estado de derecho cedía, como la mantequilla ante el cuchillo, a los deseos del caudillo que, en ausencia del previo expediente de expropiación, se jactaba públicamente de retorcer el derecho jibarizándolo hasta su mínima expresión, al tiempo que se mostraba como un perfecto desconocedor de la semántica al no utilizar en forma imperativa el indiscutible verbo que ejemplificaba su proceder: ¡requísese!

De aquellos maestros caribeños, los aventajados discípulos celtíberos. Del barrio barcelonés de Gràcia, nos llegan los ecos de la nueva ocurrencia de una diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, la camarada de Anna Gabriel, aquella que nos obsequiaba con la copa menstrual por la que “beben los vientos” las mujeres españolas y con la cada vez más perentoria necesidad de una educación tribal de los hijos en la comuna... La cupetista se anima a instruirnos en nuestros exiguos conocimientos sociales: “estar en posesión de una segunda vivienda sin uso es incompatible con la situación de dificultades de terceros en el acceso a la vivienda”. Ya lo saben, pues: deje usted desocupados, como es habitual once meses al año, su apartamento en la playa o la casita de la montaña y espere a que las necesidades de otros propicien el paso al que estos salvapatrias rojos les invitan sin son-ídem; pague puntualmente su cuota de comunidad, consumos, impuestos, mantenimiento y otros gastos “capitalistas” que ya saben quien se lo agradecerá.

El Derecho vuelve a darnos las claves de la degeneración intelectual: la concepción histórico-absolutista del derecho a la propiedad privada ha ido socializándose paulatinamente. Así, al igual que la italiana, el artículo 33.1 de la Constitución Española (“se reconoce el derecho a la propiedad privada”), junto con el derecho a la herencia, los reconoce explícitamente. Por su parte, el 33.2 los matiza desde el punto de vista de la función social, remitiendo a la ley para delimitar su contenido. Asimismo, con afán de adecuar la titularidad dominical a las exigencias sociales, el artículo 28.1 formula que “toda la riqueza del país y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

A principios de la pasada centuria, la confusa formulación inicial de la función social de la propiedad, concepto jurídico indeterminado obra de Duguit, y que acabó cristalizando, fue el resultado de una amalgama de planteamientos imprecisos entre la ideología socialista que comenzaba a triunfar en el este de Europa y la ideología liberal, producto de la Revolución Francesa.

Si sabemos leer la Constitución y, aún mejor, entenderla, en España, el reconocimiento a la propiedad privada parece fuera de toda duda, sin obviar -en justa correspondencia con el último punto del artículo 33- que “nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización”, una copia casi literal del extinto artículo 349 del Código Civil, motivo por el que, hoy día, para abolirlo se sigue tirando de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, Franco mediante.

Resulta curioso cómo en este punto coincidimos todos: liberales, socialistas, anarquistas y hasta algunos comunistas de la CUP nos aferramos a la ley confiados en el amparo de la justicia. Nuestros ideales pueden aparcarse in aetérnum siempre que nos una la condición de propietarios de esa segunda vivienda de nuestras entrañas o, lo que es lo mismo, el viejo chiste de la revolución puesto al día:

- "Camarada Revolucionario… Si tuvieras dos casas, ¿donarías una a la revolución?"

- "Sí".

- "Y si tuvieras dos autos de lujo, ¿donarías uno a la revolución?"

- "Naturalmente".

- "Y si tuvieras un millón en tu cuenta bancaria, ¿donarías la mitad para la Revolución?"

- "Lógicamente, lo donaría".

- "Y si tuvieras dos gallinas, ¿donarías una para la revolución?"

- "No, claro que no".

- "Pero... no lo entiendo, ¿regalarías la mitad de tus vastos bienes y no donarías una gallina si tuvieras dos?

- "Xactamente, camarada… es que tengo dos gallinas en el corral".

Parece claro que la función social de la propiedad puede esperar sentada ante el sagrado derecho a la propiedad privada, ¿verdad mis queridos progres?

RBI: España no es Suiza

08/06/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

 

“Los helvéticos -¡gente con suerte!- tuvieron la ocasión de pronunciarse el pasado domingo sobre la posibilidad de implementar una renta básica incondicional”

“Suena bien. ¿Dónde hay que firmar?”

Efectivamente, ni en bancos, ni en renta per cápita, tampoco en organización de finales europeas, ni en modelos modernos de desarrollo urbanístico, menos aún en el bronceado de los titulares de sus pasaportes. No, España no es Suiza, lo que, por otra parte, ni puñetera falta que hace. Majaderos y espabilados, va de suyo, se reparten casi en idénticas proporciones en cualquier lugar del mundo.

