120719. Nuestros hijos de puta (con perdón)

 

Como ya se dijo, a los siete años en el dique seco en lo que en RRSS a mí respecta, se unió un lustro de colaboraciones muy esporádicas en otros medios y espacios tales como Letra Cursiva, El Tercer Lado, esRadio o Columnas Blancas, que iré recordando en este reaperturado espacio, poco a poco. Algunas parecerán nostálgicas, otras se antojarán imposibles a la luz de los acontecimientos vividos en España y, especialmente, en Andalucía en los últimos cinco años… Continuamos con las colaboraciones en El Tercer Lado, asociación de funcionarios de la Junta de Andalucía que presidí y un asunto “siempre de actualidad” para los medios subvencionados: Nuestros hijos de puta (con perdón) publicado el 19 de julio de 2012, en colaboración con mi compañero Luis Escribano (13 de 21)

Se cuenta que el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo de Somoza (también Kissinger de Pinochet o, más recientemente, la diplomacia occidental respecto de Muammar Al-Gaddafi): “Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Definitivamente, el sectarismo instalado en nuestra sociedad sirve ahora más que nunca para reprochar las decisiones “de los otros” y elogiar las habilidades “de los míos”.

Viene a cuento esta reflexión en torno al histórico expolio y recortes de derechos económicos y sociales que venimos padeciendo los empleados públicos desde mayo de 2010 (a manos de Zapatero y Griñán) al julio actual en el que, sustituido el primero por Rajoy y añadido al segundo el apéndice de Valderas, resulta fácil convenir que los protagonistas de la embestida son los que son y los sujetos pasivos de sus decisiones los mismos de siempre.

La clase política, sin contemplar el interés general de la Nación, se pierde en peleas barriobajeras sobre quién recorta más, y con “más gracia” o “tira” de más demagogia, resumiéndose la discusión en un “¡y tú más... !” que sólo deja traslucir la escasez de ideas, su ayuno instructivo y su más que proverbial insuficiente erudición. Así:

- Quebrantando su programa de “no recorte”, y con el único fin de mantener su elefantiásica administración paralela, el Decreto-Ley 1/2012 del Gobierno de la Junta de Andalucía, publicado hace menos de un mes, disponía -en materia de personal del sector público (para el presente ejercicio y el próximo 2013 al menos) y tras una primera “marcha atrás” sin consecuencias del líder de IUCA- el saqueo de las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre, lo que nos supone entre un 5 y un 7% de los haberes anuales; reducción del 10% del complemento de productividad, recortazo del complemento por incapacidad transitoria; reducción del 10% de jornada y retribuciones del personal interino; aumento de la jornada semanal en dos horas y media sin incremento retributivo alguno, estableciendo un nuevo régimen horario; colorista reducción de los permisos y días de vacaciones; suspensión de las ofertas de empleo público, de la jubilación anticipada del personal laboral, de las ayudas de acción social, de los premios de permanencia, fidelidad y jubilación, etc., incluidas las resoluciones ya concedidas y no liquidadas. Ahora bien, a decir de los rectores autonómicos, tales medidas sólo obedecían a “forzosas imposiciones del Gobierno de Madrid”.

- Por su parte, contrariando su compromiso electoral, el Real Decreto-Ley 20/2012 del Gobierno del Estado, convalidado hoy en el Congreso, en lo referente a la reordenación de las Administraciones Públicas, obliga a un nuevo régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias y de prestaciones compensatorias -que habría que comenzar por alabar- para, a continuación, “meternos la mano” en el bolsillo a través de la supresión de la “paga de Navidad de 2012”, lo que supone entre un 6 y un 7% de nuestros haberes anuales. En esta ocasión la ira no sólo se descarga sobre los “malvados” funcionarios ya que la medida afecta también a todo el personal del artículo 22 de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado y, por ende, de todas las Administraciones y Organismos de ellas dependientes, así como de las sociedades mercantiles públicas y del resto de entidades públicas empresariales. De ahí la gran movida generada. Si los damnificados solamente fueran “esos funcionarios vagos e irresponsables de toda la vida” (imagen a la que todos hemos contribuido por no “haberle roto a tiempo los piños” al graciosillo de turno cuando contaba sus chistes), la movilización sería nimia si no inexistente. Ahora bien, “¿qué boda sin la tía Juana?”: nuestro cinturón sigue siendo el único que admite nuevos agujeros cada vez más cercanos a la hebilla y, para ello, nada mejor que reducirnos a la mínima expresión el régimen de permisos, de vacaciones y de prestaciones por incapacidad temporal.

