15/04/15. Mi colaboración de
ayer en El
Demócrata Liberal
- “Buenas tardes, si me atiende diez minutos le haré una oferta que no podrá rechazar”.
¿Qué harían ustedes si se le presenta en casa, a eso de la
sobremesa, un ciudadano que le promete el oro y el moro (con perdón), en lo que
parece un claro ejemplo -otro- del timo del tocomocho?
- “Verá, le propongo renovar los cierres y ventanas de su
casa con la mejor cristalería y carpintería de PVC del momento, lo que le
supondrá un ahorro energético superior al 70 % y pagando sólo el 30 % de su
coste?
¿Qué hago, lo despido amablemente con buenas palabras, o lo
escucho con interés a ver la forma que tengo de pillarlo mientras doy aviso a
la policía?
Cual “quijote”, soslayando el fastidio de la hora, opto por lo
segundo y, ¡oh, sorpresa!, cuando el índice de mi mano derecha se mostraba
presto y dispuesto a marcar el 091, se me descubre fehacientemente que de timo
nada, al menos en lo que a mí respecta (de momento, como al final aclararé).
- “Mire, la Resolución de 6 de febrero de
2015, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, ha abierto
el plazo para presentar solicitudes correspondientes a la convocatoria de 2015
de los incentivos acogidos al Decreto-ley 1/2014, para fomentar la
construcción sostenible”.
¡Mandeee! Efectivamente, me voy directo al BOJA y
leo estupefacto y “entre arcadas” el punto sexto: “El objeto de la presente
resolución es lograr un mayor impacto y optimización de los créditos
actualmente disponibles, extendiendo los beneficios de los incentivos a un
mayor número de personas y entidades beneficiarias, así como de empresas
colaboradoras. Para conseguir dicho objetivo, se requiere que las
actuaciones incentivables sean de importe inferior a 18.000 euros, IVA
excluido, dado que estas actuaciones, por su importe y características, se
tramitan por un procedimiento muy simplificado...”.
¡Y tan simplificado! Dice el Decreto-ley (¿por qué no una
simple Orden?) de referencia: “El procedimiento de concesión de incentivos
se iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada, y se tramitará y
resolverá en régimen de concurrencia no competitiva por orden cronológico de
entrada en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, en atención a la mera concurrencia de una determinada
situación en la persona o entidad perceptora, sin que sea necesario
establecer la comparación de solicitudes ni otra prelación entre las mismas
(...) El pago del incentivo se hará por cesión del derecho de cobro a la
empresa colaboradora a través del formulario de representación establecido
en el Anexo III.
¡Que sí, que sí, que esa
es la fórmula; que sí, que sí, que eso dice literalmente!, además
de otras disposiciones que merecerían no menos de media docena de tesinas sobre
“la bochornosa huida del Derecho Administrativo”.
Llegaba pues el momento de atender a la razón (la oportunidad
de renovar los ventanales a un precio cuasi simbólico), o a la conciencia (¿por
qué yo, y en las mismas condiciones que un representante de la Casa de Alba o
que otra persona con mayores necesidades?), o a ambas (¿qué tengo que perder?).
Y tras unos minutos de insensata vacilación, aunque no iba a depender de mí
sino de la pericia con los navegadores de Internet de mi “empresa colaboradora”,
opté por lo que parece racional e irrechazable: ¡me lo quedo!, o mejor
¡apúntame!
Coincidente con mi atinada decisión y a resultas de la de
depurada técnica de mi “contratista a la fuerza” con el Chrome en
detrimento del Firefox, o del Explorer en menoscabo del primero -genio
grabador de presupuestos en el sistema- se ha sabido que en solo ocho horas se
repartieron los casi 75 millones de euros del fondo para 14.500 proyectos que “ayudarán a fomentar la construcción
sostenible en la Comunidad”.
Como dije antes, al menos de momento nada de fraude en lo que a
mí directamente concierne, otra cosa será el juicio del resto de ciudadanos que,
cortés y solícitamente, seguro que también inconscientemente, van a colaborar
conmigo y con otros 14.999 andaluces a hacernos la vida más llevadera,
aportando el 70 % de cada uno de los proyectos. Todo ello dando por hecho que
la actuación llegue a feliz término porque me resisto a creer que en algunos
casos no haya desagradables sorpresas: primero, con una subvención que me
conceden a mí pero que no controlo en momento alguno, ni en su fase inicial de
petición, ni en la de admisión, ni en la de resolución, ni por supuesto en la
de justificación; segundo, con una “empresa colaboradora” a la que ya he
liquidado por adelantado el 30 % del total de la obra y de la que desconozco su
capacidad de cumplimiento inmediato; y tercero, todo ello en las nada garantes
manos de una empresa pública carente de potestad para la tramitación de
subvenciones.
P.S.-
Decía ABC de Sevilla el
pasado 12
de febrero:
Cómo se controlan las ayudas
m. m.
Explica
la Junta de Andalucía que, una vez otorgado el dinero a los solicitantes que
antes llegaron a pedirlo, ahora deben presentar tres documentos que acrediten
estar al tanto con la Hacienda estatal, con la autonómica y con la Seguridad
Social. Una vez ejecutada la obra -colocado el toldo, cambiados los
cerramientos de la casa, aislada la fachada...-, hay que mandar una memoria en
la que se recojan las características de la intervención, que se ajusten a lo
que se pidió. ¿Quién comprueba que el documento presentado es cierto y no solo
un papel que firma el mismo albañil que cobra por hacer la obra? «Tenemos unos
inspectores que hacen revisiones aleatorias», aclaran desde la consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Sin embargo es un misterio cuántos
inspectores hay o cuántas de las 14.500 obras se supervisarán. «No tenemos
inspectores en plantilla, se contratan sobre la marcha», explican.
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