16/12/24. Mi colaboración de
ayer en Sevillainfo
Decía entonces en mi delirio [hace ya trece meses] que, a medio plazo, algunas de sus canalladas acabarían siendo juzgadas en el Tribunal Supremo por el procedimiento del artículo 102 de la Constitución Española. Hoy, cambio el discurso radicalmente: este pájaro nunca será juzgado
Al margen de la comparecencia de Ávalos ante el Tribunal Supremo del pasado jueves, en el plano mediático lo más llamativo de la pasada semana ha sido, sin duda, la disparatada petición de Puigdmont a la Cámara Baja: “sabemos que una cuestión de confianza solo la puede pedir él, pero Juntos por Cataluña quiere hablarlo en el Congreso… y que sea éste el que diga si el del gobierno español se tiene que someter o no a una cuestión de confianza o, si por el contrario, hay una mayoría que le mantiene intacta la confianza”.
Mientras tanto, Noguera
espetaba a Sánchez con un sonoro “moguin el cul” y confundiendo el culo con las témporas -sospechamos
que por desconocimiento de la semántica y sabedor de que el inquilino de La
Moncloa le dará bastante más de lo que le pida- el escassament
honorable
afirmaba equívocamente que la cuestión de confianza solo la puede
“pedir” el presidente.
Para desmentirle,
basta echar un vistazo al artículo 112
de la Constitución Española (“el Presidente del Gobierno, previa
deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza
sobre su programa o sobre una declaración de política general”) y a los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso (“…/… se
presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la
correspondiente certificación del Consejo de Ministros …/… la confianza se entenderá otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”).
Aunque el
exministro Campos anunciara, cuando aún estaba al frente de la cartera de
Justicia, que “España está, de hecho, en
un periodo constituyente”, aunque haya tensado hasta hacerlos
irreconocibles los resortes de todos los poderes, aunque el desafío a la Corona
haya traspasado todos los límites, aunque se muestre incapaz de sacar adelante
unos presupuestos… el sátrapa monclovita,
que se considera víctima de un poder omnímodo, se permite afirmar que el PP
juega con cartas marcadas en materia judicial.
Al tiempo, la
periodista Ketty Garat, muy bien informada en círculos de La Moncloa y de
Ferraz, afirmaba ser conocedora de cuatro noticias que (en forma de bomba de
racimo) afectan a Sánchez y que cada una de ellas sería suficiente para que
presentara su dimisión y, a continuación, fuera juzgado. En respuesta a todo
ello, el aprendiz de Bolívar vuelve a pasear su comodín preferido: ¡Franco, Franco, Franco…!
Con la Constitución
en la mano, nombrar a un Presidente del Gobierno sin mayoría en el Congreso es
complicado (ya se vieron y vivieron los problemas que supusieron sus
investiduras) pero cesarlo se antoja imposible (ahí sigue y seguirá aún sin
pacto de legislatura). ¿Imaginan al PNV o a JPC apoyando, junto a VOX, la
moción de censura con la que oníricamente fantasea Feijoo?
Hace poco más de un
año publiqué, con absoluto respeto a las leyes procesales, también con asombro
y denodado optimismo, “Así será el proceso
criminal contra Sánchez”, un recorrido por todas y cada una de las
instancias que, muy probablemente, desembocarían en su merecida condena. Trece
meses después y conociendo al dedillo al histrión de La Moncloa, la práctica vuelve
a imponerse a la teoría.
Decía entonces en
mi delirio que, a medio plazo,
algunas de sus canalladas acabarían siendo juzgadas en el Tribunal Supremo por
el procedimiento del artículo 102 de la Constitución Española. Hoy, cambio el
discurso radicalmente: este pájaro nunca será juzgado, sencillamente
porque no reconocerá la legitimidad de los tribunales, porque para él la ley solo es papel mojado y por otras
causas más o menos revelables: el artículo 20 de nuestro Código Penal establece en siete
puntos las exenciones de responsabilidad criminal y quién les asegura a ustedes
que en breve no se culmine un añadido al texto, más o menos en estos términos: “Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal: …/… 8. Pedro Sánchez y toda su parentela”.
A los que aún piensen,
con todo fundamento, que lo dicho es un exceso o una extravagancia y sueñen aún
con ese momento en que el Tribunal Supremo notifique el correspondiente
suplicatorio a las Cortes para emprender el procedimiento contra él,
prevenirles que el artículo 13 del Reglamento del Congreso señala que, recibido un
suplicatorio, el Presidente, previo acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá,
en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados que
deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta para, finalmente,
someter la cuestión, debidamente documentada, al primer Pleno ordinario de la
Cámara. Por su parte, el 14 establece que, en el plazo de ocho días, contados a
partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, el Presidente
del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de
la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y
afecten personalmente al diputado en cuestión. Para colmo, y para certificar
más la impunidad, el suplicatorio se
entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de
sesenta días naturales.
Sería un escándalo,
otro, pero la cámara baja actual, o las que puedan conformarse a medio plazo,
no concederán el suplicatorio del mejor interlocutor que tienen para seguir
avanzando en la destrucción del Estado. Ya hay antecedentes: contrariamente a
lo que pueda pensarse, el Congreso de los
Diputados no ha aprobado la totalidad de suplicatorios presentados, un total de
59. El último rechazado se remonta a 1988, cuando el Congreso de los
Diputados denegó la
petición interpuesta contra el entonces ministro del Interior, Barrionuevo.
Mientras
nos disponemos a las fiestas navideñas, el comienzo de la dictadura anunciada
por Ayuso sigue asentando sus indelebles pasos en el discurrir del día a día:
Sánchez, el inimputable.
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