23/09/15. Mi colaboración de
ayer en El
Demócrata Liberal
Con el sonido de
fondo de los cantos de sirena contra la “deuda ilegítima”, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas ha hecho público recientemente el estado de la
“deuda viva” de las entidades locales al último día del pasado ejercicio. El
concepto hace referencia exclusivamente a la deuda bancaria y financiera sin
incluir las deudas comerciales o con proveedores que, en no pocas ocasiones,
superan con mucho a las que hoy analizamos parcial y sumariamente.
La primera cifra
que resalta son los casi 38.400 millones de euros que deben los Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, Entidades Locales Menores y
Mancomunidades españoles a las entidades financieras.
Entrando al
detalle, las “trampas” de las entidades locales andaluzas suponen el 17,5 % del
total, estimándoseles una deuda de 6.700 millones. A la cabeza, en términos
absolutos, está la provincia de Cádiz que asume el 26 % del total de la deuda
andaluza (1.737 millones de euros), siendo Córdoba la menos endeudada (432
millones), lo que supone el 6,5 % del débito andaluz.
A nivel nacional,
junto a Andalucía, lideran tan indecoroso ranking la pella en forma de 8.250
millones de las entidades locales de la Comunidad de Madrid (21,5 % del total),
de los que 6.000 millones corresponden a la capital del Estado, sin despreciar
los 5.070 que adeudan las catalanas (13,2 %).
Centrándonos en
Andalucía, la deuda provincial es liderada por cada uno de los ayuntamientos de
las capitales con excepción de Cádiz donde la dita de Jerez de la Frontera (532
millones) se alza como líder indiscutible, resultando ser un 150 % superior a la
de la Tacita de Plata.
Pero no nos
rasguemos las vestiduras: en lo referente a Diputaciones, Consejos y Cabildos
(6.300 millones), aparece la Diputación Foral de Vizcaya como la más morosa,
sobre la que recae más de un tercio del total nacional de la deuda. Las
Diputaciones andaluzas adeudan 890 millones con -otra vez- Cádiz a la cabeza
(206 millones) y Sevilla como la más modosita (70 millones), pese a lo que se
dirá más adelante. A destacar la ausencia total de deuda de la Diputación
Provincial de La Coruña y del Consejo Insular de Formentera, a la que se suman,
inmaculadas, otras 3.421 entidades locales, lo que evidencia que se pueden
gestionar los recursos públicos racionalmente, si bien no faltará quien les
tache como los tontos de la película.
Los 355 millones de
deuda de las Entidades Locales Menores y de las Mancomunidades tienen su origen
principalmente en dos corporaciones
catalanas (Área Metropolitana de Barcelona y CM Barcelonés, con 138 millones
entrambas) que asumen casi el 40 % del total, sin obviar que, en Andalucía, la
Mancomunidad del Campo de Gibraltar genera el endeudamiento del 10 % del total
nacional, y sin echar tampoco en saco roto los 14 y los 12 millones,
respectivamente, que adeudan la malagueña mancomunidad de la Costa del Sol Occidental
y la sevillana de Servicios La Vega.
La evolución, a
grandes rasgos, deja entrever que de los 8.118 municipios españoles son 4.695
los que mantienen deuda viva (58 % del conjunto), 365 menos que en 2012, mejora
que resulta a todas luces insuficiente, más aún cuando la reducción de la deuda
en el citado trienio ha supuesto 4.050 millones, es decir menos de un diez por
ciento de la del punto de partida.
Lo más oprobioso es
que la limitada disminución del endeudamiento -u holgada, según persisten en
apreciar los manirrotos de turno- ha venido de la mano del recorte de servicios
esenciales a la comunidad, ya que el capítulo de personal ha permanecido
inalterado e, incluso, ha aumentado -¿ilegítimamente?-.
Como ejemplo de
última ocurrencia, los 2.400 euros del viaje de ida y vuelta mensual en clase
turista Chicago-Sevilla, suponiendo -lo que ya es mucho- que el traslado desde
el aeropuerto de San Pablo a Castilleja de la Cuesta corriera por cuenta de Joan
Marín, supondrían para los 17.500
ciudadanos del ayuntamiento del Aljarafe sevillano un incremento del 3,5 %
sobre su actual y, por cierto, no exorbitante deuda de 874.000 euros.
Se precisarían 16
años a este ritmo, con la “hente” indispuesta tras las barricadas, para dejar
la deuda viva a cero, algo a lo que, por otra parte, no se muestran muy
proclives los políticos al uso que, contrariamente, tirando del socorrido y
vacuo concepto de “deuda ilegítima”, contribuyen a engordarla, según se
desprende de noticias y declaraciones de los últimos días:
El presidente de la
Diputación de Sevilla ha aprovechado el inhábil agosto para incrementar hasta
20 el número de nóminas de alcaldes y ex alcaldes socialistas en el cementerio
de elefantes de la “Puerta de la Carne”, “fichando”, con 41.000 euros de recompensa
al imputado y ex primer edil de Los Palacios y Villafranca y al actual alcalde
de Guillena, a los que ha sumado dos secretarias asignadas al grupo del PSOE y
otra asesora, sin duda “imprescindible”. Las recientes “adquisiciones” se unen
a las 18 que incorporó como “personal de confianza” desde su reelección en
junio hasta las vacaciones estivales, política nada nueva en la casa de la
provincia donde es costumbre inveterada la colocación digital de alcaldes y
concejales socialistas relegados a la oposición por sus vecinos. La respuesta,
por las críticas recibidas, de la secretaria general del PSOE sevillano no
tiene desperdicio: “¿Quién (sic) mejor que los alcaldes de la provincia para
asesorar a la Diputación?”.
Otro tanto, cambiando de
administración, podemos decir del Gobierno andaluz que ha tenido la ocurrencia
de anunciar por boca de su portavoz que el proceso al que “le obliga”
Ciudadanos para reducir el 10 por ciento de altos cargos en los entes
instrumentales de la Junta es «más complejo» que el de la administración
general donde ya está avanzado porque «obliga en algunos casos a cambiar los
estatutos» y porque se trata de un procedimiento «más poliédrico». ¡Toma del
frasco, Carrasco, que diga toma del frasco, Joan! ¡Y tú con esos pelos!
Las palabras finales del
portavoz acaban retratándole y retratando los tentáculos del Régimen: “más del
80 por ciento del personal de los entes instrumentales está dedicado a los
servicios públicos de primera necesidad”. Más aún cuando considera “como «plazo
razonable» para concluir el proceso, el final de la legislatura” y al afirmar,
además, que “hay que analizar cuáles son los entes instrumentales, de qué
personal disponen, cuál es necesario y de cuál se puede prescindir, ya que no
es un proceso fácil porque afecta a personas”.
Al menos no se le puede
tachar de oscurantista, de trolero ni de cuentista. Lo dice bien clarito:
desconocen el número de entes, de qué personal disponen, si son necesarios o no
y, en su caso, si son prescindibles; pero, sobretodo, que es un proceso que
atañe a personas y, lo que es más importante, a “su” poliédrico prójimo, ese
que a buen seguro jamás generará una “deuda ilegítima”.
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