16/09/24. Mi colaboración de
ayer en Sevillainfo
Mayor desvergüenza aún merece esta “herramienta jurídica”
[ley ómnibus] mediante la cual se obliga a sus señorías a elegir entre “susto y
muerte”, votando necesariamente a favor de medidas en muchos casos no deseadas,
al tiempo que se opta por otras más anheladas, poniendo al ras del suelo los más
primarios principios democráticos
Se ha pasado casi de puntillas en los medios de información
generalistas sobre el Informe del Estado de derecho 2024, publicado el pasado
viernes por la Fundación Hay Derecho
al frente de la cual su directora general, Safira Cantos, encabeza un equipo de
siete mujeres y cuatro hombres comprometido
con el cambio a partir del rigor de sus investigaciones e
informes con el único fin de exigir mejoras y, sin quedarse en el intento,
luchar por ellas.
Son cinco los bloques en los que ha resumido su
investigación: Poder Judicial, Poder Legislativo, Contrapesos Institucionales,
Derechos Humanos y Corrupción. Dada su extensión, resumimos hoy sus
conclusiones y las necesarias mejoras que pregonan para los dos primeros,
dejando para una próxima entrega los tres restantes. Resaltaré en cursiva mis propias y no necesariamente prudentes conclusiones.
Poder Judicial:
Despunta, en primer lugar, el alivio que ha supuesto la
renovación del CGPJ, tras cinco años de bloqueo institucional que ha dejado a
fecha de enero de 2024, entre otras cosas, más de 46.000 asuntos pendientes en
el Tribunal Supremo y un 30% de plazas vacantes de dicho órgano. Al tiempo,
valora positivamente el acuerdo alcanzado por PP y PSOE que viene a desengrasar las puertas giratorias
entre los salones de la justicia y de la política, el refuerzo del régimen de
incompatibilidades y los mayores requisitos de experiencia para alcanzar plaza
de magistrado en el Tribunal Supremo. La
mejor regulación para las puertas giratorias sería aquella que acabara
definitivamente con ellas o, al menos impidiera de forma definitiva la vuelta
al poder judicial de los que dieran ese trascendente paso.
Destaca, asimismo, la insuficiencia de jueces en España, que
se ha convertido en el quinto país con menos magistrados por habitante (12 por
cada 100.000 habitantes frente a la media de la tasa europea, 22). Casi la
mitad, que se dice bien pronto. Su estudio, coincidente con el del CGPJ, estima
la necesidad de 350 nuevos jueces al año durante la próxima década, pero el
acuerdo de los partidos mayoritarios solo ha previsto la creación de 200 plazas
anuales para el próximo lustro. Destacan, muy por encima de la media, Croacia,
Eslovenia y Grecia, quedando solo por debajo de España, Irlanda, Dinamarca y
Malta; también Francia, con una tasa muy parecida a España; e Italia,
ligeramente por encima. Mucho debe tener
de culpa la asunción por la España afrancesada de los códigos decimonónicos:
Código Civil, Código Penal, Reforma Hipotecaria, Código Mercantil…
Sin embargo el gasto en justicia en España, a pesar de su
esfuerzo en inversión, deviene totalmente ineficiente. Ese aumento ha venido, principalmente, de la mano de las comunidades
autónomas que han asumido las competencias en materia de justicia. Concretamente
en Andalucía, las recogidas en el capítulo III del título V del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, que suponen un importantísimo gasto en medios personales y
materiales.
Todo ello sin olvidar, en el apartado negativo, la
desconfianza de los ciudadanos en la Justicia, así como un liderazgo de las
mujeres en el acceso a la carrera judicial que no le sirve para copar los altos
puestos (en la última convocatoria, 96 mujeres accedieron a la carrera judicial, frente a
42 hombres; sin embargo, su presencia en la cúpula judicial no llega al
25%). Propone como mejora establecer un
sistema objetivo, transparente y meritocrático para los principales
nombramientos en la carrera judicial y fiscal.