¿Imaginan el resultado de un referéndum que en España planteara el pago de un salario básico sin condiciones y vitalicio de 2.250 euros al mes para cada adulto, o de 550 por niño?

Los helvéticos -¡gente con suerte!- tuvieron la ocasión de pronunciarse el pasado domingo sobre la posibilidad de implementar una "renta básica incondicional (RBI)". Entre sus promotores -¡qué boda sin la tía Juana!- se encontraban artistas, cineastas y economistas como Bernard Kundig, pero también políticos, socialistas entre otros, como Oswald Sigg. La iniciativa planteaba, así como suena, un salario mensual para todo quisque de 2.500 francos. Semejante maná contemporáneo llegaría íntegramente a los que carecen de ingresos; los retribuidos con un sueldo inferior recibirían la diferencia hasta dicha suma; incluso los que disfrutaran de un salario superior se verían recompensados también, pues, aunque la soldada seguiría siendo la misma, proporcionalmente verían incrementado su tiempo libre en la relación RBI/sueldo. Por ejemplo, un asalariado que percibiera 5.000 francos por el 100 % de trabajo, la RBI le hubiera permitido mantener los ingresos y trabajar la mitad, disponiendo para ocio y familia del 50 % de su actual jornada laboral.

Suena bien. ¿Dónde hay que firmar? Pues, al final, ¡nuestro gozo, en un pozo!: al tiempo que el ofrecimiento era rechazado el pasado domingo por un abrumador 77 % de imbéciles suizos, en su eterna carrera por capitanear la carrera del populismo, el líder del PSOE se comprometía a “erradicar la pobreza” y a “rescatar al ciudadano” en su primer año de mandato; a la subida de un 4 % del Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en 655,20 euros y que el anterior gobierno socialista había dejado en 641,40; a garantizar los suministros básicos de agua, gas y luz, y -¡ahora sí, palabrita del niño Jesús!- a evitar los desahucios, escondiendo en la bruma mediática la imagen ufana de Carmen Chacón celebrando el logro del “desahucio express”, el mismo que puso en liza de la mano de Zapatero y que “desatascaba” los juzgados, entre aclamaciones, a idéntica velocidad con la que los inquilinos abandonaban “sus” hogares.

Para colmo, el podemita «Plan 25 de Emergencia Ciudadana» ha sido rebautizado por Snchz como «Plan de Emergencia Social», cosechando un merecido empate final -equis en la quiniela de populismo- si, como parece, somos capaces de valorar justamente su compromiso de implementar un "ingreso mínimo vital" de al menos 426 euros mensuales destinado a los hogares que no reciben prestación y que podrían elevarse hasta 708 para las familias con tres o más personas a cargo, anuncio de máxima trascendencia si consideramos que hasta Podemos ha desistido de “su renta universal” y ha rebajado su actual “renta garantizada” a 600 euros mensuales.

Sin mencionar un solo ingreso con el que puedan costearse siquiera parte de estos cantos de sirenas, el incremento de las pensiones, la mejora de las prestaciones, el boom del gratis total y del yo más, redondean el programa económico con el que Snchz pretende sisarle unas docenas de papeletas a los de Pablo Iglesias II, al que, probablemente, tras el inesperado adelantamiento por la izquierda de los socialdemócratas del PSOE, solo le reste una visita a Grecia para que Tsipras le explique en primera persona las bondades de su “hemoal” y que, a la vista de su sempiterna sonrisa, tan buenos resultados parece haberle reportado ante los “embates” de la troika.

Mientras los suizos, sensatos para unos, pazguatos para el resto, rechazaron anteayer el cuento de la lechera de la RBI, sencillamente porque no le salían las “innovadoras” cuentas del socialismo del siglo XXI (reparto igualitario de los ingresos recaudados vía impuestos para que tú te lo gastes, yo ahorre e invierta y, tras un tiempo, volver a repartir de nuevo), los progres españoles continúan hablando de pobreza para relacionarla inefablemente con la derecha; largando de desempleo entretanto la memoria no se remonta más allá que al periodo justo para imputárselo a Rajoy; criticando los recortes de derechos, el rescate a los bancos, la amnistía fiscal o la corrupción, a la vez que, para obviar sus autorías compartidas, imponen su particular límite temporal y, de paso, culpar a estribor de todos esos males y de los que resten por venir.

¡Malditas cifras, maldita hemeroteca... malditos suizos que nos han birlado la opción de imitarles! ¿O no?