Empresarios del Régimen

13/05/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal

El pasado miércoles, Salvador Navarro, con su artículo “Empresariado socialista” ya anticipaba en este diario su parecer sobre los emprendedores españoles en general y los andaluces, en particular. ¡Sálvese quién pueda!

La ausencia de la siempre incómoda competencia y la presencia impertérrita, en un mercado que pretende ser libre, de una administración pública dadivosa y facilona con los patrones indolentes, son a su entender -y al de la mayoría de los analistas- las notas que los retratan, y como ejemplo flagrante de ese entreguismo arrastrado a la altura del felpudo colocaba a Miguel Rus, presidente de  la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (GAESCO), que a finales del pasado mes se despachaba a gusto contra el Partido Popular en unas jornadas por él organizadas a mayor gloria del PSOE Andaluz y del candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, al que calificó -al parecer, antes del cóctel- como “un gran candidato, con condiciones envidiables para ser alcalde”.

Entre la ristra de elogios destacó “el aval del trabajo ya realizado al frente de la Consejería de Vivienda entre 2008 y 2010, una etapa en la que se lograron cosas importantes”, sin dejar de pasar por alto “las numerosas virtudes personales” del que describió como “diligente y formado en el esfuerzo”. Para concluir: “Desde el conocimiento de tantas batallas juntos, en muchas reuniones leales de trabajo, se trata del consejero que más ha hecho por nosotros en menos tiempo y al que hay que desearle suerte en sus aspiraciones por el bien de Sevilla y de la sociedad sevillana en general”.

Recientemente tuvimos la ocasión de referirnos a la citada organización para dar a conocer que GAESCO, el pasado año, presentó ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una denuncia penal contra la Junta de Andalucía, en la que solicitaba que se investigara el destino dado por la administración a los 11 millones de euros de deuda que la Junta de Andalucía mantenía con catorce empresas promotoras que se acogieron a las subvenciones para la construcción de vivienda protegida correspondientes al Plan de la Vivienda 2008-2012. La denuncia fue presentada a bombo y platillo en todos los medios de comunicación.

La misma se basó en la constatación por su parte de que la Junta no sólo no les había liquidado, dos años después de su vencimiento, la parte de subvención que le correspondía, sino que, capciosamente, les estaba reteniendo la aportación correspondiente al Ministerio de Fomento de estas subvenciones finalistas. GAESCO aseguraba entonces:

“Ante la pasividad de los distintos estamentos reclamados de la Junta de Andalucía y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago, nos vemos obligados a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos y/o gestión fraudulenta de subvenciones”.

“Los precios de las viviendas, por debajo de coste, solo son posibles gracias a las subvenciones, que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras -muchas de ellas, pequeños negocios familiares- en situación de estrangulamiento financiero y próximo a la quiebra”.

El sector reprochaba a la Junta de Andalucía que no hubiera aprovechado los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para “sacar las deudas de los cajones” y saldarlas para “no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un importante sector generador de mano de obra y puestos de trabajo”.

Las organizaciones denunciantes advirtieron que estos impagos por parte del ejecutivo autonómico en el sector de la construcción “son una de las causas más señaladas de la destrucción de nuestro tejido productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma, más de un millón de parados, de los que más de un 15 por ciento (155.046 a finales de 2013) son de este sector”.

Los denunciantes afirmaban entonces que los casos llevados ante la Fiscalía, por valor de 11 millones de euros, eran sólo algunos a los que habían tenido acceso, “pero ni mucho menos los únicos, ya que se calcula la existencia de expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros”.

Transcurridos 15 meses, de la denuncia y, por tanto, de la investigación de la Fiscalía, nunca más se supo. En la prensa, el inicial escándalo ha quedado relegado al más absoluto de los silencios.

¿Qué ha pasado? ¿Chi lo sa? Nadie, aunque cualquiera puede imaginarlo: el maná en forma de millones de euros -¿crisis, qué crisis?- ha debido diluviar copiosamente sobre estos “emprendedores” andaluces que, con la misma vehemencia que antes reclamaban lo suyo Ley de Enjuiciamiento Criminal en ristre, se deshacen ahora en grotescas loas y babosos panegíricos a los mismos que llevaron ante la Justicia.

La Junta colabora con quien colabora... ya lo decía la grabación de Mercasevilla. Hoy por ti, mañana por mí.