Por su
parte, la politización del Ministerio Fiscal sigue
sin visos de mejora y se intensifican las preocupaciones no solo sobre su independencia, sino
también sobre su funcionamiento interno que da lugar a un enorme margen para la
discrecionalidad e, incluso, para la arbitrariedad. Propone para su solución reforzar
la autonomía del fiscal general del Estado, desvinculando su mandato del
Gobierno, estableciendo criterios objetivos para sus nombramientos
discrecionales y un sistema de contrapesos internos que permita proteger a los
fiscales que discrepen de sus jefes. En
los próximos tiempos comprobaremos cómo, por vez primera, resulta imputado el propio fiscal general del Estado y, lo que es peor, aquí no pasará nada.
Poder Legislativo:
En este apartado, nada nuevo y desconocido, pero con un
resultado aterrador: “El 27% de las normas aprobadas en 2022 fueron
decretos leyes. Esa cifra aumentó hasta el 32% en 2023, confirmando
el abuso que se hace de esta figura, con el consiguiente menoscabo de la
función legislativa del Parlamento y el inevitable deterioro del proceso
parlamentario deliberativo”, pero es que -atención- “ningún decreto-ley de todos los tramitados como proyecto de ley en 2022 y
2023 ha terminado siendo aprobado como ley”. La extrema dependencia parlamentaria que,
gozosamente, soporta este gobierno queda una vez más en evidencia, aunque al
prócer poco le importe: “gobernaré con o sin la ayuda del poder legislativo”.
También continúan proliferando los
llamados decretos-leyes ómnibus (siete de 20, en 2022 y cinco de ocho, en
2023) a través de los cuales el Congreso se ve forzado a votar en bloque sobre
materias muy dispares. Mayor desvergüenza
aún merece esta “herramienta jurídica” mediante la cual se obliga a sus
señorías a elegir entre “susto y muerte”, votando necesariamente a favor de
medidas en muchos casos no deseadas, al tiempo que se opta por otras más anheladas,
poniendo al ras del suelo los más primarios principios democráticos.
Demoledor es cuanto se dice en lo relativo a los
proyectos de ley encubiertos: Y es que “las proposiciones de ley permiten eludir los trámites propios de un proyecto de
ley, siendo una herramienta pensada por el legislador para
iniciativas legislativas de los partidos en la oposición. El Gobierno cuenta
con una forma ordinaria para elaborar nuevas leyes: el anteproyecto de ley que
es la vía más garantista”. Pues bien, “en 2022, un total de 21
proposiciones de ley (sobre 96) provinieron de los grupos
parlamentarios mayoritarios que conformaban el Gobierno. En 2023, la cifra
asciende a 18 de 95 proposiciones de ley”. Como caso flagrante, recordemos
que la reciente Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la
normalización institucional, política y social en Cataluña, fue tramitada
como proposición de ley por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz en
el Congreso resulta ser el inefable Paquito López, que, tras negociación
partidista y partidaria en Suiza entre Puigdemont y el enviado de Sánchez,
conoció su contenido un minuto antes de presentarla en el registro de la Cámara
Baja.
Las mejoras que se proponen para el Poder Legislativo, en
absoluto gravosas, son claras y fáciles de llevar a cabo con el fin de reforzar
su independencia, ahora más amenazada que nunca. Destaco en negrita las que
resultan más imperiosas:
• Reformar los Reglamentos de las Cámaras para
promover un procedimiento legislativo más participativo y más garantista, incluyendo audiencias de expertos y la
posibilidad de requerir informes a órganos consultivos.
• Establecer mecanismos para impedir la congelación 'sine die' de proyectos
legislativos vía prórrogas abusivas de
los trámites de enmiendas.
• Dotar a las minorías parlamentarias de instrumentos eficaces para su labor de
información y fiscalización al Gobierno.
• Limitar
el uso de decretos-leyes a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
• Evitar los «decretos-leyes ómnibus» asegurando que cada uno regule materias
con conexión sustantiva.
• Evitar las proposiciones de ley por
parte de los partidos del Gobierno.
• Cumplir con las previsiones de los Planes
Anuales Normativos del Gobierno.
• Asegurar que el Gobierno presente el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado dos meses antes de que finalice
el ejercicio en curso.
En la siguiente entrega: Contrapesos
Institucionales, Derechos Humanos y Corrupción.