Y es aquí cuando “la casta” saca a relucir sus más “brillantes” armas, por ejemplo en boca del ni-ni Jiménez cuando, sin ruborizarse, exclama: “¡No vamos a consentir un doble castigo a los empleados públicos andaluces, por ello retiraremos nuestro plan!”.

De esta forma, los mismos que hasta hace cinco días se regodeaban de la puñalada trapera a los funcionarios -eso sí, “impuesto por Madrid” decían con tono circunspecto- se erigen ahora en sus defensores. Vamos a ver, “miarma”: si el Gobierno de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) “vendió” públicamente, para saquearnos y aplicarnos una larga ristra de medidas restrictivas, que era el gobierno de Rajoy (PP) el que les obligaba a tal desmán, a una persona medianamente inteligente no debiera caberle duda de que el timo de la estampita de la nueva “marcha atrás” que ahora se anuncia sólo ha podido ser porque Rajoy ha devenido en arcángel y les “ha levantado” la obligación.

Y se trata de un nuevo timo de la estampita porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al parecer, presentará la próxima semana un nuevo decreto-ley que dejará "sin efecto" la aplicación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 del 1/2012, lo que sin duda supone una exigua parte de su salvaje plan de ajuste: la relativa a la eliminación de la paga adicional de julio -y quizá de diciembre, ya veremos- a los (y a “sus”) empleados públicos, según ha avanzado el portavoz del Ejecutivo andaluz.

Además, deberán explicar de dónde van a sacar ahora los 777 millones de euros a los que se han comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Forzosamente, siete lustros después y a la vista de la situación, hay que poner en su justo valor -¿se imaginan a los actuales?- la inmolación de los diputados a Cortes franquistas cuando se hicieron el harakiri, acabaron con el régimen, renunciaron a sus prebendas y dieron a luz una Constitución que, a estas alturas, ha mostrado su incapacidad, tanto política como económica, para asumir los designios de su título VIII. Parece llegado el momento (aún puede y debe impedirse) de certificar la absoluta ausencia de grandeza de nuestros dirigentes entretenidos en sus cuitas partitocráticas, ignorantes o -lo que es peor- conocedores de la gravísima situación que atravesamos: La crisis financiera mundial aliñada con las políticas de despilfarro e irresponsabilidad -¡sálvese quién pueda!- (papeles para todos, planes E, aeropuertos sin aviones, cajas de ahorro gestionadas por políticos y sindicalistas aficionados al Monopoly, corrupción al por mayor y al detal, “sistema financiero de Champions League”, “Renta Per Capita superior a Italia”, “Francia sintiendo nuestro aliento en el cogote”... ) han dado lugar a una deuda cercana a nuestro PIB, al billón de euros, la mitad generada en los últimos cuatro años, lo que supone un pago de 30.000 millones (casi 100 diarios) sólo de intereses.

La bancarrota llegó hace tiempo, la intervención ya venimos sufriéndola y el rescate está al caer. En sus manos está evitarlo: dígannos la verdad, gobierno y oposición, los que no cumplen su programa por motivos evidentes de una herencia envenenada -pero aceptada- y los que dejaron esto como un erial por circunstancias a estas alturas palmarias; cuéntennos la realidad, suscriban un pacto de estabilidad alrededor del modelo de responsabilidad que mostraron con la última modificación exprés de la Constitución o, por el contrario, refórmenla y reordenen de una vez por todas unas administraciones públicas insostenibles; no nos traten como incapaces, no imploramos su misericordia; pidan a todos un esfuerzo colectivo, sin engaños, realista; fijen un límite temporal y convénzanos de que el sacrificio dará los frutos perseguidos. En definitiva, con la escasa maniobra que les queda, eviten el rescate. Están a tiempo. Si no lo hacen los lamentos de hoy se convertirán en la antesala de los desgarradores gritos de terror de mañana “por la mañana”. Háganlo, si es preciso entre salvas de aplausos, “cueste lo que cueste y les cueste lo que les cueste”.

Y los demás: exijamos esa responsabilidad, desoigamos proclamas como las del principio y -ya tuvimos bastante con el ¡vivan las “caenas”!- resistámonos a afirmar fanática y sectariamente aquello de que “éste o aquél servidor público es un truhán, pero es nuestro truhán”.

Francisco Romero y Luis Escribano, presidente y vocal de la Asociación El Tercer Lado.