De la elaboración de las leyes y de los decretazos de matute

13/04/16. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

“En su denodado y común afán de convertir en general lo particular, en ley lo excepcional, PSOE-A y Ciudadanos acordaron hace un par de semanas eliminar -exclusivamente para los ayuntamientos- los requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza”

“Si la cuestión no fuera delictuosa ya de por sí, lo auténticamente perverso va más allá: proyectaron, aprovechando que ‘el Guadalquivir pasa por San Telmo’, colar de rondón en la administración pública a compinches y acólitos del cuarentón régimen andaluz a costa de otro sablazo a los funcionarios como el que (¡aviso a navegantes!) ya se está cociendo”

El capítulo segundo del Título III de nuestra Constitución (“De la elaboración de las leyes”), desarrolla en doce artículos, los que van del 81 al 92, el marco para la elaboración de las normas con rango de ley en España. Paralelamente, el capítulo impar del título único “del desahogo y de la desvergüenza”, deja en manos de la impudicia y de la procacidad la iniciativa para burlarlas.

En este diario se viene criticando de forma contumaz -y siempre resultará insuficiente- las enormes prerrogativas de los gobiernos (incluidos los autonómicos) en el abuso no ya del decreto-ley, sino de su casi exclusiva iniciativa legislativa, a través de proyectos de ley, en detrimento de las proposiciones que corresponden a los grupos parlamentarios, convirtiendo lo que debieran ser nítidas fronteras de la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, en espacios cada vez más difusos e imprecisos.

Así, especialmente, se ha cargado contra el gobierno estatal en la última legislatura por su abuso del decreto-ley, y se ha llevado a cabo sobre un ejecutivo respaldado por una mayoría absoluta aplastante que le permitía convalidar sin sobresaltos, en el mes siguiente en el Congreso, cada una de sus decisiones. Todo lo contrario ocurre en Andalucía: su sempiterno gobierno, bien con mayoría suficiente, bien respaldado por comunistas, o recostado en Ciudadanos, como ahora, viene tirando de decreto-ley a su antojo, como si siempre dispusiera del respaldo general de las Cinco Llagas, en este caso sin aparente alboroto de los altavoces mediáticos.

De vez en cuando, cierto es, se lleva una sorpresa inesperada, como la ocurrida la pasada semana con la no convalidación del Decreto-ley 1/2016 que pretendía la funcionarización encubierta de 1.500 desocupados del SAE, alterando para ello la Ley 2/2015, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, lo que sería algo así como modificar la Ley de Energía Nuclear para optimizar la polinización en las explotaciones apícolas. De ahí las caritas de estapresidenta y de estevicepresidente pese a la entrega total de los ciudadanitas que, mastuerzos y desorientados por lo que después diré, acabaron quebrantando su apoyo.

En su denodado y común afán de convertir en general lo particular, en ley lo excepcional, PSOE-A y Ciudadanos acordaron hace un par de semanas eliminar -exclusivamente para los ayuntamientos- los requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+.

La pésima situación financiera de multitud de entes locales, con deudas consolidadas con Hacienda y con la Seguridad Social, les impide legalmente acogerse a esos programas. Por ese motivo, el dúo “Porque yo lo valgo” acordó excepcionarles de tales requisitos legales, contraviniendo la ley básica de subvenciones del Estado. Para ello nada mejor que derogar manu militari los artículos que, en cumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, se recogían (se siguen recogiendo, tras el no a su convalidación) en la normativa autonómica que desarrolla los citados planes de empleo.

No solo eso: además, la norma rechazada por el Parlamento andaluz derogaba -únicamente también para los ayuntamientos- la actual normativa que impide concederles subvenciones a los que hayan sido condenados por despido improcedente o nulo, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias, condena que, según la exposición de motivos, ha recaído sobre buena parte de nuestros consistorios.

Si la cuestión no fuera delictuosa ya de por sí (otorgar subvenciones eximiendo a lo incumplidores de obediencia a la ley), lo auténticamente perverso va más allá: el Gobierno andaluz y su cooperador necesario proyectaron, mediante una disposición adicional y aprovechando que “el Guadalquivir pasa por San Telmo”, colar de matute -delimitando además sus funciones y concretándolas en tareas administrativas reservadas a funcionarios- a los más de 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, desde hace tiempo, vienen cobrando sin faenar, curiosamente sin que se haya producido una manifestación en demanda de carga de trabajo, como los sindicalistas de astilleros nos querían hacer creer no hace tanto. Se trata de varios colectivos que fueron readmitidos tras sentencias -aplaudidas, aclamadas, por todas las partes del litigio- que anulaban su despido, la mayoría procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) que se integró en el SAE a través de la “ley del enchufismo” y cuya irregular gestión, en el caso de los cursos de formación, continúa investigándose en los tribunales.

Resulta ahora evidente que solo el portazo podemita, en las mismas narices, a Pdr Snchz de la pasada semana en Madrid y que puso en marcha el cronómetro para una nueva convocatoria electoral, obligó a Albert Rivera (Juan Marín no existe) a dar marcha atrás, en clave electoral, al acuerdo previamente alcanzado en Andalucía. Y ello, no “para dar trabajo a un colectivo que no lo tiene” como farfullaban, sino para colar de rondón en la administración pública a compinches y acólitos del cuarentón régimen andaluz a costa, naturalmente, de otro sablazo a los funcionarios y empleados públicos como el que (¡aviso a navegantes!) ya se está cociendo.