Política, nacionalismo, independentismo y... juzgados. Todos asuntos al
margen de lo verdaderamente importante el próximo sábado en el Wanda
Metropolitano: el fútbol y, en concreto, la Final de la Copa de SM El Rey:
desde los que quieren imponer la estelada a todos a los que,
gratuitamente, otra vez, pretenden ofender a los que no piensan como
ellos.
Con motivo de la final que disputaron los
mismos protagonistas en 2016 solicité la intervención de los organismos a
los que la ley señala con competencias en el asunto.
La
única
respuesta, llegada del Consejo Superior de Deportes, fue tan tajante como
desalentadora, pues al tiempo que me espetaba “que no es
necesaria una solicitud o petición para que la Comisión aplique la
normativa en vigor en el ejercicio de sus atribuciones”, se
contradecía respondiendo a los lamentables hechos que finalmente
acontecieron con una total y absoluta dejación de funciones, permitiendo
que se silbara al himno nacional y al Rey de España, se exhibieran
banderas ilegales, pancartas, símbolos, emblemas y leyendas ofensivas, se
entonaran cánticos que incitaban a la violencia y a la intolerancia,
cuando no a la xenofobia, tanto en el recinto deportivo como en sus
aledaños, o en los medios de transporte organizados para acudir al
estadio.
Por su parte, el Presidente de la
Liga de Fútbol Profesional viene abogando, año tras año, en las vísperas
de la final, por soluciones drásticas, incluso hace escasos días ha
respaldado literalmente la aplicación al caso del artículo 155 de la
Constitución Española para acabar afirmando que, llegado el caso, habría
que cambiar la legislación para suspender el partido. Nada más falso y
lejano de la realidad: las leyes actuales prevén contundentes
respuestas para tales desafíos.
Dos años después se atisba que de nuevo las autoridades, en una absoluta
dejación de funciones, permanecerán al margen cuando de defender los
intereses generales se trata. Estamos a las puertas de que vuelva a menospreciarse
el himno nacional que sonará al comienzo del encuentro,
tampoco hay evidencias de que alguien tome medidas que eviten el nuevo y
anunciado agravio.
Por ello,
he solicitado en el día de hoy, ante el Consejo Superior de Deportes,
la
Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y el Comité Técnico de Árbitros que,
en caso de que tengan
lugar incidentes de público relacionados con las conductas definidas en
los apartados primero y segundo del artículo 2, o que supongan el
incumplimiento de las obligaciones de los espectadores y asistentes
referidas en el artículo 7 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, todos
y cada uno de los organismos y organizaciones requeridas, en el ejercicio
de sus competencias, actúen con absoluto respeto a la ley exigiendo su
cumplimiento y, concretamente:
1º) Que el árbitro
decida su suspensión provisional como medida para el
restablecimiento de la legalidad.
2º) Que
si transcurrido un tiempo prudencial en relación con las circunstancias
concurrentes persistiera la situación se acuerde el desalojo de la
grada o parte de la misma donde se hubieren producido los incidentes y
la posterior continuación del encuentro.
3º) Que
si persiste la situación, tras recabar el parecer del Coordinador de
Seguridad, todo ello, sin perjuicio de las facultades que les corresponden
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el árbitro suspenda
definitivamente el encuentro y se apliquen en su consecuencia los
preceptos reglamentarios pertinentes.
4º) Que
en las actas que han de extenderse, previstas en la reglamentación
deportiva y en las citadas leyes, se reflejen, de forma veraz todo tipo
de ofensas y acontecimientos que sucedan.
5º) Que,
en todo caso y para posteriores acciones que puedan emprenderse, se
custodien y no sean destruidas las pruebas audiovisuales generadas por
el conjunto de cámaras que conforma el circuito cerrado de televisión del
estadio.
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