19/08/15. Mi colaboración de
ayer en El
Demócrata Liberal
De los Galindos, de
las estanqueras, de Don Benito, de los Urquijo, de Alcácer...
Consustancial al
ser humano, y sin ser privativa de ella al igual que su leyenda, la crónica
negra con la que propios y extraños disfrutamos rebozando a España, ha vuelto a
hacer su aparición.
El pasado jueves
fue detenido en Rumanía, cerca de la frontera húngara, Sergio Morate, el
principal sospechoso del ya conocido como “crimen de Cuenca” (ahora sí, Pilar
Miró).
A primeros de julio
entró en vigor la ley que, reformando el Código Penal, introdujo la pena de prisión
permanente revisable. Previamente, el Pleno del Congreso la había aprobado
con el único apoyo
del Partido Popular (181 votos) y el rechazo en bloque de la
oposición (138), que lamentó esa jornada como “día negro
para la democracia por la introducción definitiva de la cadena perpetua”.
Desde la bancada
opositora se vaticinó -al fin y al cabo es su único lema, casi su razón de ser-
que la ley tiene “los días contados” y que “se pone a la cola” de otras normas que serán
derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en
el Parlamento. De momento, y haciendo uso del derecho que les asiste, excepto
el que sostiene al Gobierno, todos los grupos apoyaron el recurso elaborado por
los socialistas ante el Tribunal Constitucional, al estimar que la prisión
permanente revisable “es una cadena perpetua encubierta que vulnera cuatro
artículos de la Carta Magna”.
Pregúntenle hoy a
cualquier españolito o fémina nacional de a pie, si estaría a favor o en contra
de aplicarle a este ser despreciable, detenido en tierras del Conde Drácula, la
máxima pena prevista actualmente en nuestra legislación criminal.
Y para que el
común de los mortales no hable de oídas y reproche con base la ley o, por
contra, censure a los que la reprueban, qué mejor que irnos directamente (sin
intermediarios ni politiquitos que nos ladre) al artículo 140.1 que
contempla la pena de prisión permanente revisable, exclusivamente,
cuando en el asesinato concurra alguna de las tres siguientes circunstancias:
· 1.ª Que
la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
· 2.ª Que
el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor
hubiera cometido sobre la víctima.
Pues bien, entre el
estruendoso ruido de la demagogia, en curiosa, permanente y despreciable
armonía con los amigos del crimen, aparecen las contadas nueces de la triste
realidad en forma de frustradas aspiraciones de la ciudadanía. Anhelos
malogrados porque, con los datos hasta ahora conocidos, con casi toda
posibilidad, este abominable crimen será castigado con la pena correspondiente
al simple asesinato, si así pudiera llamarse, pues, está claro que no se
dan ni el primero ni el tercer tipo penal ni, por lo que ha trascendido del
informe forense, tampoco el segundo.
Pero es que,
además, el artículo 36 del propio texto legal establece que la pena de prisión permanente
será revisada tras el
cumplimiento de quince años de prisión efectiva, que eleva a veinte solo
en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del
Título XXII del Libro II de este Código (es decir, exclusivamente por delitos
de terrorismo). Y, por si fuera poco, el condenado a la máxima pena en la
legislación española podrá disfrutar de permisos de salida a partir del octavo
año de prisión, del duodécimo en el caso de los terroristas.
Por
último, el artículo 92.1, establece que el tribunal acordará la suspensión
de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se den
las tres condiciones siguientes: que el penado haya cumplido veinticinco
años de su condena, que se encuentre clasificado en tercer grado y que el
tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, (bla,
bla, bla)..., pueda fundar... la existencia de un pronóstico favorable de
reinserción social.
En
definitiva, esta es la “inhumana cadena perpetua” que este gobierno, atacado
por todos sus flancos, ha puesto sobre el tapete -¡que levante la mano quien
diga lo contrario!- con el respaldo mayoritario de la sociedad española. Una
pena, tan cruel, tan dura, tan degradante, tan alejada de la reinserción, que
el autor del “crimen de Cuenca” constata no le afecta.
Y si no, ya están
tardando los representantes de PSOE, Convergencia, Unió, Izquierda Plural,
Nueva Canarias, PNV, BNG, Compromís y UpyD (sí, también UPyD) en comparecer
públicamente ante los españoles, o, aprovechando las vacaciones estivales, en
darse una vueltecita por las casas colgantes, o en montar en la Ciudad
Encantada una manifa tirando de redes sociales para exigir la derogación
de la reforma legal.
¿A qué espera Rosa
Aguilar, la ahora Consejera de Cultura, para abanderar en Andalucía lo que
defendía hace un rato en el Congreso de los Diputados (“El PP pretende
reinstaurar en España la cadena perpetua, que choca frontalmente con los principios
constitucionales de reeducación y reinserción del penado”)?
¿Cuándo Gaspar
Llamazares se pondrá al frente de la “hente” para recordarle, como ya tuvo
ocasión en la cámara baja, que “la cadena perpetua fue abolida por Primo de
Rivera” y para exigir juntos la derogación de lo que“es una pena de
muerte (sic) a la que se añade 'revisable' con
recochineo".
Y si tan seguro
estáis, a ver, vosotros que tan dado sois a ello: ¿hacemos un referéndum?,
¿preguntamos a los españoles por su derogación?, o ¿preferís vuestra demagoga y
ventajista postura de perennes exégetas de la voluntad de los ciudadanos?
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